Como era previsible, el sinceramiento de las estadísticas comenzó a mostrar lo que las alquimias del gobierno anterior trataban de ocultar.
Con la reciente publicación del Indec relacionada con el mercado del trabajo, se determinó que la tasa de desempleo de la población económicamente activa pasó del 6,6% de diciembre de 2015 a 9,3 %, siendo el empleo o la tasa de participación laboral del 41,7%. En otras palabras, la gente que realmente tiene trabajo es poca, porque en el mundo está por encima del 50%. Además, la informalidad afecta a uno de cada tres empleados.
En diciembre de 2015 se registraron 11,9 millones de personas económicamente activas y en lo que va del año esta cifra alcanzó los 12,5 millones, esta diferencia (600.000) se distribuye en 200.000 ocupados y 400.000 desocupados. Es absurdo pretender que en tan solo seis meses, 400.000 personas que se sumaron a la fuerza laboral no consiguieron trabajo y se sumaron a las estadísticas de desocupados.
La lógica y la certeza empírica acumulada durante varios años permite concluir que hubo un fuerte blanqueo del desempleo oculto o de activos involuntarios.
La estrategia contra el desempleo, en el país y en la provincia, hasta diciembre, se basó sobre todo en ampliar el empleo público y los contratos en el Estado. Ahí comienza a desentramarse la madeja, aunque el problema del que no tiene trabajo no da tiempo a excusas ni dilaciones.
La clave: sin inversión no hay actividad; sin actividad no hay empleo. Lo demás es narrativa.

Las metas y los obstáculos

Varios analistas estiman que una tasa de desempleo razonable sería del 5%, que es lo que se registra en países cuyas economías están en proceso de crecimiento.
Para bajar por año un punto de desempleo se deberá crecer como mínimo al 3% anual. Esto no es fácil y no podemos ilusionarnos con lluvias de dólares ni "fiebres" de ningún tipo. Lo que viene demandará mucho tiempo y esfuerzo.
Con estos simples datos podemos deducir que existe una gran cantidad de personas que desisten de buscar trabajo; por esa razón no figuran en las estadísticas.
De todos modos, el fenómeno desnuda serios problemas estructurales, más allá de la situación económica por la que atraviesa nuestro país. Un país que en diciembre del año pasado reconocía oficialmente que, sobre 42 millones de habitantes, 18 millones recibían algún tipo de subsidio. Esta enorme población, pasiva de hecho, recibe en forma directa e indirecta los beneficios que aportan los que tienen una ocupación y esto se manifiesta en la gran cantidad de impuestos que deben pagar.
Según consultoras especializadas, sobre un total de 5,1 millones de jóvenes de entre 18 y 24 años, más de 2,6 millones (53%) enfrentan algún problema de inserción social, ya sea por falta de estudios como por no tener un empleo productivo y formal que le permita comenzar a desarrollarse en forma óptima.
La tasa de desempleo entre estos jóvenes está cerca del 19%, más del doble de la media, es decir cerca de 500.000 desocupados.
Observamos también que las mujeres registran una tasa de actividad del 47,2%, los varones un 69,6% y los jóvenes, 47,5%; es entonces una necesidad incentivar los programas de capacitación para que aumente la inserción laboral de los inactivos, estos números muestran una realidad que no se puede desmentir.
Con los datos aportados por el Indec determinamos un problema relevante que no solo es el aumento de la tasa de desempleo por el impacto del ciclo económico, ni la migración del desempleo oculto al explícito, sino que ratifica y confirma que existe un déficit estructural.
El déficit de empleos se combate con crecimiento económico. Para ello es imprescindible dinamizar las inversiones y la producción en el sector privado y para darle soluciones a los problemas sociales existentes se deberán implementar buenas políticas tributarias, educativas, asistenciales y leyes laborales para evitar la litigiosidad.

Empleo joven

Un proyecto que generará discusiones desde distintos sectores es el presentado por el Ejecutivo Nacional al Poder Legislativo cuyo objetivo es promover el empleo de jóvenes entre 18 y 24 años, para ello cuenta con un programa que incluye una política integral y un conjunto de medidas que entre las más importantes se destacan las siguientes:
-Subsidia el empleo de estos jóvenes que incluso hayan aportado hasta 36 períodos, como trabajador, monotributista o autónomo, no así los que pueda haber realizado como mono - tributista social.
-El Estado se hará cargo de los aportes previsionales, del PAMI y la cuota de la ART.
-El subsidio dura tres años y será aplicado en forma decreciente. Para la patronal contempla la exención del pago de ciertas contribuciones y habilita incentivos económicos.
-Se estima que la empresa que opte por este beneficio obtendrá una reducción de entre un 20 a 30% del costo laboral total.
- Si la empresa tiene menos de 200 trabajadores, los descuentos serán mayores, pudiendo alcanzar el subsidio hasta el 100% de los aportes patronales, o llegar al 80% si la compañía tiene más de 200 empleados.
-Será requisito para recibir el beneficio que la compañía aumente su planta de trabajadores; si una empresa despide 10 trabajadores para contratar a 5 que reúnan los requisitos, quedará excluida.
- Uno de los requisitos más conflictivos en el proyecto es el límite salarial que tendrán los empleadores, al exigirles que paguen salarios como mínimo hasta 1,5 veces el salario mínimo vital y móvil (SMVM); con solo ver los distintos montos que se pagan en nuestra provincia podremos darnos cuenta.
- Suponiendo que este proyecto se transforme en ley y entre en vigencia el próximo año, el mínimo salarial para enero 2017 que contempla el Gobierno será de $12.090.
- Se estudia que las empresas tendrán un año para inscribirse desde la sanción de la ley, con probabilidades de que sean dos años.
A pesar de haber sido presentado a principios de este año, recién ahora el Ejecutivo comenzó a apurar el tratamiento de este proyecto y dará lugar a una de las discusiones más intensas entre los distintos bloques.
Agrupaciones políticas intentarán que incluyan modificaciones en el proyecto, que contemple un recorte de impuestos a las pequeñas y medianas empresas pensando en la incorporación de empleados menores de 25 años y también mayores de 50. Además, tratarán de lograr que al contratar como nuevos empleados a beneficiarios de planes sociales se permita al dueño de la empresa descontar los aportes y se les otorgue prioridad para tomar créditos productivos o para presentarse en licitaciones públicas.
Son propuestas que beneficiarán a las pequeñas y medianas empresas que ofrezcan trabajo a quienes están subsidiados, pero también es importante otorgar beneficios a quienes mantengan empleos.
Al haber decaído la actividad económica en porcentajes cercanos y superiores al 10%, dependiendo de los sectores que se tratan, es importante también impulsar medidas que beneficien a las empresas que mantienen su plantel de personal, ya que el índice de conflictividad laboral es muy alto y se manifiesta como despidos, vacaciones adelantadas o licencias sin goce de sueldos.
Es una realidad que necesita una mayor atención.

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Sección Editorial

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