El acuerdo por la paz celebrado entre el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las Farc, Rodrigo Londono o "Timochenko", es una buena noticia, ya que abre la posibilidad de poner fin a un conflicto que desangra a ese país desde hace 52 años.
El pueblo colombiano deberá dar su aprobación a ese acuerdo en el plebiscito que se celebrará hoy.
El acuerdo fue acompañado por el gobierno de Cuba y respaldado por numerosos estadistas de la región, incluido el presidente argentino Mauricio Macri. El papa Francisco anunció que viajará a Colombia una vez que el acuerdo esté refrendado por la ciudadanía.
Las encuestas anticipan un apoyo contundente en las urnas.
La violencia guerrillera tuvo como protagonistas a varias organizaciones, de las cuales las Farc (marxista-leninista) son la fuerza más poderosa. El Ejército de Liberación Nacional (castrista), continúa en lucha con el Gobierno. El Ejército Popular de Liberación (EPL, maoísta), el M-19 (más urbano) y otras guerrillas se fueron desmovilizando. En los años 80, un acuerdo de paz para la inserción de los guerrilleros a la vida democrática terminó en un fracaso, ya que muchos de ellos fueron asesinados.
En medio siglo de violencia, las guerrillas, los grupos paramilitares y los narcotraficantes convirtieron a las regiones rurales de Colombia en un infierno, que se cobró 300 mil vidas y fue escenario de secuestros, destrucción y el desplazamiento de amplios sectores de la población. En Colombia, las fuerzas legales y las ilegales violaron sistemáticamente los derechos humanos y hostilizaron sin piedad a la población civil.
El acuerdo, si bien contempla la creación de tribunales especiales y la aplicación de normas para juzgar a los responsables de la violencia incluye concesiones que las víctimas de la violencia rechazan, encabezadas por el expresidente Álvaro Uribe. También es objetado por organismos como Humans Right Watch, que exigen severas penas para todos los crímenes de lesa humanidad.
Es probable que para ambas partes este acuerdo sea imprescindible. El pueblo colombiano está cansado de violencia y la aniquilación física de la guerrilla es casi imposible y, al mismo tiempo, éticamente discutible. Por su parte, Las Farc han perdido gran parte de sus fuerzas y a la mayoría de sus jefes, por lo cual la reinserción de su gente en la sociedad puede ser una solución para la organización.
De todos modos, el acuerdo no terminará con la violencia en el país. El Ejército de Liberación Nacional y un grupo disidente de la Farc seguirán en operaciones; el narcotráfico, que es un factor decisivo en la violencia guerrillera aún no está del todo sofocado.
Colombia es uno de los países con mayor índice de desigualdad. Muchos combatientes de la guerrilla son jóvenes campesinos que entraron en la organización huyendo de la pobreza y de la falta de horizontes. El área operativa de las guerrillas coincide con un amplio territorio ajeno a la economía de mercado y al que el Estado colombiano no llega.
En los últimos quince años el país ha alcanzado logros importantes en materia económica, logró disminuir los homicidios de 90 a 23 por año por cada 100 mil habitantes y consiguió pacificar relativamente a ciudades violentas como Cali y Medellín. Pero de esos beneficios está excluido un tercio de la población que vive en el área montañosa y rural del centro del país.
Si hoy los colombianos rechazaran el acuerdo, habrá un retroceso en el sendero hacia la paz.
Pero en caso contrario, será imprescindible deponer odios, rencores, recelos y rechazos ideológicos que impedirían la nueva convivencia. Al mismo tiempo, será imprescindible afrontar los graves problemas de pobreza y subdesarrollo que afligen a los campesinos y que solo se resolverán con una economía saneada y eficiente, que desplace al narcotráfico como alternativa de subsistencia.
Es decir, el Estado debe demostrar que es capaz de construir la paz sobre cimientos genuinos.

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