El conflicto de tierra más grande de la Argentina se dirime en Santa Victoria Este, donde se reparten las 643.000 hectáreas de los ex lotes fiscales 14 y 55, entre familias criollas y comunidades aborígenes. En ese rincón del Chaco salteño, límite con Bolivia y Paraguay, las autoridades tienen que destinar 400.000 hectáreas para aborígenes y 243.000 hectáreas para las familias campesinas que están en la zona desde la creación de la república. Para eso, muchos criollos tuvieron que aceptar una "relocalización voluntaria" que promovió el Estado provincial. A cambio de dejar sus hogares, que se encuentran en territorio reclamado por aborígenes, la Provincia se comprometió a reacomodarlos en puestos ganaderos creados específicamente para ellos, en tierras que están fuera del conflicto. Pero algo no está funcionando. De las más de 460 familias criollas, de las cuales, según fuentes consultadas, unas 120 aceptaron relocalizarse; solo cinco consiguieron sus nuevos puestos ganaderos, pero estos están incompletos y hasta hoy no se pueden habitar.
Cesar Quintana fue el primer criollo en aceptar el traslado voluntario. Está desanimado y se siente engañado. Semanas atrás fue noticia cuando un grupo de aborígenes quemó los alambrados de sus corrales en la casa que tiene en La Curvita, lugar que su familia ocupa desde hace tres generaciones. Un grupo de aborígenes argumenta que ya es tiempo de que se traslade hasta el nuevo puesto ganadero que le prometió el Gobierno, pero Quintana no se puede mudar porque ahí no tiene ni agua potable. En ese día de tensión y violencia, durante las últimas semanas de enero aborígenes y criollos coincidían en una sola cosa: el Gobierno no avanza y no está cumpliendo lo prometido.
En este contexto, esta semana, el ministerio de Asuntos Indígenas anunció que va a "reforzar los controles en los ex lotes fiscales 55 y 14, para evitar nuevos cerramientos en las zonas que aún están sin acuerdo entre las partes". La medida se enmarca en el juicio internacional que se lleva adelante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que instó al Gobierno, en 2012, a seguir tres recomendaciones: entregar la titularidad de las tierras, delimitar el territorio aborigen y que no autorice desmontes ni la colocación de nuevos alambrados hasta que no se resuelva el conflicto. Fue justamente la quema de alambrados lo que despertó desde hace varias semanas el fantasma de la violencia, sumado a la lentitud del Estado y su incapacidad para definir en donde se encuentran exactamente las 400.000 hectáreas de reclamo aborigen.
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El puesto La Troja, que hizo el Gobierno y al que Quintana le agregó un tinglado. Juan Barthe
Cesar Quintana tiene una vida en La Curvita. Vive de su ganado, pero también del comercio que tiene instalado en su casa, que cuenta con dos espacios de almacenamiento y cámara de frío, entre otras mejoras que fue logrando con esfuerzo. En el puesto nuevo que le asignó el Gobierno, La Troja, no tiene agua potable y tampoco lugar para el comercio. De una casa con siete cuartos pasará a una de dos. Sus tres hijas, que dormían en cuartos separados, deberán apretarse en un solo espacio. Cesar se pregunta cómo hará el Gobierno para relocalizar a decenas de familias criollas. "¿Si en ocho años todavía no se logró relocalizar ni a cinco familias, como van a hacer con las decenas de criollos que aceptaron el traslado voluntario? Hoy es un traslado compulsivo. No es voluntario esto. No se cumplió. Nosotros habíamos confiado en el Gobierno. Me dieron 100 mil pesos, pero eso no alcanzó ni para cerrar el alambrado del puesto nuevo y lo terminamos con nuestro propio esfuerzo. Además, mi casa está sin terminar y no tengo ni agua para tomar. Tuve que hacer un tinglado arriba de la casa con mi plata, porque el techo de chapa hace que con el calor no se pueda estar", dijo Quintana a El Tribuno.

