La muerte del sacerdote Juan Viroche, hallado ahorcado en la iglesia Nuestra Señora del Valle, de La Florida, Tucumán, volvió a evidenciar el protagonismo del narcotráfico en la vida de los argentinos. Más allá de la notable premura de las autoridades por dejar establecido que el religioso se suicidó, para quienes lo conocieron no existen dudas de que se trató de un homicidio.
La autopsia tal como se la dio a conocer oficialmente se contradice con la certeza íntima de los feligreses, que se fortaleció además al conocerse la grabación de un diálogo entre el religioso y un amigo donde le relata, preocupado, sobre amenazas de corte mafioso y "mensajes privados por Facebook con las fotos de mis sobrinitos".
"Unos meses atrás me han aserrado el tornillo de la moto ..." contaba en esa conversación el sacerdote muerto y agregaba que "los transas y los dealers tienen quien los cuide... y se habla de inseguridad... Todo ha comenzado después de una denuncia de derechos humanos con gente pesada, de la comuna, de la policía, vaya uno a saber ¿no?, pero esa es la situación".
El arzobispo de Tucumán, Alfredo Zacca, confirmó que el sacerdote le había manifestado esas preocupaciones y que le había pedido el traslado, a lo que el prelado accediera de inmediato.
A pesar de que la investigación oficial parece privilegiar la investigación de la vida privada del sacerdote, la Iglesia católica apunta en otra dirección.
El obispo de Merlo - Moreno, Fernando Maletti, comparó la muerte del padre Viroche con la del cura Carlos Mugica, asesinado en 1974, mientras que el referente de los sacerdotes villeros, Pepe Di Paola, aseguró que su par fue "víctima de la mafia"; a su vez, el titular de Red Solidaria, Juan Carr, consideró que al párroco "lo mataron".
La muerte del religioso tucumano pone a prueba la capacidad de la Iglesia como institución para resguardar a los sacerdotes que enfrentan al narcotráfico y la corrupción.
La Justicia tucumana deberá demostrar su voluntad de investigar o no a los dealers a los que hace referencia el sacerdote en esa conversación póstuma. Si prefiere cerrar la causa sin más, dictaminando el suicidio, sea este cierto o no, dejará latentes muchas dudas poco saludables para quienes se sienten víctimas del narcotráfico y la inseguridad en general.
La realidad le da la razón al padre Viroche. Según el Observatorio de la Deuda Social, entre 2010 y 2014 aumentó un 50% el registro de venta de drogas en los barrios del país.
Esta semana, en el barrio San Carlos, de Salta, una docente fue asesinada y todos los indicios apuntan a que el homicida es un joven alterado por las adicciones.
Pocos días atrás, un cacique de la comunidad wichi de Tonono formuló un dramático pedido de ayuda frente a la adicción de su hijo adolescente.
Son dos casos concretos y cercanos de un fenómeno generalizado.
Los datos recientes sobre la pobreza, la indigencia y el desempleo reflejan una degradación social que trae aparejada la pérdida de expectativas de los jóvenes.
El aumento de la pobreza es un factor importante, pero el incremento de las adicciones está vinculado también con la accesibilidad a las drogas. El narcotráfico se ocupa con éxito de que la droga llegue a los menores. Esa droga, barata y accesible, es el paco.
Para el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, se trata de "el problema más relevante, con su legado de muerte, de destrucción del núcleo familiar, de corrupción de los distintos estamentos del Estado".
El avance del narcotráfico produjo un incremento del 45% de los homicidios desde 2007, como consecuencia de las peleas entre bandas, el deterioro de los límites inhibitorios del consumidor y el sometimiento que genera el consumo de paco, que convierte a los adictos en delincuentes compulsivos.
Todo este escenario da razón a la denuncia del padre Viroche. Cualquiera haya sido la razón de su muerte, el Estado debe asumir su grave responsabilidad en poner freno a este reguero de sangre y violencia que castiga a las instituciones, destruye la vida de las personas y pone a la sociedad como rehén de los gánsters.

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