Escuchamos de manera muy frecuente que la educación es gratuita; inclusive, en campañas políticas se utiliza tal afirmación con el fin de captar mayor cantidad de electores. Por lo general se presta muy poca atención a estas cuestiones, a juzgar por lo que hacen algunos ministerios de Educación o los políticos en general.
Pues bien, la educación está lejos de ser gratuita. La educación, desde el punto de vista económico, es una inversión que realiza la familia y la sociedad. Educar a una persona es un proyecto cuyos resultados no se ven en el corto plazo, si bien algunos beneficios que brinda la educación pueden valorarse durante el desarrollo del proceso (aprender a leer, sumar, mejorar en el comportamiento ciudadano, entre otros). Como toda inversión, necesita de dinero para ejecutar el proyecto. Por ejemplo, la familia, para educar a sus hijos, debe adquirir vestimenta, uniforme, alimentos adecuados para su crecimiento y desarrollo, los útiles y libros escolares (según sea el nivel de educación en el que se encuentren los hijos), transporte, etc. También debe destinar el tiempo necesario para acompañar a sus hijos en la realización de las tareas, entre otras actividades que demande la educación.
Por su parte, el estudiante también invierte en el tiempo que le demanda la actividad educativa, es decir en el costo alternativo de estudiar, que es lo que dejan de percibir económicamente en ese tiempo de estudio los jóvenes que están en edad de trabajar. Ese ingreso que deja de percibir, también se computa en el costo de estudiar.
En tanto, el Estado siempre está tentado de abordar rápidamente la cuestión vinculada a la distribución de los recursos. La pregunta que surge es: ¿cuán eficiente es en las decisiones públicas con respecto a los recursos que se emplean en la educación? Estas decisiones deberían incluir las propiedades económicas esenciales de los costos, y muy especialmente, con los valores de la educación.
Respecto a los costos de los servicios educativos proporcionados por la escuela (Estado), incluyen servicios de los docentes, bibliotecarios y administradores escolares, el costo anual de mantenimiento y funcionamiento de la escuela y de depreciación, obsolescencia e intereses. Deberían incluir gastos para actividades auxiliares, como suministro de almuerzos escolares, alimentos para los alumnos, prácticas de deportes y otras actividades.
Ahora bien, si recurrimos a mis investigaciones realizadas desde 1985, en el nivel primario y secundario en Salta, del presupuesto educativo destinado a la educación, más del 90 % del mismo va dirigido a pagar los servicios del personal. Luego los costos de funcionamiento, compra de tizas, borradores, lavandina, como el pago de los servicios e inclusive, algún personal dedicado a la limpieza del establecimiento es pagado con fondos de las cooperadoras escolares. Esas cooperadoras escolares funcionan gracias al aporte voluntario de los padres de los estudiantes que concurren a la escuela. En ocasiones, las directoras de escuelas y su personal pagan de sus propios ingresos los costos. Como puede observarse, el Estado no invierte lo necesario para brindar un servicio educativo de calidad. Lejos está de hacerlo, basta con recorrer algunos establecimientos educativos (ej. a diez cuadras del centro de la ciudad) para advertir sobre su elevado grado de deterioro, y en algunos casos hasta precarios. Viendo esas escuelas, con sus aulas con techo de chapa, donde se filtra el frío, sin calefacción, la precariedad del mobiliario, estado deplorable de los sanitarios, etc., da cuenta de la falta de respeto a los niños y jóvenes que estudian, surgen muchos interrogantes entre ellos: ¿Cómo puede una persona estudiar, si está mal alimentada, con frío, y además proviene de un hogar con también escasos recursos?; el Estado ¿No puede velar por brindar mejores condiciones para estudiar? La universidad no está ajena a esta realidad. Es una réplica de lo que sucede en la Provincia de Salta, en lo que respecta a la educación. También, más del 90 % del presupuesto destinado a la Universidad Nacional de Salta está afectado al pago de los salarios de docentes y personal de apoyo universitario. En todas las universidades argentinas, la mayoría de los docentes son auxiliares (57% con dedicación simple y/o semidedicación), profesores adjuntos (21%), profesores asociados (3%), profesores titulares (8%), algunas carreras, no tienen personal docente para estructurar sus cátedras de manera adecuada (mis investigaciones avalan lo que afirmo). El edificio de la universidad fue construido a principios de la década del 70, ahora, con el desgaste propio de su uso. En algunas facultades las cátedras no tienen espacio físico para desarrollar de manera óptima, docencia e investigación. Sería interminable seguir mencionando toda la escasez que existe. Por ejemplo al año 2010, el Estado invirtió en todas las universidades nacionales solo el 0,95% de su PBI (producto bruto interno) y en el año 2005, el 0,62%. Si bien se nota una leve mejoría, todavía no alcanza para cubrir las necesidades básicas del sistema universitario argentino. Con este simple panorama presentado, y que por supuesto, no pretende agotar el tema, la ciudadanía puede tener algunos elementos para explicar los resultados de la educación, que por cierto están lejos de ser los óptimos. Muchos se sorprenden cuando escuchan las escasas tasas de egresos, o las elevadas tasas de deserción en todo el sistema educativo, o que los estudiantes no comprenden lo que leen, y muchas cosas que escuchamos decir. Pues bien, este artículo breve, trata de acercar algunas razones por las cuales ello sigue ocurriendo históricamente en nuestra Salta y en gran parte de Argentina.

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