El Senado debatía anoche la amnistía fiscal y el pago a jubilados y el blanqueo a capitales. Pasadas las 14 comenzó la discusión en la cual el Gobierno nacional confía se aprobará el proyecto de ley ómnibus que prevé el pago de juicio a jubilados, una amnistía fiscal para conseguir los fondos para financiarlo, la creación de una pensión universal a la vejez y la exención de Ganancias del medio aguinaldo de julio, entre otras medidas.
Al mediodía, los jefes de bloque se reunieron en el encuentro de Labor Parlamentaria para pulir los detalles del encuentro, pero en principio no se prevén mayores sobresaltos: la gran mayoría del bloque PJ-Frente para la Victoria está dispuesta a acompañar el proyecto. La excepción será otra vez el grupo de legisladores que responde al kirchnerismo.
Además de declarar la emergencia en litigiosidad previsional con el objetivo de que el Poder Ejecutivo establezca acuerdos con los jubilados que están en juicio, el proyecto prevé la creación de una pensión universal a la vejez, y deja abierta la puerta para la futura venta de acciones de empresas privadas que el Estado argentino obtuvo con la confiscación de los ahorros que los trabajadores tenían depositados en las ex-AFJP.
Del referido blanqueo, tras las quejas opositoras en Diputados, el dictamen excluye a funcionarios de los tres poderes y en todos los niveles (nacional, provincial y municipal) así como a sus padres, cónyuges e hijos, así como a legisladores del Parlasur.
También establece que el Ejecutivo nacional se haga cargo de los déficits de las cajas previsionales provinciales, al extender por 90 meses la moratoria a 13 provincias que nunca transfirieron sus cajas, lo cual provocó un alivio para los gobernadores, en especial los del PJ.

Amplio respaldo

El miércoles de la semana pasada, el plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Presupuesto y Hacienda, de Coparticipación Federal e Impuestos y de Economía Nacional del Senado emitió dictamen favorable para el proyecto, al texto enviado desde Diputados. También, detalló que el Estado deberá hacer frente "a un pago adicional" al sistema de jubilaciones "por más de 75 mil millones de pesos por año, más del 1 por ciento del PBI anual".

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