El presidente Mauricio Macri dio un paso gigante para devolverle al país la competitividad minera internacional perdida. Argentina había dejado de ser destino de la inversión mundial desde la generalización de las retenciones a las exportaciones de minerales ocurrida durante el año 2007.
Los pocos proyectos que se desarrollaron a partir de entonces, lo hicieron por la tentación especulativa que ofrecían los altos precios de los commodities; pero los capitales que se encontraban dispuestos para desarrollar proyectos como El Pachón, Agua Rica, Los Azules o Potasio Río Colorado, emigraron a otras tierras que ofrecían un esquema tributario competitivo. Este es el marco que acabamos de recuperar, junto a las esperanzas en concretar el desarrollo de la industria minera sustentable, luego de una década de oportunidades perdidas.
Distintas voces, de disímiles espacios del arco ideológico, se levantaron en contra de esta decisión política fundamental. Decisión que fue acompañada por gobernadores de provincias andinas, trabajadores y empresarios de más de 120 pymes exportadoras de minerales industriales y rocas de ornamentación. Se podrá mantener ahora niveles de producción y empleos, ahuyentado el fantasma de cierres y desocupación.
Es tal vez entendible la posición de quienes, aun heridos o nostálgicos, tras la elección de noviembre declaran a favor de una continuidad que no se dio. Pero hay otro grupo de dirigentes que, en nombre del interés general, fijan posiciones sin conocer las características y particularidades propias de la industria minera.
Estos últimos lo hacen desde tres planteos: hablan de supuestos privilegios impositivos, de una pérdida de recaudación y lo mezclan con la cuestión ambiental.
Impacto ambiental no es sinónimo de contaminación ambiental. La línea que divide ambos conceptos están en las leyes 24585 y 26639, de Impacto Ambiental Minero y General del Ambiente. La primera, más rigurosa, estableció parámetros de emisión similares a los permitidos en los países de mejor gestión ambiental del planeta. Para evitar emisiones no permitidas, debemos ayudar a mejorar controles, los que, abiertos y participativos, midan valores de aguas, suelos y aire, informando resultados en tiempo real.
Quienes denuncian "privilegios impositivos" con que cuenta la minería, confunden, pensando bien, estabilidad fiscal con exenciones impositivas. La industria minera paga un 35% por impuesto a las ganancias, a la ganancia mínima presunta, a la distribución de dividendos, a la seguridad social, a la energía eléctrica leyes 23681 y 24065, a los combustibles líquidos y gas natural, a los débitos y créditos bancarios, sobre bienes personales, y el resto, todos, con las mismas alícuotas a las del régimen impositivo general. También tributa los impuestos provinciales y tasas municipales vigentes al momento del otorgamiento de la estabilidad fiscal. Además, pagan a las provincias cánones y regalías.
La decisión del presidente Macri significó un aparente "costo fiscal consolidado" de unos US$ 128,7 millones anuales. Decimos aparente porque esta detracción desaparecerá con la llegada de inversiones, las que por las retenciones nos esquivaban.
Para desarrollar el proyecto Taca Taca en Salta, se necesitan 3.500 millones de dólares, un monto 27 veces mayor al costo fiscal que les preocupa, y se recaudaría al entrar en producción la mina, sólo por impuesto a las ganancias, cada año, bastante más que esos US$ 128.7 millones.
El proyecto Pachón en San Juan es 24 veces la suma que se destaca y en litio, ya acaban de ser anunciados, unos US$ 1.500 millones en construcciones de infraestructuras en cinco salares de nuestra Puna.
La medida también amplió la vida de todas las minas en producción, agregándoles reservas. Las cinco que estaban en proceso de cierre extendieron su vida útil, y recibiremos de estas, US$ 1.300 millones por exportación de minerales que hubiesen quedado en escombreras. Se benefició en forma directa con más salarios a 12.600 familias y continuidad de trabajos para 2.400 empresas pymes proveedoras de bienes y servicios.
¿Tan difícil resulta comprender que esta decisión la tomó el Presidente para aprovechar mejor el potencial minero nacional, convocando a invertir en desarrollar nuestra riqueza mineral? ¿Que la industria minera puede brindarnos más ingresos que los provenientes de la exportación de todos los granos de la Pampa Húmeda? ¿Que antes de impuestos, los costos operacionales del sector, supera el 80% del precio de ventas de los minerales y que todos esos dineros quedan en el país, en el bolsillo de nuestros trabajadores? ¿Que miles de familias se alejarían para siempre de una pobreza que las destruye?
De la misma manera que los argentinos nos enorgullecemos de nuestra Capital Federal por su historia, su arquitectura, su dinamismo, su diversidad; de nuestra Pampa Húmeda por su productividad y adelanto tecnológico; ¿no habrá llegado la hora de que podamos admirar a las provincias cordilleranas viéndolas desarrollar su enorme riqueza mineral?
Queremos ser protagonistas de una Argentina con Hambre Cero. Para lograrlo, entre otras realizaciones, debemos clausurar para siempre el derrotero de tiempos signados por dolorosos desarraigos familiares, producidos en pueblos históricamente abandonados. La industria minera sustentable es la mejor herramienta que tenemos a mano para incorporarlos, ya que, con la llegada de inversiones y un correcto relacionamiento ambiental, podemos producir en esa otra mitad del territorio argentino, una explosión de justicia social.
Entonces nos preguntamos respecto a quienes critican las medidas tomadas por nuestro presidente: ¿En nombre de qué principio, podemos sentir nos con derecho a decirle NO, a la construcción del bien común?

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Sección Editorial

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