El juez federal Julián Ercolini procesó ayer a Cristina Kirchner por asociación ilícita y ordenó un embargo por $10.000 millones en el marco de la causa por el supuesto direccionamiento de obras públicas a la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez.
El magistrado también procesó a la exmandataria por administración fraudulenta agravada, al considerar que durante su gestión se otorgaron obras a la empresas de Báez de forma discrecional.
Ercolini dispuso, además, los procesamientos por asociación ilícita de Báez, del exministro de Planificación Federal Julio de Vido; del exsecretario de Obras Públicas José López; del exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti; de Carlos Kirchner, primo de Néstor Kirchner; y de los exfuncionarios Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibáñez.
Para el juez, Cristina Kirchner es "coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública".
"La exmandataria habría realizado diversos aportes funcionales necesarios para la materialización de la maniobra que se le achaca", enfatizó Ercolini.
Por esa razón, el magistrado ordenó un embargo sobre los bienes de la exmandataria "hasta cubrir la suma de 10.000 millones de pesos".
La expresidenta Cristina Kirchner cuestionó ayer su procesamiento al advertir que "la asociación ilícita fue la figura penal utilizada por todas las dictaduras para perseguir dirigentes opositores".
Sobre De Vido, López, Periotti y Carlos Kirchner también dispuso un embargo por la misma cifra, en tanto que para Daruich, Collareda, Garro, Villafañe, Pavesi y Santibáñez ordenó otro por 2.500 millones de pesos.
Ercolini, en tanto, dictó la falta de mérito sobre el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, Ernesto Morilla, Graciela Oporto y Raúl Rodríguez. "En definitiva, se permite demostrar que durante los años 2003 a 2015, a través de todos los mecanismos legales establecidos en la Constitución Nacional y por las autorizaciones expresas de las propias normativas sancionadas para ello, los funcionarios mencionados intervinieron en el constante y regular aumento del presupuesto asignado a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), con el fin de beneficiar a las empresas del grupo de Báez por las obras contratadas en la provincia de Santa Cruz", señaló el juez.

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