Se ha convertido en una afirmación corriente aquella que de alguna u otra forma hace responsable a la Justicia por la manifiesta corrupción que saltó a la luz en este último tiempo. De hecho, como era de esperar, no fue la propia Justicia la que evidenció tal situación, sino más que nada, algunos hechos e imágenes que tornaron evidente aquella inocultable realidad que se continuaba negando, forzándola a desempolvar causas dormidas hace varios años.
Es sabido que la mera existencia de los tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), no garantiza por sí sola la vigencia de un verdadero Estado de Derecho; para que ello ocurra, en palabras del presidente de la Suprema Corte, Ricardo Lorenzetti, es necesario "el equilibrio, el contrapeso y el control recíproco entre los tres poderes del Estado". Es decir, cada uno, a través de los mecanismos constitucionales, debe controlar a los otros dos poderes. Y en esa idea, la Justicia cumple un rol preponderante; precisamente porque su función por antonomasia es el control de los demás poderes: por un lado, analiza la constitucionalidad de las leyes dictadas por el Congreso, pero por sobre todo, en el orden federal, controla la legalidad de los actos de Gobierno, y por supuesto, investiga los ilícitos cometidos por los funcionarios públicos.
En los últimos años, no sin razón, la sociedad percibe una notoria ausencia de la Justicia a la hora de ejercer ese necesario control sobre el poder de turno, siendo que, como se repite hasta el hartazgo, la corrupción mata (amén de los millones de pesos que se podrían haber ahorrado si se hubiese comenzado a investigar a tiempo), y el daño que provoca su inacción e ineficiencia es a futuro, y mucho más profundo del que se puede percibir. En efecto, si entendemos que la función de la pena no se agota en su carácter meramente retributivo, (el viejo principio: ojo por ojo, diente por diente), sino que tiene como meta prevenir futuros delitos, ello sólo es alcanzable con una buena dosis de efectividad.
Es decir, más importante que el castigo en sí mismo es el efecto intimidatorio que se logra cuando se cumple con la amenaza penal.
Las consecuencias de tales falencias son extremas y se sienten más de lo imaginado:
- Por un lado, las lógicas dificultades probatorias que provoca el transcurso del tiempo por la inacción de la Justicia (no es lo mismo un allanamiento contemporáneo a la comisión del delito que un allanamiento 4 años después).
- Pero por sobre todo, el sentido o fin intimidatorio y preventivo que tiene la pena, se debilita, y hasta se torna ineficaz.
Es que la función del derecho penal es proteger intereses que la sociedad considera indispensable para una convivencia pacífica, y en busca de tal objetivo, declara indeseables ciertos comportamientos, amenazando su realización con una pena. Es decir, informa, amenaza... pero luego debe castigar; pues lógicamente para que pueda cumplir dicha función, deviene más que imprescindible que esa amenaza, cuyo cumplimiento le corresponde a la justicia, goce de un mínimo de seriedad, siendo efectiva y pronta. En palabras de Cesare de Beccaría, "cuanto más pronta y más cercana al delito cometido, sea la pena, será más justa y más útil".
Resulta útil recordar que la pena no tiene un fin en sí mismo, sino que procura lograr ciertos objetivos; que dependerán del momento temporal en que se opere la misma:
- Al momento de su conminación, tiene efectos amenazantes a los fines de disuadir al potencial delincuente. La seriedad de la misma dependerá de los índices de efectividad en su aplicación.
- Al momento de su aplicación, tiene carácter represivo, retributivo. Se impone la pena en la medida y de acuerdo con la gravedad del hecho y a la culpabilidad de su autor.
- Al momento de su ejecución, tiene, o debería tener, carácter resocializador a los efectos de lograr la reinserción del delincuente (protegido en el artículo 18 de la CN). A la luz de tales conceptos, fácil resulta concluir en que la ineficacia de la Justicia, o la excesiva duración de los procesos por corrupción, neutraliza los efectos que tiene la pena. Irremediablemente, ello es lo que conduce a que el esquema preventivo sobre el que se asienta todo el derecho penal, que precisa del mayor índice posible de disuasión a través de la certeza en la sanción, sea prácticamente nulo, al menos en lo que se refiere a los delitos federales.
Sumado a ello, como la reacción de la Justicia suele ocurrir recién cuando la presión y hartazgo social se tornaron insostenibles, y cuando el poder de turno cambió de manos; inexorablemente, las decisiones suelen ser desmedidas e irrazonables, y sólo en contra de un bajo porcentaje de exfuncionarios.
Ante ello, y atento al trascendente rol que tiene la Justicia en un Estado que pretende ser de Derecho, no sólo debería ser juzgada por el Consejo de la Magistratura; sino que también, para no llegar a los extremos descriptos, debería ser controlada o auditada periódicamente de modo que no sea exclusivamente un juicio de carácter eminentemente político su medio idóneo de control.
Se suele escuchar como una verdad de perogrullo que "la corrupción está enquistada". Pues bien, la única forma de lograr su reducción a niveles razonables, es la eficacia en los índices de condenas respecto de las causas denunciadas y para ello es imprescindible el debido control periódico de la Justicia. Sin duda que ello ayudará a evitar, o disminuir en gran medida, los aberrantes delitos cometidos en contra de la administración pública (delitos de corrupción) que tanto daño provocan en nuestro país.

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