El jefe de la Unidad Regional 4 con asiento en Tartagal, de la que dependen las comisarías, subcomisarías y destacamentos de los departamentos San Martín y Rivadavia, no podrá acercarse al domicilio particular, al lugar de trabajo ni a los lugares a los que habitualmente concurre la agente de policía Yanina Gisela Gay, luego de la resolución dictada por la jueza de violencia de género del Distrito Judicial del Norte, Elba Susana Menéndez, en la causa que la joven le iniciara a su superior, el comisario general Juan Carlos Míguez, poracoso laboraly violencia de género.
El inédito fallo establece que Míguez "deberá abstenerse por sí o a través de sus subalternos de ejercer actos de violencia física, psíquica, proferir palabras agraviantes o desplegar conductas amenazantes en contra de la denunciante, quien reviste como agente en la comisaría N´ 41 deGeneral Mosconi".
Además, el fallo dispone que "se deberán adoptar las medidas que se estimen eficaces para la protección de la denunciante y hacerlo responsable al comisario general Míguez por los daños que su obrar pudiere ocasionar en el aspecto físico o psíquico de la agente Gay, en cuyo caso se ordenará compulsivamente el tratamiento terapéutico del denunciado, en caso de ausencia injustificada, y remitir los antecedentes a la Justicia Penal por el delito de desobediencia judicial previsto en el artículo 239 del Código Penal".

La denuncia formalizada

El fallo de la jueza Menéndez sienta un precedente importante puertas adentro de la fuerza, asediada en los últimos tiempos por hechos de corrupción, violencia laboral yacoso sexual. Se produce a casi dos meses de la denuncia de la agente Yanina Gay contra el jefe de la Unidad Regional 4, el comisario general Míguez, quien había dispuesto el traslado, luego la suspensión y otras sanciones contra la joven -madre de dos niños de corta edad-, quien se desempeña como operadora comunitaria en la comisaría 41 de Mosconi.
En base a un informe presentado por la sargento Claudia Romero, esposa de Sebastián Ortiz (un policía que está prófugo acusado por narcotráfico), Míguez decidió las sanciones que, de no mediar el fallo de la jueza Menéndez, podrían haber llegado hasta la baja de Gay de la fuerza provincial .
"Cuando los dirigentes barriales de Mosconi con los que trabajo fueron a pedirle explicaciones a Míguez, su respuesta fue que estábamos complotando contra la sargento Romero, esposa de (el narcopolicía prófugo) Ortiz, y que la sargento merecía toda su consideración porque estaba pasando un mal momento en su vida familiar, en referencia a una investigación de la Justicia Federal. Mi suerte estaba echada porque la titular de Asuntos Disciplinarios es la comisario mayor Fitcher, esposa del comisario general Míguez", dijo la agente.
Pero sus diferencias con jefes y suboficiales venían desde hacía varios meses. "Denuncié internamente a los policías que los dirigentes barriales de General Mosconi sindicaban como los responsables de proteger a los narcos. Los vecinos tienen miedo de denunciar porque no saben quién es quién dentro de la policía; como operadora comunitaria me gané su confianza y era yo el medio que utilizaban; yo elevaba los informes a mi superior Míguez pero nunca se tomaron medidas con los policías sospechados de corrupción".
La persecución laboral y las intimidaciones a Gay siguieron al punto que solicitó una licencia por tratamiento psiquiátrico. "Hace dos semanas me notificaron que comenzaría a percibir la mitad de mis haberes por haber hecho uso de toda la licencia que me correspondía; fui mamá hace un año y venía con un embarazo de riesgo, no obstante lo cual me obligaron a volver a trabajar", recordó.
Pero en su fallo, la jueza Susana Menéndez ordenó que "se garantice a la Sra. Gay el usufructo de las licencias médicas necesarias por maternidad que le fueran suspendidas en forma improcedente y de todas las que sean necesarias para reparar las consecuencias sufridas hasta su total recuperación física y psicológica". Ordenó, además, que "se le restituyan las sumas equivalentes a los días en que fuera suspendida".
"Yo llevaba los informes a Míguez. Nunca se tomaron medidas contra los policías sospechados. Cumpliendo y honrando el uniforme toqué intereses muy fuertes”.
Gay consideró que "a partir de este fallo habrá un antes y un después en la Policía, que en relación a nuestros derechos laborales, como las licencias, se rige por una resolución de 1977, en tiempos del proceso militar. Tuve miedo por mi seguridad y la de mi familia, porque cumpliendo mi tarea y honrando el uniforme de policía toqué intereses muy fuertes; pero con el apoyo de mi abogado, el Dr. Pablo Cardozo, que nunca quiso recibirme un centavo por honorarios; del comisario retirado Osvaldo Sosa, que hace años denuncia la corrupción policial, y de la fiscal interina, la doctora Lorena Martínez, creo que habrá más respeto por el policía honesto y por la mujer policía", consideró la joven oriunda de Coronel Cornejo.

También acoso sexual

Otra agente denunció a un comisario del Sistema de Emergencias 911, con jurisdicción en Tartagal y Mosconi, por acoso sexual y violencia de género.
“Mi compañera tiene vergüenza de hacer pública su situación porque siente que su esposo, que es oficial en la Policía, también quedará humillado. Este comisario, además de hacerle todo tipo de propuestas escabrosas le decía que era una inútil, que iba a trabajar con falta de aseo personal y otras expresiones para denigrarla”, explicó la agente Yanina Gay, en diálogo con El Tribuno.
A la denuncia formalizada por la agente del 911 se suma la de otra oficial de la División Criminalística, oriunda de Tartagal, quien sin llegar a la Justicia logró que otro comisario que presta servicios en el ámbito de la Unidad Regional 4 sea obligado por sus superiores a tomar todas las licencias que le adeudaban con el fin de evitar la difusión mediática del tema. Al parecer, la presión que sintió por su inconducta fue tal que el comisario en cuestión dejó Tartagal el fin de semana pasado.


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