Expresidentes iberoamericanos pidieron ayer a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condicionar la renovación de Venezuela como miembro de su Consejo de Derechos Humanos a la liberación de opositores y la presencia de observadores internacionales en las elecciones legislativas del 6 de diciembre.
El deterioro de la situación de derechos humanos en Venezuela, la deficiente política exterior del país en esta materia, el desconocimiento de las resoluciones emitidas por las distintas relatorías y grupos de trabajo del Alto Comisionado de Derechos Humanos por parte del Gobierno venezolano y su actitud obstruccionista en el Consejo de Derechos Humanos durante los últimos tres años son un obstáculo para que se le otorgue una segunda oportunidad para acceder sin más requisitos a este influyente órgano de 47 miembros, afirman en un comunicado catorce exmandatarios iberoamericanos.
Los expresidentes, entre los que se encuentran el mexicano Vicente Fox, el chileno Ricardo Lagos y el español Felipe González, recordaron que la resolución 60/251 adoptada por la Asamblea General de la ONU en 2006 por la cual se creó el Consejo de Derechos Humanos, indica que sus miembros deberán "aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos" y "cooperar plenamente con el Consejo". El Gobierno de Venezuela no ha cumplido con estos requisitos.
"La concentración de poder y la falta de independencia judicial en Venezuela han permitido que el gobierno intimide, censure y persiga a los críticos", añade el comunicado enviado por el Club de Madrid, una asociación dedicada a la promoción de la democracia que reúne a exmandatarios de varios países.
En la nota también se denuncia que Caracas "ha repudiado la labor de observadores internacionales de derechos humanos".
Los exmandatarios recuerdan que expertos de la ONU han cuestionado el uso de la televisión pública para "criticar a defensores de los derechos humanos" y que en el último año "Venezuela ha usado su posición en el Consejo de Seguridad de la ONU para demorar, e incluso bloquear, acciones para proteger derechos humanos en Siria y Sudán del Sur".
"El hecho de que Venezuela viole abiertamente sus obligaciones jurídicas internacionales de derechos humanos más elementales es incompatible con el ingreso en el Consejo de Derechos Humanos", afirman los firmantes que piden que para mantenerse en ese organismo Caracas demuestre que va a cambiar de actitud.
Para ello, le piden "la liberación inmediata" de los opositores presos "por ejercer sus derechos de opinión y manifestación pacífica" y que acepte "la integración en la misión de seguimiento electoral de Unasur de todos los expertos independientes y cualificados, enviados por la OEA, la UE y otras organizaciones internacionales" en los comicios legislativos.
Venezuela, cuyo puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU expira este año, aspira a renovar el mismo en la elección del próximo día 28 en competencia con Ecuador, Panamá y Bahamas.
Tres de estos cuatro países representarán a Latinoamérica y el Caribe durante tres años en el Consejo.

Denuncian al régimen ante la CIDH
Activistas y periodistas venezolanos denunciaron ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la opacidad de los organismos públicos debido a la restricción de acceso a la información pública en el país sudamericano.
El acceso a la información de organismos gubernamentales en Venezuela es "prácticamente inexistente", dijo la directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, en el marco del 156 período de sesiones de la CIDH, órgano de la OEA.
Según De Freitas, 60 de 475 normas y decretos vigentes en los últimos 16 años limitan el acceso de periodistas y ciudadanos a la información pública. Existe un marco legal "restrictivo" y sentencias judiciales que crean "nuevos obstáculos", porque los jueces consideran que los pedidos de información "atentan contra la eficacia del Estado", apuntó.
Por parte de las autoridades, el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, William Castillo, resaltó el "esfuerzo del Estado" en prácticas de gobierno electrónico y leyes que promueven el "infogobierno".
"Hay debilidades que hay que atender", reconoció.
Pero el relator de la CIDH para Venezuela, el chileno Felipe González, recordó que el acceso a la información en Venezuela es un tema recurrente en las sesiones del organismo interamericano y acusó a las autoridades venezolanas de desatender las acusaciones.

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