Aún no se vislumbra un punto final a los malabares financieros y fiscales de las intendencias. El cambio neurálgico, que descomprima la absoluta dependencia de las comunas de las transferencias nacionales y provinciales, debe germinar con el desarrollo integral, profundo e inclusivo.
Los intendentes estarán atento al goteo de la coparticipación. Esperan una recuperación ante los alicaídos envíos del primer semestre.
Hay que mirar más allá. El peso del empleo público es abrumador en las intendencias. Es que en los pueblos no quedan muchas salidas. Sin industrias, un comercio legal fuerte y con una actividad primaria asfixiada, la intendencia se convierte en la única aspiración para un trabajador, aunque en muchos casos perciba salarios inferiores al mínimo vital y móvil.
El Plan Bicentenario, financiado con un crédito internacional, y la inyección de otro préstamo de la Anses reactivarán la obra pública, ¿pero logrará ese endeudamiento reducir el retraso?
La misión es capitalizar, lograr resortes para el desarrollo. Un cordón cuneta mejora la vida, pero Salta requiere, además de obras de saneamiento, rutas productivas y complejos industriales en funcionamiento, lo que acrecentará las magras recaudaciones municipales.
El próximo año la Provincia elevará 1,5 puntos el esquema de distribución entre las comunas y llegará al 15% del total de recursos. Es un paso, pero el federalismo va más allá de cuestiones fiscales.
Salta debe avanzar hacia un estadío para que cada vez que sople una crisis, cambiar un foco de alumbrado público o no tener fondos para el combustible no sea un problema.

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