Debate por la policía de investigaciones

Pablo Cardozo Cisneros

Debate por la policía de investigaciones

El poder político ya nos tiene acostumbrados (aunque no resignado, en lo personal) a innovar en materia de justicia y seguridad, así se permitió (ante la inconciencia o desidia de los legisladores) que el Ejecutivo provincial pusiera a punto una serie de instituciones sui generis y bastantes lesivas al orden constitucional. Ahora, mediante el impulso de la denominada policía de investigaciones (expte. Nº 90-24.967/16), se pretende que el Ejecutivo tenga a disposición un órgano de facultades oscuras y funciones (misiones, le llaman) aún más enigmáticas, si no redundantes con la ya existente policía de seguridad.
Ese arcano, dejado cual caja de Pandora por el exministro de Seguridad Alejandro Cornejo, padece de una inextricable naturaleza y de una incurable inconstitucionalidad.
Dolencias que por lo que se ve, no llamaron la atención a los muy disciplinados senadores, quienes aparentemente no profundizaron en el examen de "la cosa" bajo el tamiz republicano y constitucional, puesto que el mentado proyecto ya cuenta con media sanción.
¿Qué es esta policía?
Para este sucinto análisis es menester señalar qué es la policía de investigación y diferenciarla de lo que el Ejecutivo provincial quiere que sea la "Policía de Investigación" salteña.
En primer lugar y sin ánimo de generalizar, digo que toda policía de investigación argentina sigue el modelo de la Policía Judicial cordobesa, es decir, son cuerpos de investigación (desde detectives hasta técnicos y científicos) compuestos por personal civil, no militarizado, que son auxiliares directos del Poder Judicial o indirectos porque dependen de los ministerios públicos fiscales o de acusación, los cuales (de aquellos que tienen cuerpos de investigaciones), sin excepción alguna en nuestro país (salvo en Salta), dependen a su vez de los poderes judiciales de cada provincia, o sea que siempre actúan bajo control judicial.
Invocando a los espíritus
Ahora bien, el proyecto legal diseñado por el Ejecutivo provincial dice en su artículo 2, que este novel cuerpo es "una institución civil". Hasta ahí todo bien hasta que agrega, además de civil, el adjetivo de "armada" aparte de asignarle tareas de "prevención" y (no sé si calificarlo de risible o de tan inocuo como un muñeco bomba) de "conjuración".
Esta última palabreja motivó mi consulta en el diccionario de la RAE, señalándose en su versión web que conjurar viene del latín "coniurare" y que tiene siete acepciones, a saber:
-Ligarse con alguien, mediante juramento, para algún fin. -Conspirar, uniéndose muchas personas o cosas contra alguien, para hacerle daño o perderle.
-Dicho de quien tiene potestad para ello: decir exorcismos.
-Increpar, invocar la presencia de los espíritus.
-Rogar encarecidamente, pedir con instancia y con alguna fórmula de autoridad algo.
-Impedir, evitar o alejar un daño o peligro.
-Tomar juramento a alguien.
A la luz de estos significados, es de esperar, en caso de que este proyecto se convierta en ley, que el Ministerio Público de la Provincia dé inicio a los cursos de capacitación del personal con la disertación de los padres Merrin y Karrasà.
Qué es lo que está mal
Como ya habíamos apuntado, se sobreentiende que el sesgo diferencial entre este cuerpo que se pretende crear respecto de las llamadas policías de seguridad (si es que realmente se pretende hacer algo diferente a lo malo que hay) es que por naturaleza no son institutos militarizados, cosa de la cual se aparta el modelo salteño, ya que el proyecto en análisis abunda en portaciones de armas, distintivos, jerarquías, placas, escudos, pendones, uniformes, etc. En fin; la "Policía de Investigaciones" salteña está cundida de pompa, circunstancia, parafernalia y estructuras idénticas a la de la Policía de Salta, de la cual quiere diferenciarse.
“Ahora, el proyecto ideado por el Ejecutivo provincial dice en su artículo 2, que este novel cuerpo es ‘una institución civil’”.
Asimismo, se debe predicar de este proyecto que en su articulado se confunden conceptos y, lo que es peor aún, los mezcla, ya que le asigna a este cuerpo el nombre de "policía" para después decir que estará compuesto por personal "policial" y "civil" (estos últimos sin estado policial) cuando, en realidad y por su naturaleza, debo recalcar que una policía de investigaciones dentro de la legalidad y la constitucionalidad debe estar compuesta por civiles sin estado policial en ningún caso, y mucho menos armados, ya que solo tienen facultades de investigación y no de represión de delitos.
¿Si no en qué se diferenciaría de la ya existente policía de seguridad?
Pero lo peor de este proyecto, y por eso ha sido blanco de muy fundadas críticas, es que depende exclusivamente del Ministerio Publico Fiscal (es decir, del Ejecutivo) y sus acciones (inclusive los conjuros o sortilegios que sus miembros están dispuestos a realizar) están totalmente fuera del debido contralor judicial, lo que no puede ser permitido.
Estado de derecho y de seguridad
Giorgio Agamben (Roma 1942), uno de los más prominentes autores de la criminología, señala en su "Del Estado de derecho al Estado de seguridad" que "el Estado ('de seguridad' en contraposición al 'Estado de derecho') se funda duraderamente en el miedo y debe, a toda costa, mantenerlo, pues extrae de él su función esencial y su legitimidad."
Es la agitación del fantasma de la inseguridad el espíritu que impulsa a este proyecto, ya que los fundamentos que "exigen" la creación de un cuerpo de investigaciones "profesional", "confiable", "eficaz" e "incorruptible" serían aquellos que indicarían que la Brigada de Investigaciones dependiente de la Policía de Salta no presentaría o habría perdido esas cualidades. De hecho, la senadora Abilés, durante las sesiones que dieron media sanción al proyecto de policía de investigación, dijo: "Sin lugar a dudas, los tiempos que vivimos nos exigen nuevas técnicas de investigación y de persecución del delito". Señalando luego que este cuerpo realizará tareas de "prevención" (¡¿para qué sigue existiendo la Policía de Salta, entonces?!), desconociendo la senadora que este cuerpo, tal como su normal naturaleza obliga, recién comienza a trabajar "ex post facto".
En ese contexto legislativo de basar presuntas necesidades de creación de este organismo en desinformados sofismas, queda muy claro que el nacimiento de esta nueva agencia de seguridad demostrádamente "paralela" a la Policía de Salta no es sino fruto de espurias y temerarias maquinaciones destinada a cumplir quién sabe qué inconfesables propósitos pero tal vez, solo tal vez, ojalá solo sea producto de los sueños de un imperito devenido en ministro de Seguridad.

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