Ayer, cerca de las 9, unos 50 desocupados enrolados en la UTD General Mosconi cortaron la ruta nacional 34 a la altura del acceso sur de la localidad. Los manifestantes reclaman soluciones al Gobierno de la provincia, luego de que Fundatrad, la fundación que depende de esa organización piquetera, fuera suspendida por la Anses. Desde la organización liderada por el dirigente social José "Pepino" Fernández aseguran que el Gobierno incumplió su palabra tras la intervención de Fundatrad. Según denuncian, Provincia solo incorporó a una nueva fundación a alrededor de 600 familias de un total de 1.075 que estaban bajo la órbita de Fundatrad.
Fernández se encontraba ayer en la sede principal de la Anses en Buenos Aires, donde presentó documentación sobre las denuncias que pesan en su contra por el manejo de Fundatrad y pidió a la Justicia que acelere la investigación.
"Queremos que la Justicia investigue y que lo haga de inmediato para despejar cualquier tipo de dudas. Es una denuncia inventada por la gente del gobernador, al que denuncié por quedarse con plata que mandó la Nación para viviendas de Mosconi. Eran cuatro etapas, en la que trabajaba gente de nuestra fundación y el Gobierno de Salta solo pagó la primera etapa, pero desde Economía de la Nación dicen que pagaron las cuatro etapas", aseguró Fernández en diálogo con El Tribuno.
La semana pasada, el Gobierno de Salta anunció que los beneficiarios de Fundatrad pasarán a otra fundación de Tartagal y prometieron pagos retroactivos. Uno de los problemas de esa maniobra burocrática es que la nueva fundación está radicada en Tartagal, ciudad que no cuenta con el "coeficiente 4" que le corresponde a General Mosconi para los salarios familiares que paga el Estado. Ese "coeficiente 4" para planes sociales de Mosconi les permitía a los beneficiarios de Fundatrad de José "Pepino" Fernández alcanzar los $1.800 por hijo y $5.400 en caso de chicos discapacitados.
"El pago de los salarios familiares se hará retroactivo al mes de septiembre", prometió días atrás Adrián Zigarán, coordinador de la Secretaría de Desarrollo Institucional del Gobierno. "Esto se decidió para que los beneficiarios no pierdan la categoría que Anses les abona", agregó entonces Zigarán.
"El corte podría continuar porque el Gobierno de Salta no cumplió su promesa. Quieren pasar a la gente a una fundación trucha de Tartagal que no tiene ni domicilio. A la gente le dijeron que la nueva fundación iba a tomar a las 1.076 familias anotadas en Fundatrad, pero resulta que solo tomaron a 600. Todavía no pagaron junio y julio y no hay una solución concreta para las más de 400 familias que se quedan afuera de Fundatrad y de la nueva fundación (Villa Saavedra)", agregó en cambio Fernández.
"Pedimos que la Justicia investigue esta maniobra. Nosotros venimos a Buenos Aires a presentar toda la documentación y esperamos que la Anses pronto levante esta inhibición trucha, que era supuestamente por 35 días y ya lleva como tres meses. A la gente todavía no le pagaron un peso, solo entregaron unas asignaciones, pero sin el coeficiente 4. En Mosconi no hay inversión, no hay trabajo. Yo hice con mis manos 900 pozos petroleros. Acá vienen y se llevan el gas y el petróleo de nuestra tierra sin ningún control y sin dejar ningún beneficio. Por el norte pasan como 14 cañerías y gasoductos y en los pueblos no tenemos gas", remató "Pepino" Fernández.

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