Mientras en la publicación realizada en esta columna el miércoles pasado efectuábamos un comentario sobre "guardias pasivas", este mismo diario (y prácticamente todos los medios periodísticos del mundo) daban a conocer una novedad proveniente de Francia: el derecho de los trabajadores a desconectarse digitalmente de la empresa durante sus periodos de descanso.
De alguna manera se trataría de una forma atípica de guardia pasiva. La noticia es relevante no tanto por su importancia práctica como por lo novedoso del tema, ya que es la primera vez que un país legisla expresamente sobre esta cuestión. Esta temática particular se presenta en Francia en un contexto más amplio que es el de la "reforma laboral" que ha encarado el Gobierno galo en los últimos meses. Tal como parecería ocurrirá en nuestro país, todos los nuevos gobiernos -en cualquier lugar del mundo- encaran "reformas laborales" con las que piensan van a solucionar graves problemas estructurales de desempleo, inequidad y pobreza.
En todos los casos la experiencia ha demostrado su total ineficacia para tales cometidos, logrando solo mayores injusticias y precariedad. Volviendo al tema, la conexión digital de los trabajadores se ha desarrollado en forma tan sutil que muchos trabadores, llegan a ocupar parte importante de su tiempo que deberían dedicar al descanso en contestar las cuestiones que se le formulan vía correo electrónico, Twitter, WhatsApp, Facebook, etc. aún en horas de la noche, fines de semana, vacaciones, etc., ocupando parte importante del tiempo que debería dedicar a su descanso. La pregunta es si el empleador puede obligar al trabajador a estar conectado para estos menesteres. La respuesta, obvia, es no. Salvo casos de urgencias o situaciones excepcionales contempladas con criterio de colaboración, o que expresamente haya sido convenido. Cuando se establezca por acuerdo de partes también deberá establecerse la forma de retribución, que en este caso se presenta difusa de acuerdo al marco legal vigente. El derecho a no estar conectado, en general, puede considerarse implícito en la mayoría de las Constituciones de las diferentes naciones. En nuestro caso, la reforma de 1994 incorporó en su artículo 75, inciso 22, la vigencia de diversos tratados internacionales sobre derechos humanos, que contemplan el derecho a la intimidad de cada persona. Por su parte, el Nuevo Código Civil y Comercial en forma expresa incorpora al derecho a la intimidad entre los derechos "personalísimos".
Sin embargo, ni las leyes laborales ni los convenios colectivos se han ocupado del tema. Tampoco se aborda, en la redacción de los contratos individuales o en los reglamentos internos de empresa. Seguramente, a partir de esta noticia las empresas advertirán la importancia de establecer una regulación expresa. En muchos casos, ello les permitirá evitar las consecuencias negativas para la empresa, como lo señalábamos al hablar de "guardias pasivas".

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