El Gobierno defendió ayer en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que establece el pago de la deuda histórica del Estado con los jubilados, un régimen de blanqueo de capitales y la formalización del acuerdo con los gobernadores para la devolución de un 15% de la coparticipación federal.
"Esto forma parte de la reconstrucción de la confianza en base a la verdad. Sincerar es empezar a decir la verdad", afirmó el coordinador del Gabinete Económico del Poder Ejecutivo, Mario Quintana, en el plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda, que arrancaron ayer el debate de esta ley ómnibus, para la cual el Presidente reclamó una pronta sanción.
Quintana realizó una presentación general del proyecto, tras lo cual brindaron exposiciones el director de la Anses, Emilio Basavilbaso; el secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci; el jefe de la AFIP, Alberto Abad, y el de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici.
También formaron parte de la comitiva de funcionarios en visita a la Cámara Baja el viceministro de Hacienda, Pedro Lacoste, y el secretario de Finanzas, Luis Caputo.
"Necesitamos que los más pudientes, que por distintas razones han evadido impuestos, hoy sinceren sus pertenencias y paguen el impuesto extraordinario que estamos estableciendo, porque ese dinero tendrá como fin único y exclusivo el pago a los jubilados, sostener la caja de la Anses, que por cierto está siendo crecientemente deficitaria en los últimos años", afirmó Quintana.
Vaticinó que el blanqueo tendrá éxito porque "los evasores del mundo están siendo acorralados por todos los continentes" y que la Argentina ofrece hoy "condiciones de confianza en el rumbo de la economía", tras la eliminación del cepo cambiario, la salida del default y el "respaldo único" que los mercados financieros le han dado al país al conseguir "67 millones de dólares por colocación de deuda".
"Cualquier delito de asociación ilícita, robo, corrupción, narcotráfico, siguen plenamente vigentes y en nada son afectados por el proyecto de ley que hemos presentado", aclaró Quintana, y también destacó que se excluyó del blanqueo "a todos los funcionarios del Gobierno nacional", algo sobre lo cual habían insistido los dos socios del PRO en la coalición de gobierno Cambiemos: la Coalición Cívica-ARI, que lidera la diputada Elisa Carrió, y el radicalismo. En tanto, la exclusión de los funcionarios de otros poderes quedará en manos del Congreso, agregó.
Por su parte, Basavilbaso estimó ayer que en "dos años" se concretará el pago a los 2,4 millones de jubilados de la deuda que mantiene el Estado por la actualización de haberes.
"Este programa durará tres años, con la posibilidad de que ustedes (el Congreso) lo prorrogue otros tres más. Pero estamos trabajando para cubrir el total en dos años para los 2,4 millones de jubilados", afirmó el funcionario.
Abad, en tanto, realizó una explicación detallada del blanqueo de capitales y dijo que "es clave para bajar los niveles de informalidad de la economía.

La oposición criticó la ley ómnibus

Los diputados del Frente para la Victoria José Luis Gioja y Axel Kicillof criticaron ayer con dureza el proyecto de ley “ómnibus” impulsado por el Gobierno para saldar deudas con jubilados y blanquear capitales, y lo calificaron de “revuelto Gramajo”.
Advirtieron que incluir el acuerdo con los gobernadores para la devolución del 15% de la coparticipación federal es “violatorio de la Constitución”.
“El proyecto, tal como viene del Ejecutivo, viola el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional, que es muy claro con relación a que toda norma que implique modificaciones a los convenios de distribución de fondos con las provincias, debe ingresar por la Cámara de Senadores, que es la que representa los intereses de las provincias”, afirmó Gioja.

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