En los últimos 11 meses, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación dio de baja a 4.448 beneficiarios salteños de pensiones no contributivas. En la provincia hay cerca de 74 mil personas (el 6% de la población) que perciben uno de esos subsidios y es el séptimo distrito con mayor cantidad de planes revocados.
Las ayudas sociales son para discapacitados, madres de siete o más hijos y adultos mayores. La pensión es de $3.962 mensuales, el equivalente al 70% de la jubilación mínima ($5.661).
De acuerdo a un reciente informe que la Jefatura de Gabinete de la Nación brindó al Congreso, los beneficios fueron cortados o suspendidos tras cruzar datos de los adjudicatarios con registros de la AFIP, de jubilaciones, empleo, otros programas sociales y de fallecidos.
Se detectaron pensionados con vehículos o inmuebles con valores incompatibles con la ayuda social. Otros con empleo o que perciben jubilaciones. Se evaluó, además, la situación patrimonial de los cónyuges de los subsidiados.
Desde el comienzo de la actual gestión del Gobierno nacional, los cruces de datos sobre los pensionados se realiza cada cuatro meses.

Discapacidad sospechosa

Las denuncias por entregas irregulares de pensiones por invalidez, que se otorgan a personas que no pueden trabajar por una discapacidad, abundan en todo el país, pero sobre todo en las localidades donde existen mayores índices de pobreza.
En el departamento Rivadavia, el 14% de la población (más de 4.000 habitantes) recibe ese subsidio, según datos de Desarrollo Social de la Nación a los que accedió este diario. Si se suman el resto de las pensiones no contributivas el índice asciende al 17%.
La Candelaria es el segundo departamento con mayor porcentaje de esas ayudas sociales, que llegan al 14% de los pobladores. Siguen la Poma, con el 13%; Anta, 12%; y Santa Victoria, 12%. La capital salteña está en el último lugar con el 4%.
El Gobierno de la Nación destina más de $291 millones por mes para el pago de las pensiones no contributivas de la provincia.

Botón de muestra

Durante las últimas elecciones provinciales, en El Quebrachal una escribana certificó que diez personas de la localidad santiagueña de Ahí Vemos admitieron cambiar su domicilio en el DNI para votar en la ciudad anteña, con la promesa de ayudas económicas o el otorgamiento de pensiones. De hecho, cuatro de ellas son beneficiarias de planes sociales.
En esa localidad, una bioquímica denunció en 2012 que le falsificaron la firma para convalidar certificados falsos para acceder a pensiones por invalidez.
Las presentaciones legales iniciadas por las dos situaciones descriptas hasta ahora no tienen avances en la Justicia salteña.
Otra denuncia similar se registró en Campo Santo, donde el intendente Mario Cuenca sostuvo en 2011 que una fundación médica otorgaba certificados truchos por invalidez para vecinos de General Gemes.

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