La corrupción con fondos destinados a la obra pública no nació en Santa Cruz. Ya tenía vida en décadas anteriores, pero nunca con la intensidad expuesta en el ciclo de 12 años de la administración kirchnerista. La modalidad en este tiempo fue la de exigir retornos por pagos de certificados o subsidios o simplemente sumas de dinero para aprobar adjudicaciones, mayores costos o levantar penalidades. Los pagos se realizaban en dinero en efectivo, dólares o euros, con entregas a cara descubierta a funcionarios o sus intermediarios. En ese ir y venir, muchos gobernadores quedaron a mitad de camino y los resultados son evidentes: obras inconclusas, viviendas sin terminar, rutas destrozadas y lo más importante es que la plata ya no está.
El presupuesto de obra pública confeccionado por la administración anterior y aprobado por el Congreso en septiembre de 2015 estaba armado de tal manera que había un desarrollo perpetuo de cada obra. Anticipos financieros y sobreprecios fueron la matriz de un sistema corrupto en perjuicio del Estado. De esta manera los gobernadores se quedaron sin fondos para las obras inconclusas, inclusive este Gobierno ahora las vuelve a licitar entre un 30 y un 40% más barato.
Habrá que tallar, dar de nuevo y volver a empezar. Dice el escritor Sergio Sinay que solo desde un pensamiento mágico e infantil (que prevalece en esta sociedad) o desde la mala fe (otro producto que abunda) se puede pedir la transformación inmediata del infierno al paraíso.

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