Desde 1930, la Argentina se convirtió en un actor político en busca de su presunta identidad, de su auténtica legitimidad. Desde entonces deben buscarse los más recientes antecedentes de esa cultura de la ajuridicidad que padecemos y en función de la cual lo anormal se transforma en normal y lo normal en normativo. Así se convierte a la sociedad en un conglomerado anómico, sin pautas, normas ni conductas de sentido político claras, democráticas y precisas. La violencia en la política no fue una novedad de los setenta. Sí lo fue, el desenfreno, la crueldad, la repugnancia de los procedimientos.
La historia, hasta 1983, no solo ha sido la historia de una sucesión de golpes de Estado únicamente protagonizado por las Fuerzas Armadas. Como sostiene Robert Potash, nuestros golpes siempre fueron cívico-militares y, muchas veces, contaron con la complicidad de una sociedad que se mostró indiferente hacia la suerte de sus instituciones.
A los golpes le sucedían precarias democracias.
A estos antecedentes se suma, ya en la década de los Sesenta, el virus del terrorismo ideológico que rondaba por el mundo a través de diferentes versiones, en una suerte de militarización del pensamiento, de infiltración de una verdadera cultura de la violencia que penetró en una sociedad inepta para enfrentarlo.
Toda esta seudomística del terror que en su momento exaltaron, cada uno por su lado, Lenin y Hitler, fue erigida en el nombre legitimador de la ideología.
Con esos antecedentes, una buena parte de una generación de jóvenes argentinos militantes de distintos partidos políticos, fue seducida por el llamado a esta violencia mesiánica, ante la incomprensión, la impotencia, la tolerancia e incluso a veces, la complicidad de un vasto sector de líderes sociales que, frente a la morbosa seducción de la muerte, no ofrecieron a esa juventud, una propuesta convocante por la vida. A la odiosa simplificación del eslogan, no supimos contraponer los ámbitos y el ambiente de la discusión racional. A la aparente eficiencia de la acción directa, no conseguimos elevar a la categoría de regla de oro, la subordinación de todos a una única soberana: la ley.
Diferentes actores fueron haciendo su aporte para la consumación de la tragedia. La Guerra Fría, que fue fría para las potencias principales pero llena de sangre para otros actores secundarios, las imágenes de las guerras de Argelia y Vietnam, la figura emblemática del Che Guevara, el triunfo de la guerrilla en Cuba poniendo fin a una tiranía, el endiosamiento de personajes como Fidel Castro, supuesto defensor de la libertad. Las palabras de Perón que desde su exilio, recibía y alentaba lo que llamaba "las formaciones especiales". Las prohibiciones y las persecuciones políticas sumaban razones para quienes postulaban la acción directa.
Se generaba el caldo de cultivo para que la violencia se hiciera moneda cotidiana y jóvenes, muchos de ellos imbuidos por ideales de justicia y libertad, asumiendo la representación del pueblo que nadie les había dado, mataban y morían. Mientras tanto, algunos dirigentes políticos de diferentes extracciones justificaban la violencia.
La teología de la liberación, fue el sustento doctrinario para que sacerdotes católicos alentaran las acciones de futuros guerrilleros. En otro plano, fueron muchos los sacerdotes que, a riesgo de su propia vida, protegieron y ampararon a gente perseguida. A ellos hay que agradecerles haberlos salvado de la muerte.
A principios de la década del Setenta asistimos a la instalación de un gobierno democrático elegido libremente por la totalidad de los argentinos.
El General Perón volvía a la Presidencia y, con ello, la ilusión de que la violencia y la muerte llegarían a su término en la Argentina. Pero no llegó la paz. La guerrilla rural, como ilusión generadora de libertad trasladada a las ciudades se convierte en terrorismo. En plena democracia, Montoneros, Ejército Revolucionario del Pueblo, Fuerzas Armadas Peronistas y Fuerzas Armadas Revolucionarias, siguieron operando.
Desde el gobierno, con total apoyo del principal Ministro de Perón, José López Rega, se gesta una perversa organización terrorista llamada Triple A, que comienza a competir con las organizaciones guerrilleras en la multiplicación del crimen y con la crueldad de la metodología empleada. El gobierno democrático de entonces, no supo, no quiso o no pudo poner fin a tanta locura.
Entre marzo de 1975 y marzo de 1976, durante el gobierno constitucional, la violencia paraestatal dejó un saldo de 52 desaparecidos según datos recogidos por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas.
Se involucra al Ejército en la represión de la guerrilla y se lo emplea para reprimir un foco de insurgencia en Tucumán. El gobierno constitucional ordena el aniquilamiento del accionar subversivo. Mientras tanto, expertos con experiencia en la guerra sucia francesa desarrollada en Argelia visitan, con anuencia oficial, a las tropas argentinas.
Muere Perón y lo sucede su viuda Isabel. La crisis económica se suma a la violencia que desde la izquierda y la derecha asolaban a la sociedad.
Frente a la indiferencia, la impotencia o la temeridad, las conducciones de las Fuerzas Armadas se hicieron cargo del gobierno; a la bulliciosa vida democrática se le opuso el silencio del autoritarismo; a la norma de la responsabilidad republicana de los funcionarios se la sustituyó por la acción de un grupo que, creyéndose elegido por una instancia superior, pretendía tener la solución para todos los problemas, para todas nuestras angustias, para todas nuestras frustraciones sin tener que rendir cuentas a nadie. Desde un lugar o desde varios lugares ignotos e inaccesibles, se resolvía sobrela vida o la muerte de los argentinos.