Una vida en La Curvita

Nació en La Curvita hace ya 60 años. "Antes esa zona era parte de Monte Carmelo. En el año 64 la gente de YPF visitaba la casa de mi madre para comprar cabritos, sobre una curva pronunciada, y al puesto le decían La Curvita, para identificar el lugar. Así nació el nombre, como tantos otros. A La Curva de Juan, por ejemplo, la bautizaron así porque ahí volcó un ingeniero llamado Juan. Nosotros pusimos los nombres de este lugar. La Puntana, por ejemplo, se le puso por una señora que era de San Luis; Monte Carmelo se llama así por un pionero de apellido Carmelo que criaba chivos; Ovejería era el lugar donde vivía Luis Amaya, que criaba muchas ovejas. Fuimos los criollos los que les dimos nombres a estos lugares. Por eso mi dolor, porque en mi familia nunca tuvimos problemas con los aborígenes, ni enemistad con ninguno", relató el criollo, que tras la quema de alambrados no pudo cobrar varias deudas de su comercio.
Mariela Ceballos, la mujer de Quintana, le muestra a El Tribuno la casa que levantó con su marido en 23 años de casados. "No tengo fuerzas para invertir otros 23 años en una nueva casa. Logramos terminarla el año pasado y supuestamente la tenemos que dejar. La otra casa es muy chiquita, incómoda. Tiene 15 metros por cinco. Nosotros somos cinco y la casa nueva tiene dos dormitorios.
"Cocina y baño, que no está terminado, ni tenemos agua. En cambio acá tengo siete cuartos y tres baños ¿Dónde voy a poner todas mis cosas: recuerdos, freezer, heladera, cámara de frío?... Imaginaba que iban a comparar con mi actual vivienda para construir, pero no se fijaron ni que mis chicas tienen cada una su cuarto", contó.
No tengo fuerzas para invertir otros 23 años en una nueva casa. Logramos terminarla el año pasado y supuestamente la tenemos que dejar. La otra casa es muy chiquita, incómoda. Tiene 15 metros por cinco. Nosotros somos cinco y la casa nueva tiene dos dormitorios" Mariela Ceballos, esposa de Quintana
Quintana dice que el corral que le quemaron tenía pastura y era indispensable para juntar la hacienda y vacunarla como exige Senasa. "Creo que el reclamo aborigen es justo y que a alguien le tenía que pasar. Pero yo necesito esa pastura y el corral para vacunar en marzo. Además tengo que vender vacas para poder hacer el pozo de agua, porque si sigo esperando que lo haga el Gobierno me van a quemar la casa. Necesito solucionar mi situación y para eso necesito el agua. Quiero que se cumpla lo que firmé: alambrado perimetral, vivienda digna y agua potable, no un pozo somero de 60 metros como el que hicieron, donde sale agua salada. Si aceleramos el traslado de las vacas vamos a tener menos conflictos con los hermanos aborígenes. Pedimos que vengan a mirar el daño que nos han hecho", recri minó.
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Mariela Ceballos en el almacén que la familia tiene en su casa. Juan Barthe
El dirigente aborigen Tito Constantino asegura que Quintana autorizó a retirar los alambres. "En La Curvita estuvo bien organizado y con respeto, porque vimos que el dueño acepta que le quiten los postes y responsabiliza al Gobierno por la demora. Acá nadie va a correr nada. Lo que nos molesta es la presencia de nuevos alambrados y los animales que están ahí cerca de nuestras comunidades. No se permiten nuevos alambrados en el territorio que reclamamos los aborígenes hasta que se regularicen las tierras y ese trato se rompió", dijo a El Tribuno. "Supuestamente nos podemos quedar solo con la casa, pero sin ningún tipo de título de propiedad y sin título nos pueden correr en cualquier momento", argumenta por su parte Quintana, que el 24 de noviembre pasado recibió la copia de una acta firmada por varios aborígenes que lo invitaban a "desalojar el lugar donde está asentado".

Día de la quema de los alambrados

"Esto pasa por negligencia del Gobierno. A mí me han prometido agua, una vivienda digna, pastura y reforestación. No han cumplido con nada. Hace dos años vino la ministra de Derechos Humanos y firmamos un compromiso que a los 10 días me iban a hacer el pozo de agua. Nunca más han vuelto... Yo soy vecino y no me voy a pelear con nadie de acá... Los han forjado a ustedes para que desarmen esto (sus alambrados), porque nunca han cumplido y ahora quieren que yo me cague a palos con ustedes. No señor. Este es el resultado de las políticas de la UEP (Unidad Ejecutora Provincial). Son una manga de delincuentes que me quieren hacer pelear con mis hermanos... ¿Qué han hecho con los 2 millones?", dijo Quintana el día de la quema, según un video al que tuvo acceso El Tribuno. Tras esas palabras, aborígenes y criollos se juntaron en un solo aplauso.
Los fondos de los que hablaba Quintana son los que habría mandado Nación a través del Programa de Desarrollo Rural Incluyente (Proderi). En agosto pasado, el encargado de la UEP dijo en AM 840 que se habían aprobado 4 proyectos, de unos $2 millones cada uno, para cuatro asociaciones que trabajan en los lotes 14 y 55: Real Frontera, Asociación 20 de Septiembre (Las Vertientes), OFC y Lahaka Honhat.
Como se aprecia en el video, el intendente, Moisés Balderrama, reconoció el problema y le pidió al entonces representante de la UEP que el Gobierno esté "más encima" del conflicto. "No podemos estar así... hay que poner más seriedad... Acá hay un error", le dijo el intendente al funcionario provincial. El entonces responsable de la UEP fue reemplazado el 18 de febrero. Ahora, la UEP, funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Regularización Territorial y Registro de Comunidades Indígenas.

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