A fines de abril un tribunal condenó a ocho 8 años de prisión al dueño de un perro pitbull que había dado muerte a un chico de dos años. El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de la ciudad de La Plata consideró que hubo homicidio simple con dolo eventual por parte del propietario. El niño jugaba en un auto abandonado cerca de su casa y el pitbull estaba atado a ese automóvil, sin bozal.
La fiscal sostuvo que se trató de un homicidio por dolo eventual, porque el dueño del can debió imaginarse la posibilidad de un ataque fatal, ya que era criador de canes de esa raza, de gran peligrosidad y por haberlo dejado sin bozal. Representarse el resultado y actuar sin que ello le importe, es el llamado dolo eventual. Dos jueces del tribunal se inclinaron por la condena solicitada mientras el tercer integrante votó en disidencia, considerando que se trataba de un mero homicidio culposo.
Dejando de lado sobre lo acertado o lo errado de esta sentencia en particular, dado que su texto completo los medios no lo comunicaron, provoca sin embargo reflexiones de peso vinculadas a la seguridad vial, al rol la justicia y a la sensación de impunidad que existe en este tema.
¿Qué hubiese ocurrido si en lugar de su perro el imputado hubiese dado muerte al pequeño, al atropellarlo con su automóvil mientras lo conducía a excesiva velocidad por ese lugar? Seguramente hubiera recibido una condena a prisión mucho menor y, además, de ejecución condicional. Su cumplimiento quedaría en suspenso aunque el resultado, un niño muerto, fuese idéntico.

La vara injusta

En Salta fallos del sistema judicial de la provincia muestran que usan esa vara injusta para medir las condenas en accidentes viales y que el sistema no ha evolucionado al mismo paso que el conocimiento que los conductores tienen hoy sobre los resultados que causan el alcohol, la velocidad excesiva o incumplir normas de seguridad vial. Los conductores lo saben y pueden imaginarse cabalmente el desenlace fatal. Y también saben de la impunidad.
El repaso de algunos fallos de los últimos años muestra que se repiten como letanías argumentaciones del siglo pasado.
Cuando ocurre la muerte de una persona, víctima de una conducción imprudente, de un automotor, el Código Penal establece para el conductor una pena de prisión de dos años como mínimo y una de cinco como máximo, además de otras sanciones accesorias. Esa condena puede quedar en suspenso, pero la ley penal no dice que esa deba ser la regla. Por el contrario, es solo una excepción que el juez puede aplicar si se dan determinadas circunstancias, pero con la obligación de fundarla de manera suficiente. Esta excepción regulada por el art. 26 del Código Penal, es facultad del juez y no, como equivocadamente se cree, un derecho del condenado. Dice esa norma: "En los casos de primera condena a pena de prisión que no exceda de tres años, será facultad de los tribunales disponer en el mismo pronunciamiento, que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. Esta decisión deberá ser fundada, bajo sanción de nulidad". Este texto está en vigencia desde 1922.
No obstante la claridad del texto, el sistema sancionatorio se ha consolidado con el tiempo en una posición inversa, que no solo es contraria a la ley sino que es una solución injusta en este siglo XXI, porque muchas circunstancias han cambiado radicalmente. El artículo 26 transcripto se promulgó en 1922, cuando en todo el país los vehículos automotores eran muy pocos, el conocimiento sobre seguridad vial casi inexistente y el número de víctimas resultaba bastante menor que la causadas por los ferrocarriles o los tranvías. No existía la mortal epidemia actual, primera causa de muerte en personas de 0 a 30 años.

