La Uocra salteña ratificó ayer que la construcción, y particularmente las obras públicas, están paralizadas en la provincia. El dato aniquila el mito de la revolución habitacional que el gobierno de Juan Manuel Urtubey intenta instalar a través del IPV. Al parecer, en esas oficinas, los más ocupados son los que trabajan en el departamento de prensa.
El secretario general Rubén Aguilar denunció "una ola de suspensiones sistemáticas de personal que llegó al límite", y, por su parte, el dirigente de la Uocra delegación Tartagal, Américo Villa, anticipó que hoy a las 8 cortarán media calzada en la ruta 34, en Colonia Santa Rosa "ante la falta de respuesta de la empresa".
Dos de cada tres trabajadores contratados para la ejecución de obras públicas en la provincia están suspendidos, en el marco de una recesión que ya había sido advertida el 26 de octubre en una nota que Rubén Aguilar y el secretario de Organización y Asuntos Gremiales, Pedro Reynoso, elevaron al entonces ministro de Economía y ahora jefe de Gabinete, Carlos Parodi. Lo peor es que la recesión se debe a que la Provincia no certifica las obras terminadas. En este caso, la crisis era previsible por razones de aparente ineficiencia.
Desde setiembre, los pagos a las empresas de la construcción son diferidos para abril y mayo próximos, una metodología que parece sistematizada. Las empresas informaron a los dirigentes gremiales que los funcionarios provinciales les recomendaron que "ralenticen" el ritmo de las obras, un término que utilizara en su momento el ministro Parodi para referirse a la recesión de la inversión pública por falta de fondos.
El presupuesto aprobado a libro cerrado por diputados y senadores ya anticipó que en 2016 habrá poco dinero para las obras en la provincia.
Américo Villa UOCRA- TARTAGAL "En todo el norte salteño la obra pública está paralizada, las empresas no pagan, hay deudas que se acumulan y, lo que es peor, no hay expectativas de solución. Además, nadie nos escucha ni nos da una respuesta".
De los $31 mil millones, previstos para todo el año, solo $3,5 mil millones serán para infraestructura. Pero la nota receptada en el expediente N§ 231.409 del ministerio que dirigía Parodi denuncia que las empresas explicaron la demora en el pago de quincenas -ahora se sumó el aguinaldo- por "el atraso en la cancelación de certificaciones" de numerosas obras públicas.
Aguilar informó que hay 3.000 viviendas entregadas y habitadas para las que la administración provincial todavía no extendió la certificación. La demora administrativa se traduce en el atraso de las liquidaciones que debe hacer el Estado nacional. Aguilar y Reynoso le recalcaron a Parodi que el costo de esa negligencia del Gobierno lo pagan los trabajadores.
Uno de los puntos de mayor tensión, a estas horas, es el norte provincial. El Fondo de Reparación Histórica no funciona, a pesar de que supuestamente la totalidad de ese dinero ingresó hace cuatro años a las arcas provinciales.
Hoy, Américo Villa encabezará un corte parcial de la ruta 34 exigiendo el pago de deudas acumuladas, incluido el medio aguinaldo, a la empresa JC Segura Construcciones y al Gobierno provincial.
Los gremialistas coinciden en que nadie está prestando atención al problema de fondo. "Es más fácil hablar con Urtubey que con Parodi", dijo Aguilar a una radio, aunque admitió que ni uno ni otro los recibieron hasta ahora.

¿Qué te pareció esta noticia?

Aparecen

Sección Editorial

Comentá esta noticia


Juan j
Juan j · Hace 9 meses

Ni que hablar de los contratistas de la obras menores en las escuelas públicas que no les pagan desde Agosto del 2015 y hasta hoy no hay novedad de pago


Se está leyendo ahora