A través de una decisión exclusiva del Ejecutivo provincial, se extendió por un año más la emergencia económica. La resolución se emitió a través de un decreto de necesidad de urgencia publicado ayer en el Boletín Oficial. Fue firmado por todos los ministros del Gabinete, menos Luis Gómez Almarás, de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, y Mariano Ovejero, de Cultura y Turismo. Con dicha normativa se habilita a la Provincia a tomar ciertas decisiones económicas sin consulta ni legislación mediante, porque se prioriza la necesidad de salir del paso a la declarada situación de apremio.
Por ello, la formalización institucional de cualquier emergencia, para un sano republicanismo, debiera aprobarse en las Cámaras Alta y Baja.
El Gobierno, por decreto, se permite tomar decisiones de urgencia que se caracterizan por estar eximidas de los procesos administrativos reconocidos como necesarios para la transparencia del erario público.
La emergencia económica no es una novedad, ni de este año ni de este gobierno. De acuerdo a lo publicado ayer en el Boletín Oficial, el artículo 1 prorrogó por un año más la ley 7.125. Esa normativa rige desde 2001 y no es más que la adhesión de la provincia a la ley de emergencia dictada por el Congreso de la Nación, un año antes.
En el artículo 2§ del decreto se da cuenta de la prórroga, también por 12 meses, de la ley provincial 6.583. Esta norma de Reforma Administrativa del Estado y Emergencia Económica rige en la provincia desde 1990, por lo que la emergencia en Salta lleva vigente 26 años.
Esta ley habla de suspensión de subsidios y subvenciones, suspensión de beneficios tributarios previstos en los regímenes de emergencia, reformas normas de exenciones tributarias, régimen de compensación de créditos y/o deudas de particulares con el Estado provincial. También hay un capítulo destinado al empleo en el Estado, otro a la venta de bienes muebles e inmuebles innecesarios, al tiempo que también se toca el programa de la propiedad participada, entre otros ítems.
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