En el hospital Materno Infantil ayer corroboraron el diagnóstico sobre la niña de 12 años de Alto La Sierra, quien quedó embarazada tras un abuso ocurrido hace seis meses en esa localidad de Santa Victoria Este. El feto presenta malformaciones en la parte craneana.
La menor había sido revisada el jueves pasado por médicos de la Fundación Cultura Nativa, creada por el músico Jorge Rojas, quienes, tras realizarle una ecografía en el hospital de Alto La Sierra, la derivaron al hospital de Tartagal donde ayer iban a realizarles nuevos estudios, pero, finalmente, se definió trasladarla hacia Salta capital.
Viajó junto a su madre en un vuelo sanitario que arribó a la ciudad cerca del mediodía.
"Por prevención y porque tenemos servicios médicos de mayor complejidad en el hospital, se trajo a la paciente", explicó a El Tribuno el gerente del Materno Infantil, Carlos Moreno.
El médico dio a conocer que la niña presenta, además, un cuadro respiratorio que no reviste mayor gravedad.
Si bien hasta el cierre de esta edición no hubo un informe oficial, los especialistas que atendieron a la pequeña en Alto La Sierra plantearon, con la primera ecografía, que se trata de un embarazo de mucho riesgo y se debe evaluar la posibilidad de interrumpirlo.
Inacción
Desde que la niña fue abusada -cinco jóvenes y tres adolescentes participaron del ultraje- hasta que la precaria situación de la víctima fue dada a conocer por este diario el miércoles pasado, ningún organismo del Estado provincial le brindó asistencia.
Los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, encabezada por el diputado por San Martín Mario Ángel, recién iban a reunirse hoy para coordinar un viaje a Alto La Sierra, donde quieren interiorizarse sobre el caso.
"El objeto es obtener la mayor cantidad de información posible y detectar eventuales irregularidades en la actuación de los distintos organismos del Estado", consigna un comunicado de la Cámara Baja.
Lo cierto es que el 11 de abril, el diputado por Rivadavia Jesús Ramón Villa insistió mediante una nota a autoridades del Ministerio de Derechos Humanos y de Justicia que asistan a la niña luego de gestiones personales ante funcionarios que resultaron infructuosas. El legislador también planteó la situación durante la última sesión en Diputados.
Tampoco había sido escuchado el reclamo de vecinos de Alto La Sierra, que, el 28 de noviembre de 2015, realizaron una manifestación para reclamar Justicia tras la violación que sufrió la pequeña.
Los cinco personas que habían sido detenidas por el abuso fueron liberadas a fines de febrero debido a otra irregularidad que devela la precariedad del Estado en el norte de la provincia.
El informe médico sobre el estado de la niña tras el ataque no fue considerado válido porque fue redactado por un médico de nacionalidad boliviana que se desempeñaba en el hospital de Alto La Sierra pero no tenía revalidado su título en Argentina. Ese documento fue firmado por el gerente del nosocomio, Ramón Bustamante, quien es bioquímico y no tiene idoneidad para ese tipo de exámenes. El administrador y el médico ahora están imputados por supuesta falsedad ideológica y los acusados por la violación permanecen en libertad.

Sin ayuda del Estado

La niña abusada pertenece a una de las comunidades wichi de Rivadavia. Tiene retraso mental y apenas habla en su lengua originaria. Reside con sus padres en una casa de adobe, piso de tierra y techo de plásticos.
Al igual que sus ocho hermanos, no cuenta con ninguno de los planes sociales del Estado, aunque sí tienen documentos de identidad.
El cacique wichi Asencio Pérez contó días atrás a El Tribuno que en esa comunidad de Alto La Sierra faltan médicos, ambulancias, policías y seguridad.
Agentes de la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Provincia recién visitaron el lugar el sábado pasado.

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