Casos salteños

Ese estancamiento del sistema no se compadece con los conocimientos de los conductores de hoy sobre seguridad vial. Un joven con licencia para conducir, posee más saber sobre cuestiones de seguridad vial que un conductor profesional experimentado de 1922, cuando se sancionó el Código Penal vigente. Eso demuestra que las circunstancias van cambiando, pero el sistema no. No pretenden estás líneas promover la prisión de todo autor de homicidio en accidente vial, sólo quiere poner de resalto que existen casos reales en los que las circunstancias parecen indicar la necesidad de aplicar la condena de cumplimiento efectivo, porque así lo señalan aquellas circunstancias. Y ello comunicará a la sociedad que el sistema funciona y que no habrá impunidad para esos conductores.
En los siguientes ejemplos se intenta poner en foco no las conductas de los condenados en suspenso, sino cómo ha funcionado el sistema judicial, que es una de las patas de la seguridad vial. Las otras son las leyes de la materia y actividad de prevención del Poder Ejecutivo y de los municipios.
En 2014 se juzgaron varios casos: la muerte de un peatón ocurrida en la localidad de Vaqueros cuando el imputado, conduciendo una camioneta a velocidad excesiva, se desvió sin motivo y atropelló a una persona; a un taxista por un hecho ocurrido en villa Primavera, en el que atropelló a un motociclista y huyó. En el lugar quedó el paragolpe y la chapa patente lo que permitió su captura; la víctima falleció tres días más tarde. Por último, en septiembre de ese año se juzgó a un camionero que conduciendo un vehículo con un acoplado de casi 20 metros, embistió y dio muerte a dos menores que circulaban en bicicleta. En los tres casos las penas de prisión dictadas fueron de ejecución en suspenso.
En 2015 hubo al menos siete sentencias por homicidios culposos con condenas de prisión condicional. En uno de ellos, se había probado el exceso de velocidad; el conductor se fugó después del hecho y se negó a declarar durante todo el proceso, inclusive en la audiencia de juicio. Tuvo pena de prisión, pero también de ejecución condicional.
Este año el juicio que cobró más relevancia tuvo lugar en el mes de febrero. Después de 7 años se logró realizar la audiencia de juicio a un conductor que, en Tartagal, había atropellado a un grupo de peregrinos, dando muerte a una menor y dos bebés, quedando además heridos seis de los caminantes. Se probó la ebriedad en el momento del accidente y la huida del conductor después del hecho. La condena a prisión fue por un monto de tres años en la modalidad de condicional, es decir en suspenso.
Son solo unos pocos ejemplos, porque no todos se publican en los medios o son remitidos a la Oficina de Prensa del Poder Judicial, pero suficientes para ejemplificar el problema. En todos ellos se dictaron condenas de prisión que oscilaron entre los dos años a tres años. En ninguna de estos juicios se dispuso el cumplimiento efectivo de la pena de prisión. Las sentencias que se comentan fueron dictadas por las Salas V y VI del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Centro y Sala II del Tribunal de Juicio de Tartagal- (Fuente: Dirección de Prensa y Comunicaciones del Poder Judicial, www.justicia salta.gov.ar y medios periodísticos de la provincia).
La seguridad vial es tarea de los tres poderes del Estado; de los tres estados: nacional, provincial y municipal y resulta también multidisciplinaria. El Sistema Judicial es solo una parte de la solución, pero no es toda la solución.

Hora de despertarnos

Esta columna ha recordado distintas oportunidades que hace 22 años ya se conocía el problema y una política judicial que debería considerarse. En el libro Los accidentes de tránsito en la provincia de Salta, publicado en 1994, se transcribía la resolución que dos años antes había dictado el procurador general de la Provincia de Buenos Aires, disponiendo que los fiscales penales a su cargo, en las derivadas de accidentes viales, cuando los hechos hicieran presumir que el conductor se había representado el resultado, promoviesen la acción por homicidio simple con dolo eventual en lugar del rutinario homicidio culposo, calificación hoy muchas veces aberrante. Es lo que ha hecho en abril la fiscal platense Claudia Cendoya en la causa del pitbull. Más cerca en el tiempo en la obra Salta, enfoques y perspectivas Tomo II (2012) se indican los elementos que hacen de la Justicia una de las instituciones con un rol activo en el escenario de la seguridad vial.
Sería bueno que las sangrientas imágenes que provoca un pitbull devorando a un niño de dos años, sea una seria motivación que sirva para erradicar ‘el descansado arte de copiar’ en los procesos por homicidios causados en accidentes de tránsito.

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Sección Editorial

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Álvaro Figueroa
Álvaro Figueroa · Hace 6 meses

Excelente, el comentario del Dr. Frezze, referido a una cuestión cada vez más preocupante y sobe la cual suelen ser más los cacareos que los huevos.


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