Una investigación que lleva adelante la Fiscalía Federal N§ 2 de Salta, a cargo de Eduardo Villalba, y la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) reveló millonarios desmanejos detrás de la comida de los presos del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) encontraron que se realizó una supuesta sobrefacturación por $1.957.725,5 en beneficio de la empresa Servicios Integrales de Alimentación S.A. (SIAL) proveedora de alimentos en el Complejo Penitenciario Federal de Salta NOA. Los investigadores llegaron a esta conclusión después de cotejar las raciones facturadas durante septiembre de 2013 a diciembre de 2015 con la cantidad de población que poseía el complejo penitenciario.
Esta investigación, que terminó en un escándalo dentro del SPF, llevó a que el Gobierno nacional impulsara cambios para transparentar el manejo de los recursos destinados a las cárceles. Es más, el jueves de la semana pasada el titular del SPF, Emiliano Blanco, dispuso la remoción de la cúpula administrativa luego de que el juez Federal de Salta, Miguel Medina, citara a prestar declaración indagatoria a 38 altos funcionarios del Sistema Penitenciario Federal, en el marco de la causa por administración fraudulenta de los recursos destinados entre 2012 y 2015.
El fiscal Ad Hoc de Procuvin, Fernando Vallone, en diálogo con El Tribuno expresó que esa remoción de la cúpula administrativa y el apartamiento del exjefe del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Fernando Díaz, por parte de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, están relacionados por la investigación iniciada en la provincia.

A indagatoria

El hambre en las cárceles por la entrega de escasos alimentos desde hace décadas es denunciado por distintos organismos, pero es la primera vez que una investigación provoca un impacto tan importante dentro del SPF. Fernando Vallone la catalogó de "inédita e histórica". Por ahora la causa se encuentra paralizada por decisión del juez federal, pero desde la fiscalía esperan que se reanude prontamente. En septiembre el titular del Juzgado Federal N§ 2 de Salta, Miguel Antonio Medina, hizo lugar al pedido del fiscal federal Eduardo José Villalba para que se realice la indagatoria a 38 funcionarios de la más alta jerarquía del SPF por corrupción en la compra de alimentos por la deficiente alimentación en esa institución penitenciaria.
El Tribuno dialogó con el fiscal interviniente y expresó que procesalmente la causa tiene suspendidas las indagatorias por los planteos que la defensa realizó, ya que pidió ver el requerimiento. "El juez suspendió las indagatorias porque los imputados querían ver la promoción de la acción penal del Ministerio Público", comentó Villalba. Y agregó: "Nosotros interpusimos una reposición contra ello y una apelación en subsidio. Recurrimos a esa decisión porque consideramos que para eso está la indagatoria y es ahí donde se trancó la causa".

Gobernadora Vidal

Dentro de los 38 funcionarios de la más alta jerarquía del SPF que fueron llamados a indagatoria y que se negaron a ser indagados hasta ver la causa se encuentra el exjefe del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Fernando Díaz, quien además se encuentra en la lista del descabezamiento que hizo la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.
Díaz, en aquel entonces se desempeñaba como auditor general del Servicio Penitenciario Federal. La causa en su contra por irregularidades en el suministro de alimentos en la cárcel Federal de Salta fue impulsada por la Procuraduría contra la violencia institucional y fue decisivo para la decisión que tomó la gobernadora Vidal.

Régimen de hambre

Según la información detallada en el sitio oficial www.fisca les.gob.ar/, en su investigación, los representantes del MPF advirtieron que se instauró un "régimen de hambre" que generó graves padecimientos a las personas allí detenidas, y cuya causa habría sido la mala prestación del servicio de catering por parte de la firma SIAL. Al mismo tiempo, de acuerdo a lo detectado por el MPF, los costos del servicio se actualizaban "arbitrariamente", incluso por encima de todos los índices de inflación.
"Asimismo, acreditamos que hubo sobrefacturación por casi 2 millones de pesos. Esta obedecía a que se pagaban viandas por encima a la cantidad de internos para el día facturado", comentó el fiscal. Y continuó: "Por otro lado advertimos que al legítimo abono se lo justificaba en la "emergencia de dar alimentación'' pero eso no era así porque era una necesidad absolutamente previsible".
Según el fiscal, la deficiente alimentación que prestaba SIAL contaba con la anuencia del SPF. Eso les permitió a los fiscales afirmar que dicha conducta era un modo de someter a vejaciones a los internos pues se los hacía pasar hambre. “La conducta la calificamos como defraudación a la administración en concurso con vejaciones”, agregó Villalba.
Desde la fiscalía además aclararon que el gobierno anterior nunca llamó a licitación y se realizó por legítimo abono invocando urgencia, pero “la urgencia no puede durar cuatro años”, aclaró.
Es por eso que surge la pregunta: ¿por qué el Estado nacional continúa requiriendo los servicios de esa empresa?

Inicio de la investigación

El 30 de julio, El Tribuno publicó un informe en donde se mostraba que la Justicia Federal avanzaba en una investigación sobre millonarios desmanejos detrás de la comida y presuntas irregularidades en la provisión de alimentos a las personas privadas de la libertad en el Complejo Penitenciario del Noroeste y en la Unidad Nº 16, ambas ubicadas en la provincia. En la misma se ponía bajo la lupa al Servicio Penitenciario Federal y a la empresa Servicios Integrales de Alimentación S.A. (SIAL), las que habían recibido $42.799.317,87 en viandas para los presos.
En base al análisis realizado de documentación secuestrada en los allanamientos, determinaron que se dio en el marco de un régimen “irregular y excepcionalísimo” de contratación pública denominado legítimo abono.
“El procedimiento sería así. El SPF tramita el legítimo abono. Lo aprueba, libra la orden de pago y con eso la Secretaría de Hacienda es la que realiza el pago”, expresó Villalba.
En el marco de esa causa, se realizaron simultáneos allanamientos en ambas dependencias federales y en las oficinas de la empresa SIAL, ubicadas en Salta y Buenos Aires.
Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal Nº 2 e intervinieron representantes del juzgado, de la Fiscalía Federal Nº 2 de Salta, a cargo del coordinador de Distrito, Eduardo Villalba, y de la Procuraduría de Violencia Institucional.
“Desde el año 2011, desde que se inauguró el Complejo NOA, se favoreció a SIAL en la prestación del servicio de viandas. En la causa acreditamos que se daba una deficiente alimentación a los internos pese a las sumas millonarias que se pagaban”, comentó Villalba. Y agregó: “La causa de esa deficiente alimentación era el irregular modo de contratación por legítimo abono. Utilizando este mecanismo se le pagó a SIAL (redondeando) 42 millones de pesos desde agosto de 2012 a enero de 2016”.


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Sección Editorial

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ALBERT LUIS
ALBERT LUIS · Hace 25 días

culpable tiene que haber .....o van ser protegido del Gobierno Salteño........otra VERGUENZA mas ..........NO TIENE QUE DUDAR LA JUSTICIA CAER CON TODO SU RIGOR CON LOS CULPABLES.........PLATA DEL ESTADO.......ESTOS SEÑORES JERARQUICOS O JEFES SON SEÑORES ...............SON PROTEGIDOS......SE TIENE QUE TERMINAR CON ESTOS DELINCUENTES........!!!


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