La represión convergió, desde el estado, en cuanto al método, con la subversión, sellando el corolario de una tragedia que se venía preparando por la acción u omisión de los múltiples actores que hemos ido señalando y muchos de los cuales han permanecido sin asumir ninguna responsabilidad.
Se ignoró que entre la represión ejercida desde el Estado y la violencia de los terroristas debe haber siempre una diferencia ética fundamental. Algo así como si para terminar con los caníbales nos comiéramos a los caníbales. Muchos inocentes pagaron con su vida tanto desenfreno.
Surge la figura del "desaparecido", alguien que no está en ninguna parte, con lo cual se abrió una herida en sus familiares imposible de curar, porque el concepto de desaparecido es contrario a la naturaleza humana. Un "desaparecido" es una biografía inconclusa, una biografía que, a diferencia de toda biografía, jamás tendrá final. El dolor tampoco.
Si la guerrilla secuestraba torturaba o mataba con una bomba a una niña de quince años que había cometido el delito de ser hija de un almirante, la represión contestaba de manera similar.
Este final dantesco es el desenlace de una tragedia, vivida por una sociedad que se mostraba a veces perpleja, a veces paralizada por el miedo, a veces indiferente a la suerte de sus compatriotas.
La justicia, distraída, rechazaba sistemáticamente recursos de habeas corpus.
Llega la restauración democrática y la decisión de enjuiciar por parte del gobierno electo, a los responsables militares que dirigieron la represión y a las cúpulas de los movimientos que optaron por la violencia. Sin embargo, quedó sin juzgar la conducta de muchos de los responsables políticos de los tiempos en que actuaba la Triple A.
Casi nadie se hizo cargo de qué, en plena democracia, con la Justicia y el Parlamento funcionando, no se impidió que sucedieran las atrocidades que se cometieron.
El estrepitoso fracaso en todos los órdenes del gobierno militar, la insólita decisión de decidir la guerra de Malvinas, con la derrota y con sus muertos, la exhibición de las crueldades cometidas en la represión, permitieron ocultar la corresponsabilidad de otros sectores en la tragedia vivida, y concentraron el reproche en un solo sector, responsable, pero no único, de lo acaecido.
A partir de 1983, se hicieron diferentes intentos de superar el pasado luctuoso; se juzgó y condenó a las cúpulas militares que ordenaron y condujeron a la represión, se juzgó a dirigentes de las organizaciones guerrilleras. Con la ley de obediencia debida se procuró distinguir entre los que dieron y los que ejecutaron las órdenes de reprimir. El gobierno del Dr. Menem postuló la amnistía, se anularon leyes por el Congreso, se declaró la inconstitucionalidad de las leyes por parte del Poder Judicial, se creó la categoría de delitos de lesa humanidad, se llevaron adelante juzgamientos en masa sin distinción de edades ni rangos militares, se indemnizó a integrantes de las organizaciones guerrilleras participantes de hechos de extrema crueldad. No se trató de la misma manera a soldados y personal militar que murieron cumpliendo con su deber.
La democracia consagra al matrimonio Kirchner en la Presidencia de la República y se inicia un nuevo experimento. Esta vez, se ensaya, superar el pasado mintiendo. En el relato oficial, hemipléjico y omisivo, se pretende hacer creer que solamente hubo represión de inocentes por parte de un sector, el militar, que tuvo la culpa de todo y al que hay que juzgar hasta sus últimas consecuencias. (si ellos tuvieron la culpa de todo, yo no tuve la culpa de nada).
Culpar exclusivamente a un solo sector es una solución cómoda porque exime de responsabilidad a muchos cuyos comportamientos en distintos tiempos, contribuyeron a la consumación de la tragedia. Pero, ¿sirve la historia como aprendizaje si se la falsea?
La tragedia de la década del setenta ha sido utilizada para ahondar nuestras diferencias. Su recuerdo, en lugar de ser el marco para superarla a través de un duelo compartido, ha sido utilizado para perpetuar el resentimiento, para estimular la división. Guatemala, El Salvador y Sudáfrica que sufrieron tragedias similares o peores que las nuestras, supieron superarlas en torno de un proyecto de futuro compartido. Las FARC y el gobierno Colombiano, luego de 50 años apuestan al perdón y a la reconciliación. ¿Por qué no intentarlo?
El conocimiento completo y descarnado de nuestro pasado asumido como un doloroso patrimonio común, con una profunda reflexión crítica que incluya a todos y a cada uno de los protagonistas, puede ser también una contribución para que, ni nosotros ni nuestros hijos, volvamos a vivir una nueva crónica de una tragedia anunciada (publicado en Revista Criterio).

* Fragmento de la presentación en la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.

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