En la Argentina, los ciudadanos de a pie estamos en el horno.
El desarrollo de las corporaciones, a las que por todos los medios intenta sumarse ese ciudadano, se ha dado pausada pero constantemente. No han hecho más que consolidarse y siempre al acecho, aprovechan cuanta oportunidad tienen para anotar mejoras o privilegios.
Los pensadores de la República concibieron un sistema de pesas y contrapesas entre un poder y otro y lograron, al decir de Winston Churchill el "menos malo" sistema de gobierno, la "República Democrática". Sin embargo, lo que quedó librado, en muchos casos por ser ad-
honorem en aquel entonces, fue la forma en que se fijarían las dietas o sueldos de los funcionarios de estas organizaciones.
Hoy nos encontramos con jueces que fijan sus sueldos y privilegios, -Ganancias es un buen ejemplo- y legisladores que fijan sus dietas y prebendas.
No puede la cosa estatal estar tan divorciada en su funcionamiento de una empresa privada productora de bienes o prestadora de servicios. El caso es que ningún dueño o gerente le dice a su personal fíjense los sueldos, y los beneficios.
Y eso es lo que nos pasa. Ante el sufrimiento de millones de argentinos, que no llegan a fin de mes y algunos no comen hacia fin de mes, nuestros jueces acaban de rechazar el pago de Ganancias y casi simultáneamente los legisladores salteños decidieron una suba de 15.000 pesos en sus respectivas dietas.
Es cuanto menos ingenuo imaginar que los sueldos serán regulados por la proverbial, honesta y equitativa actitud de los funcionarios. Eso debe ser reformado y debe diseñarse un sistema para que esos sueldos sean regulados por un cuerpo independiente y prescindente de los intereses particulares de cada sector, considerando en su justa medida la necesidad de autonomía económica que exigen sus decisiones.
Pero hay más, cuando un legislador nacional no utiliza los boletos de avión que le provee su cámara para trasladarse a y desde su provincia natal, los cobra por caja. Tiene todas las connotaciones de un acto ilícito. El boleto se otorga para que asista a la sesiones; si no lo hace, resulta premiado con el valor del boleto que no utilizó.
El cuadro es mucho más amplio, estas son simplemente pinceladas gruesas de la impronta de una flagrante injusticia ante el ciudadano de a pie, resuelta por los propios beneficiarios.
Un operario en la actividad privada trabaja 8 x 5 + 4 = 44 horas en la semana. Un empleado público trabaja ajustadamente 6 x 5 + 0 = 30 horas. El año tiene 49 semanas por lo que un empleado público trabaja 1.470 horas, en tanto un privado 2.156 horas. Huelga comentar la diferencia de exigencia en uno y otro caso.
Pero volviendo a las horas, alguien trabaja de más 686 horas o alguien las trabaja de menos.
Pactos espurios, presiones gremiales, prebendas eleccionarias han deformado hasta lo inaceptable el tiempo de trabajo de los empleados públicos.
Y esto también debe ser corregido como parte de la transformación del país hacia una democracia republicana realmente igualitaria, equitativa y justa para todos
Jueces, fiscales, poder judicial, legisladores nacionales y provinciales y empleados público en general deben comprender que quien les paga el sueldo en realidad trabaja un 46,66% más que ustedes a la vuelta del año.
En cuanto a los señores jueces específicamente, deponer su actitud, que hiere la sensibilidad pública precisamente por ser ellos los hombres de los que se requiere equidad en sus juicios y en todo caso, la equidad bien entendida debería empezar por casa.

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Sección Editorial

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