La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial hizo lugar a un recurso de apelación y dispuso la extensión de la obligación alimentaria del padre a favor de su hijo mientras éste curse regularmente sus estudios universitarios y hasta que cumpla los 25 años de edad.
El joven M.E. apeló la sentencia de primera instancia en la que se dispuso el cese de la obligación alimentaria considerando que la misma "no reviste la característica de permanente". Apeló apuntando que no se le dio participación en el proceso solicitando que se le extienda la obligación alimentaria ya que se encuentra estudiando una carrera universitaria y además es insulinodependiente por padecer diabetes tipo 1 por lo que requiere la obra social paterna.
Las juezas Verónica Gómez Naar y Hebe Samson puntualizaron que el beneficiario de la cuota alimentaria, "no ha sido oído antes del dictado de la sentencia" advirtiendo la necesidad de tomar un criterio amplio en torno al aspecto procesal en resguardo de los derechos en juego.
Y recordaron que el artículo 663 del nuevo Código Civil y Comercial establece que la obligación de los progenitores de proveer recursos al hijo subsiste hasta que éste alcance la edad de veinticinco años, si la prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio, le impide proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente.
El nuevo Código Civil y Comercial además incorporó la viabilidad del reclamo de alimentos para que el hijo mayor pueda continuar sus estudios pasado en dos principios reconocidos como la necesidad de procurar la conservación del individuo y la solidaridad familiar.
"La jurisprudencia dijeron las juezas- ha interpretado que el recaudo de imposibilidad de trabajar -en el caso particular de los hijos mayores de veintiún años que estudian no necesita ser absoluta, bastando que el desarrollo de tareas laborales signifique desatender las necesidades de formación profesional o científica; y que la obligación alimentaria de los padres subsiste hasta el fin de la educación de los hijos, es decir, hasta el fin de su formación que les permite subvenir sus necesidades."
Y puntualizaron que el hecho que los hijos lleguen a los 21 años no significa que estos se encuentren en condiciones de autosustentarse. "Todo lo contrario, el mercado laboral suele ser muy hostil y complejo tanto para los jóvenes como para las personas bien adultas, para ambos la inserción en el mercado laboral no es sencilla y, si lo hacen, es en situaciones y condiciones adversas, con retribuciones escasas que hacen que la total independencia en su sostenimiento sea difícil de alcanzar."
Es decir se produce un cruce entre los principios de realidad y de solidaridad familiar. Y a ello se suma que la asistencia económica durante un lapso razonable para finalizar los estudios no excedería las posibilidades del padre.
Condicionaron las juezas la continuidad de la obligación a la prosecución de los estudios. "El abandono de los estudios o la pérdida de la regularidad establecida para la carrera acreditada provocará la cesación de la obligación alimentaria", marcaron.
Es así que las juezas de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial se pronunciaron por revocar la sentencia de primera instancia y prorrogar la obligación del padre a favor de su hijo hasta que éste alcance los 25 años "en la medida en que curse regularmente sus estudios".

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