El Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados establece el pago de la deuda histórica que el Estado mantiene con trabajadores pasivos por la falta de actualización de sus haberes conforme marca la ley, y a partir de distintos fallos de la Corte Suprema.
El mecanismo durará tres años, pero su vigencia podrá ser prorrogada por el Congreso por otros tres, aunque el gobierno de Mauricio Macri prevé pagar en dos años la deuda con 2,4 millones de jubilados.
Una segunda fuente principal para el pago de la deuda previsional será lo recaudado por la amnistía fiscal, que es el otro gran capítulo de esta ley ómnibus.
De ese universo de jubilados, hay tres grupos: quienes ya tienen sentencia firme a su favor por planteos judiciales sobre la falta de actualización de sus haberes; quienes le iniciaron juicio a la ANSeS pero aún no obtuvieron fallo, y quienes están en condiciones de reclamar el pago de la deuda pero no realizaron ninguna acción judicial.
Los del primer grupo tendrán una mejora en sus haberes mensuales del 50% (es decir que si cobran 10.000 pesos, una vez homologado el acuerdo para el pago de la deuda pasarán a cobrar 15.000 pesos); los del segundo grupo, del 40%, y los del tercer grupo, del 35%.
El Estado hará frente a estas erogaciones con el Fondo de Sustentabilidad de Garantía que está compuesto por una serie de activos que suman en la actualidad 770 mil millones de pesos, mientras la deuda por sentencias firmes alcanza a 50 mil millones de pesos, a la que se añade un flujo anual de 75 mil millones.
Una segunda fuente principal para el pago de la deuda previsional será lo recaudado por la amnistía fiscal, que es el otro gran capítulo de esta ley ómnibus. Una segunda fuente principal para el pago de la deuda previsional será lo recaudado por la amnistía fiscal, que es el otro gran capítulo de esta ley ómnibus.
La pauta de recaudación de dicha iniciativa que maneja el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, es de 20 mil millones de dólares, aunque estiman que podrían recaudar aún más.
La propuesta promueve la declaración de la emergencia en litigiosidad previsional, que permitirá al Ejecutivo firmar acuerdos con los jubilados para pagarle los juicios que iniciaron por la mal liquidación de sus haberes, que serán financiados con los fondos que ingresen por el blanqueo de capitales.
Además, prevé la actualización de los haberes y se impulsa a creación de la pensión a la vejez para mayores de 65 años, que se pagarán con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS.
La propuesta obtuvo rápido el apoyo de los gobernadores tras la firma del acuerdo para devolverles el 15 por ciento de la coparticipación que desde 1992 se retenía para financiar el sistema
previsional.
Se otorga un beneficio a los trabajadores de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias que no están alcanzados por Bienes Personales para que queden exceptuados del pago de Ganancias en el medio aguinaldo de junio.
Asimismo, establece que las tenencias accionarias de la ANSeS no deberán ser inferiores a 7 por ciento, entre los principales puntos de la iniciativa.

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