Integrantes de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados viajarán la semana que viene a Santa Victoria Este, donde una niña quedó embarazada como producto de una violación y no recibió ninguna asistencia del Estado, según denuncia su comunidad.
Los legisladores viajarán hasta Alto La Sierra para recabar información acerca del caso. En este paraje sufrió un abuso sexual a fines de 2015 una niña de 12 años que ahora cursa el sexto mes de embarazo.
En la última sesión de la Cámara Baja, el diputado Ramón Villa informó sobre la situación y denunció la falta de contención del Estado provincial.
Según adelantó el presidente de la comisión de Derechos Humanos, Mario Ángel, los legisladores irán al lugar para entrevistarse con la familia de la niña, autoridades locales y personal del hospital y la Policía.
El objetivo de la comisión es obtener la mayor cantidad de información y detectar eventuales irregularidades en la actuación de los distintos organismos del Estado.
El presidente de la Cámara Baja, Manuel Santiago Godoy, señaló que se invitará a ser parte de la delegación a funcionarios de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Salud y Asuntos Indígenas.
Godoy también difundió que se solicitó a la Justicia provincial que asigne a uno de sus traductores, debido a que la familia es de la comunidad wichi.
"El objetivo es estar en el lugar entre el miércoles y jueves. El martes nos reuniremos en la Legislatura para ultimar los detalles", señaló Mario Ángel, quien además agregó que inmediatamente después de retornar de Santa Victoria presentarán un informe con las conclusiones.
Por la causa de la niña víctima de violación hay ocho acusados que estuvieron detenidos pero fueron liberados.
El caso generó un duro pronunciamiento del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, que destacó que en estos casos las víctimas pueden solicitar la interrupción del embarazo.
"El derecho al aborto no punible está consagrado en nuestra legislación para casos de embarazo producto de una violación y no se puede establecer ninguna traba de carácter legal, administrativo o judicial", difundió ayer la institución.
De acuerdo con lo que se conoció, nadie le habría informado a la familia de la niña sobre esta posibilidad.

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Sección Editorial

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