Desde el pasado 7 de julio, cuando la Cámara Federal de La Plata declaró nulas las tarifas aplicadas desde el 1 de abril y ordenó retrotraerlas a los valores que regían hasta el 31 de marzo, las distribuidoras tienen en suspenso las facturaciones del servicio de gas.
El mismo tribunal, con sede en la capital bonaerense, debe resolver si rechaza o acepta la apelación que interpuso el Gobierno. El fallo que saldría esta semana definirá si el expediente sube a la Corte Suprema, para un pronunciamiento final, con el ajuste tarifario suspendido o transitoriamente reactivado.
El Ministerio de Energía espera que la resolución de la cámara platense habilite la aplicación de los nuevos topes de aumento que dispuso esa cartera, por la resolución 129, para atenuar el encarecimiento del servicio en un invierno mucho más frío que el anterior.
La citada resolución, publicada el 12 de julio, mantiene los topes de aumento del 400% para usuarios residenciales y del 500% para las industrias, pero no como establecían las resoluciones frenadas por la Justicia (los topes de aumento se calculaban en base a las tarifas vigentes hasta el 31 de marzo), sino ahora sobre los totales pagados en los mismos períodos de 2015 como punto de referencia (o sea el monto de la factura del año pasado multiplicado por cinco).
Días atrás, la cartera que conduce Juan José Aranguren dejó trascender, a través de los diarios Clarín y la Nación, los nuevos cálculos.
Cadena de pagos, cortada Con las facturaciones paradas, distribuidoras empezaron a cortar los pagos a transportistas y productoras de gas, entre las que se cuentan -además de YPF- Pluspetrol y Pan American Energy, que operan áreas de Salta.
Según esas planillas, con la nueva modalidad de aplicación de los topes, casi 2,6 millones de hogares de todo el país (el 87% del total de usuarios residenciales) pagarían por mayo y junio, un período con altos consumos de gas, facturas de menos de $500 por cada mes.
De acuerdo con los registros difundidos, el área que atiende la empresa Gasnor (Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero) tendría en esa situación a 418.455 hogares (el 91% de los usuarios residenciales).
Esos registros, más allá de cualquier consideración, están supeditados al fallo del que están pendientes el Gobierno nacional, empresas productoras, transportistas y distribuidoras del gas y millones de usuarios que no saben cómo proceder ante semejante desconcierto.
Los que pudieron pagaron las facturas vencidas con los aumentos, en espera de que, una vez definido el trámite de los amparos, la distribuidora procesa a restituirles los importes que pudieran tener a su favor mediante notas de crédito.
Las familias que no pudieron pagar las abultadas facturas cruzan los dedos para que un eventual fallo desfavorable no los exponga a peor situación con el servicio.
Un mes sin facturaciones
La misma incertidumbre aqueja a empresas de toda la cadena del gas natural.
Fuentes de Gasnor confirmaron a este diario que esa empresa tiene suspendida la emisión de facturas desde el pasado 7 de julio.
En la misma situación se encuentran distribuidoras de todas las regiones del territorio nacional, que en el último mes no recibieron instrucción alguna por parte del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

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Sección Editorial

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Ruben Barraza
Ruben Barraza · Hace 1 mes

¡¡¡ que kilombo de Dios y padre mio se va a armar ,señor!!!!

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