Hoy podrían concluir los trámites relacionados con la liberación de los 11 involucrados con la toma de la Unión Tranviario Automotor (UTA). "La demora obedece a que todavía no se firmaron todas las tutorías", argumentó uno de los abogados defensores. Se refiere al acta compromiso que la Sala I de Tribunal de Juicio exige para disponer las excarcelaciones en la que las esposas de los imputados asumen el rol de garantes de la medida. Según el escrito elaborado por la secretaría del tribunal, las mujeres tienen la obligación de "cuidar y vigilar" el comportamiento de sus cónyuges para asegurar el normal desarrollo del proceso hasta que se realice el juicio oral en fecha a designar.
Roberto Reyes, defensor de los imputados Agustín Darío Cayo y Oscar Orlando Camacho, explicó que hasta el mediodía de ayer "estaban faltando algunos avales y por eso la liberación de los muchachos se está demorando". El letrado estimó que esa diligencia podría concluir hoy a la mañana y que si todo está en orden, el presidente del tribunal de juicio, Martín Pérez, podría estampar hoy mismo la firma para que los detenidos recuperen la libertad bajo las condiciones que establece el acta compromiso.
Cabe remarcar que entre los acusados por la toma del gremio que nuclea a los choferes de colectivos se encuentran cuatro miembros de la comisión directiva y dos delegados de empresas. El secretario de asuntos gremiales Omar Pereyra está sindicado como el cabecilla del movimiento que, de acuerdo con la investigación fiscal, apuntaba a destituir el titular del sindicato, Jorge Flores. En tanto que el secretario adjunto, Sixto Domingo Tactagi, fue acusado por Flores de haber actuado en connivencia con los revoltosos en el edificio de la calle San Luis 555.
De acuerdo con la imputación del fiscal Horacio Córdoba, y confirmada por el juez de Garantías, Ignacio Colombo, los sospechosos incurrieron en los delitos de "secuestro coactivo, robo en poblado y en banda y daños". Flores denunció que los que coparon la sede gremial lo coaccionaron para que renuncie al cargo, que fue víctima de agresiones y de presión psicológica. También los acusó de haber producido daños a las instalaciones del sindicato, de la desaparición de discos rígidos de las computadoras y de la desaparición de dinero de la oficina del secretario de finanzas.

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