Cuando el poder es absoluto la corrupción se vuelve estructural

Cuando el poder es absoluto la corrupción se vuelve estructural

"El poder corrompe; el poder absoluto corrompe absolutamente". Esta frase fue acuñada por el historiador católico británico John Acton, en 1887. Su contenido tiene valor universal, porque sintetiza la experiencia de los pueblos a lo largo de la historia, cualquiera sea el régimen con que se hayan gobernado.
Para la Argentina de estos días, es imprescindible que de una vez por todas se incorpore a las costumbres políticas el respeto incondicional a la división de poderes. La democracia es el gobierno del pueblo; la república, el sistema que impide que los gobernantes y legisladores elegidos por ese pueblo actúen al margen de la ley.
Toda el área de la gestión del exministro Julio De Vido está bajo sospecha.
El escándalo protagonizado por el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López se suma a la detención de quien fuera su par en Transporte, Ricardo Jaime, y a las investigaciones sobre los propietarios de empresas financiadas con fondos del Estado, Lázaro Báez, hoy preso, y Cristóbal López. Todos ellos se convirtieron en millonarios gracias, exclusivamente, al favor político y al dinero del Estado.
El escándalo que hoy conmueve a la Argentina no se hubiera producido si en la Nación y en las provincias hubieran funcionado los poderes del Estado.
Los jueces que hoy investigan a los funcionarios del gobierno kirchnerista son los mismos que estaban en funciones antes del 10 de diciembre de 2015. Es hora de revisar la real independencia de la Justicia, ahora, a la luz de estos escándalos que desnudan negociados por valores equivalentes a gran parte del producto bruto argentino. Es imprescindible poner en tela de juicio la verdadera dimensión de ese movimiento que se dio en llamar "justicia legítima" cuando no era otra cosa que una estrategia para garantizar la inacción de los jueces frente al poder político. Es hora también de analizar la muerte del fiscal Alberto Nisman, uno de los pocos funcionarios que se atrevió a investigar la corrupción; también, de revisar la suspensión del fiscal José María Campagnoli, acusado por la procuradora Alejandra Gils Carbó por avanzar sobre el enriquecimiento de Lázaro Báez.
Los legisladores que hoy ensayan una autocrítica e intentan tomar distancia del escándalo son los mismos que aceptaron durante doce años votar disciplinadamente y a libro cerrado los proyectos que enviaba el Poder Ejecutivo. El mero hecho de votar a libro cerrado, debe entenderse, le quita sentido a la existencia misma del Parlamento como poder independiente.
Es la sociedad argentina la que debe superar, definitivamente, una historia de autoritarismo que condiciona el desarrollo nacional desde 1930, y asumir ya el pleno espíritu de la república.
Nadie puede ignorar el liderazgo y la proyección histórica de Néstor Kirchner; sin embargo, su trayectoria está marcada por el incierto destino de los quinientos millones de dólares que Santa Cruz recibió en concepto de regalías y que él, por entonces gobernador de esa provincia, depositó fuera del país. Desde el punto de vista republicano, es inaceptable que Kirchner y sus funcionarios nunca se hayan sentido obligados a rendir cuentas sobre ese dinero y que las instituciones de contralor no hayan funcionado como debían para exigirlo.
La corrupción estructural es arrasadora. Dos hechos recientes muestran su enorme capacidad de daño. Una institución de prestigio internacional, fundada en la trayectoria heroica de sus integrantes, las Madres de Plaza de Mayo, fue utilizada como instrumento de corrupción con dinero público a través de un hombre con gravísimos antecedentes criminales, como Sergio Schoklender. Ahora, el ingeniero José Francisco López eligió un monasterio católico como lugar seguro para ocultar dinero en efectivo producto de la corrupción.
Más allá de los aspectos vergonzosos y grotescos de los que nos toca ser testigos, y descontando las consecuencias penales que tengan estos ilícitos que se van develando, caiga quien caiga, es imprescindible asumir que todo puede volver a repetirse si no imperan la ética de los gobernantes, la independencia de los jueces y la idoneidad y dignidad de los parlamentos.
Quienes gobiernan, además de ser honestos, necesitan colaboradores que no se aparten por ningún motivo de la ley y, también, del control de cada uno de sus actos a través de las instituciones de la república.

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