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Controversias entre legisladores por la baja de la edad de imputabilidad
El martes el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, adelantó que el Gobierno nacional impulsará un proyecto para reformar el régimen penal juvenil. El funcionario reconoció, poniendo el eje de la discusión en eso, que uno de los puntos fuertes de la iniciativa busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Entre los legisladores nacionales por Salta, se anticipan posturas contrapuestas para cuando el tema se debata en el Congreso.
Alfredo Olmedo, quien fue candidato por el Frente Renovador con su partido Salta Somos Todos, se mostró a favor de considerar penalmente responsables a los chicos desde los 14 años. "Desde octubre que tengo presentado un proyecto para bajar la edad de imputabilidad, es el expediente 7.047 de la Cámara Baja", expresó. El legislador, no obstante, en un aspecto se mostró en disidencia con el oficialismo. "No entiendo por qué van a esperar un año, es un tema urgente, se debería tratar ya", disparó.
Alfredo Olmedo avanzó aún más en sus ideas acerca de penar los delitos cometidos por jóvenes. En su opinión, para los inimputables, que deberían ser los menores de 14 años y no los de 16, no solo tendría que haber sanciones civiles (económicas) sino que también se debería hacer penalmente responsables (con sanciones de encarcelamiento) a sus padres.
El senador nacional Juan Carlos Romero también se manifestó a favor de subir el rango de personas abarcadas por el régimen penal bajando la edad de imputabilidad. A diferencia de Olmedo, no se expresó más allá de lo que anunció el Gobierno nacional esta semana.
Su par en la Cámara Alta y representante del Frente para la Victoria Rodolfo Urtubey declaró: "Estoy a favor de establecer un régimen penal juvenil que arranque desde los 14 años y por el cual los menores tengan la posibilidad de tener un juicio justo y específico para su condición". De todos modos, hizo la salvedad de que "se establezcan penas alternativas a la prisión, porque en ningún caso los menores condenados deben cumplir pena en la prisión para adultos".
Germán Garavano anticipó que el proyecto se presentará recién después de las elecciones legislativas, es decir, a finales de año. Según explicó, desde ya se conformará una comisión diversa para que redacte el texto. Además -dijo- prefirió plantear el debate ahora, meses antes de que se inicie el trajín electoral.
El debate se reavivó tras la muerte, en el porteño barrio de Flores, de Brian Aguinaco, un adolescente de 14 años que murió en un hecho de inseguridad por el que está acusado otro adolescente, de 15 años. El caso generó manifestaciones de vecinos contra la fuerza policial.

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Contrarios
El propio gobernador Juan Manuel Urtubey hizo declaraciones radiales ayer en las que se alineó entre los que están en contra de combatir la inseguridad criminalizando la juventud. "Bajar la edad de imputabilidad no es correcto", dijo.
El mandatario agregó que "hay que establecer un régimen especial para menores", y que un menor de 18 años no debe tener el mismo trato que una persona de 40.
En contra de la idea sobre bajar la edad a partir de la cual se puede ser condenado por un delito igual que un adulto, se manifestaron los diputados Javier David, del bloque justicialista, y Pablo López, del Partido Obrero.
El primero indicó "simplemente bajar la edad de imputabilidad es una medida que no resuelve el problema y, además, no me parece razonable". Luego añadió que "ya se demostró a lo largo de la historia argentina que cuando se toman medidas espasmódicas no se soluciona nada".
El legislador de izquierda, por su parte, planteó: "Estamos en contra de la baja de la edad de imputabilidad porque lo que se busca es criminalizar a la juventud colocándola como responsable por los hechos de inseguridad, cuando en realidad lo que genera eso es la descomposición de las fuerzas de seguridad, que incluso son las que reclutan jóvenes para que delincan para ellos y cuando se niegan, los matan, como fue el caso de Luciano Arruga".
Nada novedoso
En las primeras semanas de abril de 2009, en la localidad bonaerense de Valentín Alsina, Daniel Capristo fue asesinado de un disparo por un adolescente de 14 años. A las pocas semanas, el kirchnerismo -con Sergio Massa como jefe de Gabinete- promovió un proyecto para bajar la edad de imputabilidad.
Pero la iniciativa obtuvo media sanción en Senadores y finalmente naufragó.
Ante una situación muy parecida, la muerte de Brian Aguinaco en la Capital Federal, el macrismo apela ahora a idéntica receta.

Fundamentos comunes

Tanto en 2009 como en la actualidad, los funcionarios del Gobierno de la Nación utilizaron iguales argumentos para hacer ostensible su preocupación por combatir la inseguridad mermando la edad de imputabilidad.
En ambos casos se remarcó que se busca modificar un decreto-ley sancionado durante la dictadura, el 22.278. El kirchnerismo lo declamó para ponerlo en línea con su lucha histórica contra las rémoras del último gobierno golpista. El mismo esquema usó para el caso de la ley de servicios de comunicación audiovisual, que reemplazaba a la ley de radiodifusión.
El macrismo, en la voz de Germán Garavano, definió a la norma dictatorial como "paternalista" y como demasiado indulgente para combatir cabalmente la inseguridad.
Tanto unos como otros argumentaron que, bajando la edad de imputabilidad, se les concederá a más jóvenes el "derecho" de acceder a un proceso de investigación y juicio en el que puedan defenderse y mostrar su eventual inocencia.
Ni unos ni otros, sin embargo, plantearon el problema de la superpoblación de cárceles o la ineficiencia de los sistema de reclusión.

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