Las diversas y controvertidas especulaciones que se hacen respecto del destino político o penal de la "Señora", confirman una vez más que la Justicia, lejos de ser ciega como la presenta cierta folletería, actúa con los ojos abiertos y distingue muy bien a los débiles y a los poderosos, no escatimando rigores y sanciones para unos, y licencias y contemplaciones para otros. La consideración viene a cuento porque por más que el relato K pretenda presentar a su jefa como una suerte de abanderada de los humildes y una aguerrida luchadora social, lo real es que pertenece por sus relaciones con el poder y su posición económica al campo de los poderosos, pertenencia que explica por qué a esta altura de los acontecimientos y con todas las informaciones y pruebas disponibles acerca de los ilícitos cometidos, disfrute de los beneficios de la libertad, cuando en situación menos evidente un ciudadano común hace rato que estaría entre rejas.
El silencio, la displicencia y en más de un caso la complicidad de los jueces con causas a las que se encargaron de archivar durante años, se explican por este contexto de poder, como también es esta relación de poder la que da lugar a especulaciones acerca de si es conveniente para el honor de una nación o su prestigio internacional que una expresidente esté entre rejas.
Estos cabildeos habría que situarlos históricamente, porque ocurren en el país donde "roba pero hace" se ha transformado en una suerte de mandamiento sagrado.
Las sociedades necesitan renovarse, mejorar sus condiciones, actualizar sus creencias, y para ello resulta importante que aquellos valores que invocaron para su constitución: los de la virtud, del honor y la mínima decencia personal, esos principios que en algún momento le otorgaron consistencia histórica al deseo repetido por generaciones: "Al gran pueblo argentino, ¡salud!", se hagan realidad, sancionando a quienes se encargaron de transformar a una nación en una factoría manejada por ladrones y viciosos.
“Se equivocan los que consideran que no es conveniente ir hasta las últimas consecuencias contra autoridades con corruptelas a la vista”
Se equivocan, por lo tanto, quienes en nombre de la prudencia y las inefables razones de Estado, consideran que no es conveniente ir hasta las últimas consecuencias contra las autoridades cuyas corruptelas están a la vista. Por el contrario, si realmente se desea dar una vuelta de página, esta es la ocasión para hacerlo, algo que en su momento entendió muy bien Raúl Alfonsín cuando decidió juzgar a los militares, decisión que fue considerada imprudente hasta que, como los hechos se encargaron de probar, se demostró que el poder militar entendido como el poder para extorsionar con las armas al Estado de derecho, fue puesto en su lugar, aunque para ello se impuso encarcelar a los principales jefes de la junta militar y a sus colaboradores inmediatos.
Ninguna iniciativa trascendente en política es gratuita. Poner a las Fuerzas Armadas en el lugar establecido por las leyes significó un costo político alto para el gobierno radical, pero la grandeza de Alfonsín fue que entendió que era necesario pagar ese costo. Esa certeza del presidente radical fue la que no tuvieron en su momento políticos peronistas como Luder o Bittel, quienes en nombre de la misma prudencia con la que ahora sus herederos reclaman que no se avance contra "la Señora", insistían que era necesario amnistiar a los jefes militares.
Se dirá que no es lo mismo el régimen militar que el régimen populista, lo cual es cierto, pero al respecto importa advertir que en la historia de las naciones nunca las grandes tareas son exactamente las mismas, lo que no habilita a que una nación renuncie a cumplir con el deber histórico que reclama cada coyuntura, y que, dicho sea de paso, pone a prueba la calidad de su clase dirigente.

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