El Gobierno concretó hoy la declaración de emergencia en seguridad que había adelantado en diciembre. Tras sistematizar la información que surgió de la reunión que entonces mantuvo la ministra Patricia Bullrich con los responsables del área de las provincias, la Presidencia informó hoy el detalle de las medidas que se adoptarán con el objetivo de combatir los delitos complejos y el crimen organizado.
La medida, que rige por el término de un año y podrá ser prorrogada por un lapso de igual tiempo, está destinada a atacar el narcotráfico, el contrabano de armas, la financiación del terrorismo y la trata de personas, entre otros ilícitos.
El Gobierno deja a cargo de los Ministerios de Seguridad, de Defensa y de Transporte la tarea de reforzar los mecanismos de seguridad en todos los medios de transporte aéreos.
También concede la adquisición del material indispensable para incrementar la vigilancia de la frontera fluvial, los puertos y los espacios marítimos de jurisdicción nacional.
Crea además el Gabinete de Seguridad Humana que tendrá a su cargo coordinar las tareas de las diferentes carteras en lo atinente a la Emergencia.
Autoriza al Ministerio de Seguridad a convocar personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria que no hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, estén actualmente procesados penalmente o pasados a retiro por razones disciplinarias.
También, el Ministerio de Seguridad propondrá al Poder Judicial celebrar un convenio con el fin de interconectar el sistema información de la Justicia Nacional con el Sistema Federal de Comunicación Policiales, y además tendrá que establecer con la Administración Federal de Ingresos Públicos los estándares y la normativa de seguridad de las zonas primarias aduaneras.
A partir de la norma, se crea el "Operativo Fronteras", que reemplaza al "Escudo Norte" con carácter permanente, y se adopta en forma inmediata las medidas para dotar de dispositivos materiales, técnicos y tecnológicos a la Zona de Frontera, que incluye una radarización para el "eficiente control" fronterizo.
También dispone el levantamiento del Secreto Militar de las reglas de Empeñamiento para la Defensa Aeroespacial que había sido establecido por el decreto 2415 del año 2014.
El decreto establece la aprobación de Reglas de Protección Aeroespacial, cuya autoridad de aplicación serán las FFAA, orientadas a identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo Argentino.
Serán declaradas "hostiles" aquellas naves, cuando tengan entidad suficiente para "perturbar, poner en riesgo o causar un daño" en el territorio nacional.

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