El director de Políticas Integrales de Diversidad Sexual de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, Diego Borisonik, se reunió ayer con organizaciones que representan a la comunidad LGBT en Salta para interiorizarse sobre la realidad que viven.
En diálogo con El Tribuno, se manifestó a favor del proyecto para destinar un cupo del empleo público a personas trans que se debate en la provincia.
Además, consideró que hubo avances importantes en materia legislativa, pero que faltan otras políticas para llegar a la "igualdad real" y opinó que la creación de zonas rojas sería una medida adecuada mientras no existan otras posibilidades para las mujeres transexuales.
El funcionario participará desde las nueve en el Complejo de Bibliotecas de una jornada de debate junto a la ministra de Derechos Humanos y Justicia, Pamela Calletti, por el día internacional de lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, que se conmemora hoy.
¿Cuáles son las deudas en materia de diversidad sexual después de las leyes de identidad de género y matrimonio igualitario?
Creo que la deuda tiene que ver con que tenemos una igualdad legal con leyes maravillosas como las de la igualdad de género y matrimonio igualitario, pero todavía se requieren políticas para la igualdad real.
Para eso hace falta un cambio cultural y trabajar mucho para romper el paradigma de la heteronormatividad y lograr pasar al paradigma de la diversidad sexual y los derechos humanos. Me parece que tenemos una deuda muy grande en lo que hace a la educación transversal desde el paradigma de los derechos humanos y la diversidad se xual.
Hay que bajar la violencia institucional que existe en muchos lugares del país para con las personas trans y lograr el acceso pleno al trabajo, la salud y la educación para ellas.
Hay que cambiar, por ejemplo, algunas preguntas que se hacen cuando uno va a atenderse a un hospital, donde no se debe presuponer la heterosexualidad de las personas.
¿Le parece que están dadas las condiciones en el país para la adopción por parte de padres del mismo sexo? Más allá de que la posibilidad técnicamente existe, ¿los jueces lo hacen posible?
Creo que todavía es una discusión. Falta lograr esa igualdad real y que un juez ni siquiera piense si va a ser mejor o peor que un niño o niña esté con una pareja heterosexual u homosexual, sino que observe todo lo que tenga que ver con el amor y el cariño.
Creo que estamos en un camino. No puedo decir si están dadas las condiciones completas en todo el país.
Para que planteemos esa posición también tenemos que plantear, dentro de las universidades de derecho, una perspectiva definitiva en diversidad sexual y derechos humanos. Creo que, desde ese lugar, seguramente los futuros profesionales podrán entender más acabadamente la diversidad sexual y estaremos en un mejor camino.
Las condiciones legalmente están dadas, pero la discrecionalidad por parte de un juez a veces ocurre y las parejas no se enteran, porque no saben por qué no les dieron a un niño o niña en adopción.
En Salta se debate un proyecto para que en el Estado haya un cupo del tres por ciento de los empleos destinados a las personas trans. ¿Le parece que sería una medida positiva?
Sí. Me parece una medida que tiene que ver con una acción de discriminación positiva que hoy es necesaria, esperando que el día de mañana no sea necesaria. Hoy sigue siendo importante para que el Estado sea el primero que dé ese paso y muestre la posibilidad de la inclusión de personas trans en el trabajo.
Con respecto a la creación de zonas rojas donde se pueda realizar la oferta de prostitución, hay debate. A algunos les parece que es como armar un ghetto y otros creen que es una forma de que las chicas trans que ejercen la prostitución no sean reprimidas por la Policía o estén más seguras ¿Qué le parece?
Desde la experiencia que tuvimos en la Ciudad de Buenos Aires, consideramos que tener una zona determinada permite una convivencia sana.
Lo cierto es que, si me preguntan a mí, me gustaría que estén cubiertas todas las necesidades y poder hablar de otros mecanismos que tengan las chicas para, en el caso de quererlo, poder dejar el trabajo sexual y tener otras oportunidades.
Mientras no existan esas oportunidades creo que hay un deber por parte del Estado de protegerlas y, si es necesario que exista una zona, me parece que sería lo más adecuado.
Son cuestiones de competencia provincial o municipal y hay que permitir el debate de las comunidades.
Después de las reuniones que tuvo con diferentes organizaciones sociales de Salta, ¿cuál cree que es la principal problemática en la provincia en cuanto a la diversidad sexual?
Lo que han planteado las organizaciones de la sociedad civil es el tema de la violencia institucional, que es un aspecto muy problemático.
También el tema de la educación sexual integral y todo lo que hace a la necesidad del trabajo para la población trans.
Desde el cambio de Gobierno nacional hubo diferentes posicionamientos, algunos marcaban que iba a haber un retroceso en materia de diversidad sexual. ¿Qué puede decir con respecto a eso?
La realidad es que con la creación, por ejemplo, de esta Dirección de Políticas Integrales de Diversidad Sexual me parece que no se está planteando un retroceso. Todo lo contrario.
De hecho se encuentra dentro de la Secretaría de Derechos Humanos porque consideramos que los derechos de la comunidad LGBT son derechos humanos. El acceso a la educación, la salud, la justicia y la libertad de expresión lo son. Estamos trabajando para llegar a la igualdad real.

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