La confirmación de que la niña wichi de Alto La Sierra (Santa Victoria Este) estaba embarazada antes ser violada en banda, el 29 de noviembre de 2015, derivó en la apertura de una nueva causa penal anunciada ayer por el Ministerio Público.
La madre de la víctima denunció el jueves pasado ese abuso previo, tras escuchar al fiscal Pablo Cabot quien le informó los resultados de las pericias del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) sobre los tiempos de gestación del bebé que llevaba su hija y que murió por una malformación en la parte craneana el 2 de junio, a los minutos de un parto por cesárea en el hospital Materno Infantil.
Las pruebas del CIF determinaron que la fecundación de la niña se produjo en octubre. En junio, El Tribuno ya había advertido sobre una edad gestacional similar, en base a las estimaciones realizadas por el médico de la fundación del cantante Jorge Rojas que descubrió el embarazo el 26 de mayo y la que se hizo en el nosocomio de la capital salteña.
El informe del análisis forense que se efectuó sobre la pequeña cuatro días después del ultraje también llevaba a pensar en un abuso anterior.
La reciente línea de investigación que inició Cabot deja abierta la posibilidad de que a ninguno de los nueve imputados por la violación se le pueda adjudicar la paternidad del bebé fallecido.
Las pruebas contra ellos se basan solo en testimonios, ya que a la niña ultrajada, quien en el momento del hecho tenía 12 años y es una persona con retraso madurativo que apenas puede comunicarse, no se le hizo un hisopado vaginal en el hospital de Alto La Sierra, donde fue llevada tras el ataque. La recolección del material biológico y la comparación genética hubiese sido clave para la resolución del caso.
De los seis acusados mayores de edad, permanecen detenidos Omar Arias, Javier Mansilla, Sebastián Salvatierra, Luis Lamas y Juan Verón. El restante, Jorge Salas, está prófugo. Los otros tres inculpados son menores de 18 años y se encuentran en libertad.
Verón es el último imputado en el caso. El 11 de agosto fue detenido en Alto La Sierra luego de que una testigo lo ubicara entre los atacantes.
En la audiencia de imputación, el sospechoso negó ante el fiscal Cabot su participación en los hechos y relató una coartada para horas antes de ocurrida la violación de la niña en la adyacencias a una cancha de fútbol.
Entre las diligencias que realizó el funcionario del Ministerio Público el jueves pasado en esa localidad de Rivadavia, además de entrevistarse con la madre de la víctima, también tomó declaración testimonial a ocho testigos que solicitó la defensa oficial de Verón.

Pruebas clave, el dilema

La prueba genética que no se tomó apenas ocurrida la violación a la niña wichi fue uno de los puntos que generó disidencia en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que, el 15 de agosto, descartó por mayoría el inicio de un proceso de remoción del fiscal Armando Cazón, quien estaba a cargo de la investigación del caso (ahora a cargo de Pablo Cabot), y del juez de Garantías 2 del Distrito Judicial Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta, quien sigue en la causa.
Cuatro de los nueve miembros del jurado que votaron a favor del inicio de un jury sostuvieron que hubo “negligencia” del fiscal al demorar remitir al CIF la pollera de la víctima que podría tener restos biológicos de los abusadores.
Sobre Astigueta consignaron que “no consta a primera vista que haya dado cumplimiento a su obligación de efectuar el adecuado control de la legalidad procesal”.
El fiscal Cazón, en tanto, responsabilizó al médico del hospital de Alto La Sierra Carlos Limache Mamaní, quien corroboró la violación pero luego su informe fue cuestionado por no tener matrícula nacional, de la omisión de hisopado vaginal de la niña.

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