La situación de muchos de los comedores distribuidos en la ciudad de Salta es compleja ya que muchos no están registrados de manera oficial, lo que dificulta que puedan recibir ayuda desde el Estado, ya sea a través de aportes económicos o tarifas sociales.
Las encargadas consultadas sostuvieron que muchas veces la gestión para registrarse es engorrosa y prefieren "dedicar el tiempo que perderían en trámites" a las tareas del comedor. Otras veces, es simplemente desconfianza.
Como sea, la falta de un registro unificado dificulta que estos lugares puedan acceder a alguna ayuda desde el Estado.
Actualmente desde la Secretaría de Políticas Sociales de la Provincia se realizan transferencias mensuales a seis municipios con un total de 50 comedores infantiles, que atienden a 4.600 chicos de seis meses a seis años.
A esto se suman los Centros e Primera Infancia, que también brindan asistencia alimentaria. En la provincia ya hay 41 de estas instituciones, la última inaugurada en barrio Libertad.
La Provincia duplicó en mayo la cantidad de dinero que se destina a los comedores. La cifra alcanza casi el millón de pesos mensuales, pero la realidad es que hay muchos que no reciben ningún tipo de soporte.
Ante una consulta de El Tribuno, desde la Secretaría de Políticas Sociales aseguraron que a la fecha no se registraron pedidos de incrementos desde las organizaciones que dependen de la Provincia. Tampoco hay datos oficiales sobre si aumentó la cantidad de niños que acuden a estos establecimientos controlados por el Estado.
Comer en familia
Desde el Gobierno provincial también se apuntó que a partir del 2014 se puso en marcha el programa "Comer en Familia", que redistribuyó los fondos destinados a comedores infantiles hacia los hogares a través de tickets nominales, capacitación y entrega de vajilla individual para cada niño, lo que les permite alimentarse en su casa junto a sus padres y hermanos.
En la actualidad a una familia en situación de vulnerabilidad le llega, además de la Asignación Universal, la cobertura del Abordaje Integral de Políticas Alimentarias Salta (AIPAS), la prestación básica y adicionales por hijos en situación de vulnerabilidad.
En el caso de que algunos de los niños se encuentren en estado de riesgo o bajo peso, las familias reciben un monto extra. Las familias de pueblos originarios que tienen niños a su cargo reciben, además, módulos focalizados, como así también los chicos celíacos.

Las tarifas, un tema aparte

A pesar del freno al tarifazo, la incertidumbre por lo que sucederá con los aumentos en los servicios es un tema que preocupa y bastante en los comedores.
Como es obvio, el uso de electricidad y gas es fundamental para el día a día, pero un detalle que sorprende es el total desconocimiento de que existe una tarifa social.
Gloria, de "Sopita de Letras", asegura que la última factura de gas fue de $1.000 pesos y la de electricidad, $1.300. Ella no sabía que hay una tarifa social, aunque al no estar registrada oficialmente como un comedor no está claro si podría acceder al beneficio.
En "Por una Sonrisa", que tampoco está registrado, la última factura de luz fue de $1.500 y hasta antes del tarifazo pagaban $400. En tanto que para cocinar usan garrafas porque no hay red y leña para abaratar un poco los costos. Cristina, la encargada, también desconocía cómo pedir la tarifa social, aunque su caso es similar al anterior.
En el comedor "Dulce Esperanza" la cuenta de la electricidad fue similar, de aproximadamente $1500. Según Carmen, "hay que pagar porque si no después la cortan y es peor". Aquí tampoco existe la red y siempre se manejaron con garrafas. Cada una ronda los $130. Además utilizan leña. "Siempre usamos las dos cosas para no gastar tanto", señalaron.

Un duro informe de la UCA

Asegura que se generaron 1,4 millones de pobres desde 2015. Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) criticó duramente las medidas del actual gobierno nacional a la vez que confirmó un dato que se había estimado en abril pasado. En la Argentina hay 13 millones de pobres.
El informe asegura además que mientras un 29% de los argentinos se ubicaban bajo la línea de pobreza en 2015, ese número saltó al 32,6% en abril, sumándose 1,4 millones de pobres.
La UCA destacó que hay un grupo social que está experimentando un "mayor riesgo" por el aumento de precios, la suba de tarifas y la caída de la actividad, ya que no acceden a los planes sociales o los subsidios a las tarifas. Se da ante todo, en hogares del conurbano bonaerense, hogares con niños y de clase media baja.
"Esta masa de segmentos de clase media baja o sectores populares constituyen los 'nuevos pobres' (SIC) que emergen de medidas normalizadoras adoptadas por el actual gobierno", enfatizó el resumen ejecutivo bajo la dirección del sociólogo Agustín Salvia, al frente del Observatorio de Deuda.
Salvia aseguró que el crecimiento económico "no es suficiente" para que esta realidad cambie.
Además, con respecto a la herencia, concluyó que "la falta de estadísticas oficiales confiables de 2007 en adelante privó al Estado de la posibilidad de buscar soluciones estratégicas. Esto lamentablemente sucedió, pero hay que decir que hubo un giro por la reconstrucción del Indec. Ahora somos escucha dos".

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