Una de las mayores preocupaciones que invaden a quienes tienen la intención de blanquear es aquella vinculada con la posibilidad de ser relacionado por algún organismo con conductas u operaciones de lavado de dinero; sobre todo, aquellos que piensan exteriorizar sumas que superan holgadamente lo que vienen declarando ante la AFIP.
En la otra vereda, también a los "sujetos obligados" los invade la incertidumbre sobre cuáles operaciones deben reportar a la UIF y cuáles no, así como también, que parámetros deben regir su decisión; pues a priori no parece sencillo diferenciar entre dinero de origen lícito aunque no declarado, y dinero de origen ilícito.
Sí está claro que la ley no libera a los "sujetos obligados" de los deberes impuestos por la ley de lavado de dinero; pero tan o más claro que ello, es que la intención del legislador es atraer y permitir el sinceramiento, ingreso o repatriación de todos los bienes de origen lícito, con independencia de los delitos tributarios o infracciones cambiarias y aduaneras que se pudieron haber cometido con anterioridad.
Ante ello, no existen razones jurídicas o legales que autoricen a perseguir o a cuestionar a quienes exterioricen bienes originados en actividades lícitas, aún cuando exista una significativa desproporción entre lo que se blanquea y lo que se venía declarando años anteriores.
Tal es así, que la UIF estableció que en el análisis del perfil económico de un sujeto, no se debe requerir o tener en cuenta documentación e información tributaria (Res 92/2016). Y ello se ve reforzado con una nueva resolución de AFIP en la que se impide a los "sujetos obligados" solicitar declaraciones juradas de impuestos nacionales a efectos de asegurar el secreto fiscal (RG 3952)
Pero el verdadero inconveniente que se les presenta a los SO, es que no es sencillo determinar cuando un bien es de origen lícito, y cuando no lo es. La resolución de la UIF dictada al respecto, no contribuye demasiado, pues considera "operaciones inusuales", aquellas sin justificación económica y/o jurídica, ya sea porque no guardan relación con el perfil económico, financiero o patrimonial del cliente, o porque se desvían de los usos y costumbres en las prácticas de mercado; y sospechosas, aquellas operaciones inusuales que generen dudas respecto de su autenticidad, veracidad o coherencia de la documentación presentada por el cliente, ocasionando sospecha de lavado de activos.
Entendemos que habrá infinidad de exteriorizaciones -de bienes originados en actividades lícitas- que carecerán de esa justificación o proporción entre la actividad declarada y la suma exteriorizada. Por ello, si bien la UIF no trasmitió criterios objetivos que sirvan de guía a los SO para saber con mayor precisión y exactitud qué casos reportar y cuáles no, es importante trasmitir el concepto que surge de la ley: los SO deben actuar con razonabilidad, debiéndose focalizar en aquellos blanqueos cuyos bienes, que por algún motivo (excluido el perfil tributario), generen sospechas de haber sido originados en actividades ilícitas; entendiendo por ellas, a los delitos enumerados en el artículo 6º de la Ley 25246 (básicamente, comercialización de estupefacientes, trata de personas, tráfico de armas, delitos contra la administración pública (corrupción).

Tarea nada sencilla.

Por ende, los blanqueos que razonablemente puedan ser asociados a actividades lícitas, o cuyo origen pueda ser debidamente justificado, no deberían ser reportados; con independencia de la desproporción entre el perfil del cliente y la actividad subyacente, que de ningún modo puede ser el único parámetro.
Ello no sólo subyace del espíritu de la propia ley (27260), sino que, como venimos afirmando desde un principio: el dinero producto de la evasión tributaria o de alguna infracción cambiaria, no tiene origen ilícito y por ende, no puede ser considerado lavado de dinero.
El delito de lavado de dinero lo que busca, es proteger la seguridad interior del Estado; es decir, prevenir el peligro que representa para la sociedad, la infiltración de la criminalidad organizada del aumento de estructuras mafiosas y capitales ilícitos. Es un delito que nace de acuerdos y convenciones internacionales que buscaron combatir las asociaciones delictivas de carácter trasnacional procurando dificultarles al disfrute del producto de los delitos que le sirven de base a su estructura, pero de ningún modo la evasión fiscal, que dicho sea de paso, se encuentra suficientemente castigada por la Ley Penal Tributaria.
Por lo tanto, si descartamos la evasión tributaria, las infracciones cambiarias o aduaneras, como delito precedente o como referencia de una operación sospechosa, entendemos que los "sujetos obligados" en el marco de la Ley 27260, deben focalizar sus esfuerzos en aras a detectar operaciones que puedan provenir de actividades ilícitas como la comercialización de estupefacientes; el contrabando de armas; la defraudación a la administración pública (corrupción), y demás delitos enumerados en el artículo 6º de la ley de lavado (25.246), con excepción de los delitos tributarios.

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