En la última semana, varios fallos puntuales de la Corte Suprema de la Nación evidenciaron que el Gobierno está perdiendo poder negociador a medida que se acerca el 10 de diciembre.
La resolución, dictada ayer, que mantiene la vigencia de una medida cautelar presentada por el Grupo Clarín y que, en la práctica, favorece al multimedios ante un recurso presentado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) se suma a otros dos dictámenes nada favorables para el oficialismo.
La relación entre el Ejecutivo y la Corte se deterioró exponencialmente en el último año y tuvo su pico con la campaña oficialista que buscaba la destitución de Carlos Fayt a mediados del 2015.
El kirchnerismo también buscó nombrar a Roberto Carlés para sustituir al renunciante Eugenio Zaffaroni, pero retiró la postulación al no tener apoyo su candidatura.
El acuerdo YPF- Chevrón
En este sentido, el miércoles de esta semana la Corte ordenó al Ejecutivo que revele el contenido completo del acuerdo entre YPF y la multinacional petrolera Chevrón para la explotación del yacimiento de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. El máximo tribunal dio vuelta dos fallos dictados en instancias anteriores por la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal.
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda coincidieron en su voto al exigir a la petrolera que difunda la información, como solicitó el denunciante, el senador Rubén Giustiniani. Elena Highton también avaló esa postura, pero se expresó en disidencia parcial, por considerar que se debe acatar el dictamen de la procuradora Alejandra Gils Carbó, quien pidió dar también intervención a la empresa norteamericana.
"En una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible. El actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública", proclama la decisión que fue ampliamente criticada en todos los sectores kirchneristas y que podría hacer caer el acuerdo aunque la petrolera ya confirmó que acatará el dictamen.
La ley de subrogancias
En tanto que la semana pasada, el máximo tribunal de la Nación había dictado la inconstitucionalidad de las leyes que sancionó el Gobierno para nombrar jueces subrogantes. En aquella resolución, la Corte entendió que el régimen impuesto por el kirchnerismo "afecta la independencia judicial y la garantía de juez natural para los ciudadanos". Además, declaró inválido el reglamento de designaciones de subrogantes del Consejo de la Magistratura y de todas las listas de conjueces.
Aprovechando su mayoría en el Congreso, el Gobierno había sancionado leyes que habilitaron al Consejo de la Magistratura a nombrar jueces interinos con menos requisitos que los jueces verdaderos: es decir, sin los requisitos de mayoría que establece la Constitución nacional. A través de esa estrategia, neutralizada por la Corte, el kirchnerismo había completado vacantes con secretarios judiciales.
La Corte también invalidó en su fallo la designación del juez de La Plata con competencia electoral Laureano Durán y la designación de todos los jueces subrogantes nombrados en las mismas condiciones.
Sin embargo, el fallo sostuvo que se deberá "mantener en el ejercicio de sus cargos por el plazo de tres meses a aquellos subrogantes cuya designación es invalidada en esta sentencia para asegurar el principio inalterable de seguridad jurídica".
Batallas en el horizonte
Además de estos tres fallos en contra, también podría resolverse antes del recambio presidencial el planteo de inconstitucionalidad sobre la ley de lemas, que fue utilizada por el kirchnerismo para garantizarse la gobernación de Santa Cruz en los comicios de octubre pasado. La presentación fue realizada por la oposición santacruceña y en caso de ser adverso, frenaría la proclamación de Alicia Kirchner como mandataria provincial.
A todo esto se suma que la Corte tendrá la última palabra en el tema de la constitucionalidad del memorándum que avala el pacto con Irán para investigar el atentado de la AMIA, y que definirá las causas por corrupción que penden sobre varios funcionarios kirchneristas, incluidos Cristina y Máximo Kirchner. Fuentes judiciales sostienen que antes de fin de año habría avances en el caso Hotesur, uno de los que más inquietan al entorno presidencial.

La batalla judicial
El "Procedimiento de transferencia de oficio" dispuesto por la AFSCA, buscaba que el Grupo Clarín se adecue a lo fijado por la ley de medios, desprendiéndose de parte de sus medios afines.
Según el organismo oficial, el Grupo Clarín había presentado una propuesta de adecuación para transferir licencias a un grupo de empresas "amigas". El AFSCA intentó aplicar una "adecuación de oficio", es decir que se obligará al multimedios a desprenderse de sus medios afines y Clarín pidió una medida cautelar, que el AFSCA apeló. Ayer, la Corte mantuvo la medida cautelar.

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