Desde la apertura de la democracia a la actualidad, miles de mujeres han perdido su vida en la Argentina a causa de la ilegalidad del aborto. La clandestinidad de esta práctica representa la principal causa de muerte de mujeres gestantes desde hace décadas.
Semanas atrás, en el marco del Congreso Eucarístico Nacional celebrado en la ciudad de San Miguel de Tucumán, el presidente Mauricio Macri volvió a sentar posición frente a la problemática del aborto en la Argentina, y al respecto manifestó que defiende la vida "desde la concepción hasta la muerte". Planteando una falsa dicotomía en torno a una realidad que nos atraviesa como sociedad, ya que quienes sostenemos la necesidad de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), estamos a favor de la vida y la dignidad de las miles de mujeres que ponen en riesgo su salud y su libertad como consecuencia de la clandestinidad a la que nos lleva la penalidad y clandestinidad de esta práctica en nuestro país, desde hace décadas. Por cierto, todas las muertes derivadas de los abortos clandestinos han sido y seguirán siendo muertes evitables en tanto el Estado no legalice la IVE. Ante esto nos preguntamos cuánto vale la vida de las mujeres para el actual presidente. El Estado debe ser laico.
Todas las creencias, ninguna imposición. La vida, la libertad y la salud de las mujeres no pueden depender de las creencias personales de quienes nos gobiernan. Dentro de las 500.000 mujeres que interrumpen embarazos no deseados año a año en nuestro país se encuentran quienes profesan distintas religiones, las hay católicas apostólicas romanas, las hay judías, musulmanas, etc. Seguramente todos y todas conozcamos alguna mujer que haya atravesado esta situación, y no creemos que por ello deba estar privada de su libertad, y mucho menos muerta. El proyecto de ley de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que se presentará por sexta vez consecutiva en el Congreso de la Nación, cuenta con el apoyo de 34 diputados de la mayoría de los bloques partidarios y estará encabezado en esta oportunidad con la firma de la diputada nacional Victoria Donda, de Libres del Sur.
Esperamos que de una vez por todas la legalización de la IVE se incorpore en la agenda parlamentaria y se convierta en ley prontamente.
Desde la sociedad civil venimos dando muestras del consenso existente en distintos ámbitos en torno a la necesidad de que el aborto sea legal. Movimientos sociales y de mujeres, organizaciones de DDHH, universidades de todo el país, colegios profesionales, referentes de la cultura y la academia, profesionales de la salud, entre otros, lo venimos manifestando hace años. La realidad a la que somos sometidas las mujeres a causa de la ilegalidad y clandestinidad del aborto nos dice que es una práctica extendida.
Alrededor de 500.000 mujeres interrumpen embarazos no deseados cada año. Existe casi la misma cantidad de abortos como de nacimientos. Su penalidad no inhibe su práctica pero nos lleva a la clandestinidad, arrojando a la muerte a las mujeres más pobres. Es una manifestación más de la desigualdad. Todas abortamos pero mueren quienes no cuentan con el dinero suficiente para hacerse un aborto en una clínica privada. La clandestinidad del aborto es un tema de DDHH, de Salud Pública y de Justicia Social. Desconocer este derecho es negar el acceso a la salud de las mujeres, tal como lo afirmó la ONU. Existe un negocio a costa de la vida de las mujeres. Quienes dicen ser objetores de conciencia en hospitales públicos cobran fortunas en sus consultorios privados para realizar abortos. Un negocio millonario a costa de las salud de las mujeres se mueve en la clandestinidad.
El Estado tiene la responsabilidad de garantizarnos a las mujeres el derecho a la salud, basta de muertas por abortos clandestinos.

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Sección Editorial

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