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Cuatro de cada diez asalariados en blanco son empleados estatales
En la primera semana de gestión el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Duvjone, empezó a tomar decisiones que muestran el perfil que tendrá su gestión. El nuevo funcionario, además de allanar el camino a su compañero de ruta, Luis Caputo, con el exitoso resultado que recibió del blanqueo (proveniente de la gestión de Alfonso Prat Gay), puso la mirada en un tema clave: el excesivo empleo estatal. En ese contexto, empleo e impuestos fueron dos de los temas de los que se habló en la semana.
A continuación ofrecemos un trabajo realizado por el economista Felix Piacentini, director de Noanomics, que ofrece una interesante radiografía de la situación, que también preocupa a las provincias.
Precisamente este tema fue señalado con preocupante por el flamante ministro de Hacienda.
Sostiene el economista Piacentini: "Vengo estudiando y advirtiendo sobre sus nefastas consecuencias hace unos años, viendo con satisfacción que finalmente llegó a la agenda. Entre 2003 a 2015 el empleo público de Nación y provincias creció un 52% y 53%, respectivamente, por lo que entre las tres esferas del Estado (Nación, provincias y municipios) tenemos una planta de 3,5 millones de personas. Es decir, hoy en la Argentina casi 4 de cada 10 asalariados en blanco son estatales, con un peso sobre el empleo total que duplica el promedio de Latinoamérica".
Más adelante el trabajo destaca que detrás de este fenómeno subyace la falta de empresas. "Y es que nuestro país está inmerso en un círculo vicioso de falta de empresas, exceso de empleo público y elevado nivel de empleo en negro. En Argentina tenemos unas 15 empresas por cada mil habitantes, cuando por ejemplo en Chile existen 53. Y es ahí donde comienza el círculo vicioso, especialmente en las provincias. Ante la supuesta debilidad del sector privado para crear empleo los gobiernos han aprovechado esa excusa, más motorizada por el clientelismo político, para expandir las plantillas públicas muy por encima del crecimiento poblacional. Es así que el exceso de empleo público en las provincias (aquel que creció por arriba del crecimiento demográfico) llega hoy a un 34% por arriba del nivel óptimo. En números absolutos esto significa que se han nombrado en exceso poco más de medio millón de personas. Ahora bien, para financiar ese gasto adicional en personal las provincias han tenido que dejar de gastar en otras cosas. Y la variable de ajuste ha sido la inversión pú blica".
Mientras que el gasto en personal de las 24 provincias casi se duplicó entre 2004 y 2015, pasando de 4,8% del PBI a 8,5%, los gastos de capital se mantuvieron constantes en este lapso en solo un 2% del PBI. Además, las jurisdicciones tuvieron que subir impuestos para financiar este exceso, pasando la presión fiscal provincial desde el 3,7% al 5,5%. Aún así solo llegaron a cubrir la mitad del gasto adicional que ese exceso de empleo público implicó, quedando más vulnerables al favor del gobierno central de turno para cubrir ese faltante. Entonces, si para solventar esta política de clientelismo y/o seguro de desempleo injusto los gobiernos invierten menos en rutas, trenes y puertos, y elevan la carga fiscal, en realidad la debilidad del sector privado para crear empleo es infligida por el mismo Estado, que le quita competitividad en esos factores clave.
"Y allí volvemos al punto de partida del círculo vicioso, apareciendo de nuevo la tentación de seguir creando empleo público y comenzar de nuevo", argumenta el economista.
El trabajo publicado en el Cronista Comercial destaca que "la dificultad desde el plano fiscal es que este exceso de empleo público por sobre el nivel óptimo sale carísimo y representa 2,2 puntos del PBI. Sin él las 24 provincias podrían haber tenido un superávit de $80 mil millones en 2015, en lugar del déficit de $52 mil millones que exhibieron, o podrían haber duplicado su nivel de inversión pública, que casualmente representa también 2 puntos del PBI; o estarían en condiciones de reducir un tercio la presión fiscal provincial".
Finalmente, asegura que "este problema difícilmente podría resolverse con una política de shock. Echar a 500 mil personas no es viable ni social ni políticamente. El camino más realista es estimular la creaciónde nuevas empresas que vayan absorbiendo el excedente.

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