Las consecuencias de uno de los fallos más trascendentes en materia de Derecho Informático, relativo al derecho al olvido en internet, parecen no cesar aún a casi dos años de haberse dictado sentencia por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El caso Google España

El caso se inicia con una legítima pretensión de un ciudadano español de eliminar de Google todos los resultados de búsqueda en los que se vincule su nombre con una deuda de un inmueble de su propiedad que figuraba en el sitio web de un periódico local, cuando en realidad tal deuda ya había sido cancelada. Invocaba el llamado "derecho al olvido", que en términos generales puede ser definido como aquella facultad que permite a los usuarios eliminar su información personal de una base de datos cuando aquélla haya dejado de ser necesaria o adecuada para la finalidad para la cual hubiere sido recabada.
Primero solicitó a Google España que elimine los resultados de búsqueda que enlazan al sitio web del diario, interponiendo además un reclamo ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en el cual se solicitó directamente al titular del sitio web que elimine o modifique la información erróneamente consignada.
La AEPD, desestimó el reclamo contra el sitio web porque consideró que la publicación de los datos en la prensa tenía justificación legal suficiente para que se mantengan públicos; sin embargo, instó a Google a adoptar las medidas necesarias para retirar los datos de su índice e imposibilitar el acceso futuro a los mismos. Google apeló la resolución y el caso llegó hasta el TJUE.

El fallo del TJUE

En un fallo polémico, inédito y complejo, se resolvió en favor del reconocimiento del derecho al olvido. Así, el TJUE obligó a Google a "eliminar de la lista de resultados, obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona, vínculos a páginas web, publicadas por terceros y que contienen información relativa a esta persona, también en el supuesto de que este nombre o esta información no se borren previa o simultáneamente de estas páginas web, y, en su caso, aunque la publicación en dichas páginas sea en sí misma lícita".
Se sostuvo asimismo que el derecho al recto tratamiento de los datos de una persona, entre los cuales cabe incluir al derecho al olvido, prevalecen, en principio, no sólo sobre el interés económico de Google, sino también sobre el interés de los usuarios de internet en acceder a la mencionada información en una búsqueda que verse sobre el nombre de la persona afectada. No obstante, el TJUE dejó abierta una importante excepción para el caso en el que dicho nombre sea el de una persona pública, pues, en ese caso, "la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés preponderante de dicho público en tener, a raíz de esta inclusión, acceso a la información de que se trate".

El cumplimiento de la sentencia

La forma de acatamiento de las sentencias que se dictaron como consecuencia de este precedente, se ha forjado en base a lo que la tecnología de Google permite, y, por tanto, a lo que el buscador considera es suficiente para cumplirlas, siempre basándose en su leitmotiv insignia, cual es la defensa del derecho a la libertad de expresión y el repudio a la censura en internet por parte de los Estados nacionales.
Es así que, siguiendo como ejemplo el caso mencionado, dado que el alcance en el cumplimiento de una sentencia se circunscribe a un territorio determinado, Google eliminaba solamente los resultados de búsqueda que aparecen en el dominio administrado por "Google España", es decir, "Google.es", permaneciendo sin embargo disponibles dichos resultados en "Google.com", la versión internacional del buscador y radicada en EEUU.
Ante esta "avivada", Google fue multado por varios organismos de control en Europa, pues no era más que un cumplimiento parcial de la sentencia, en tanto los usuarios en territorio español podían fácilmente acceder a los resultados que se pretendían eliminar. Por ello, Google debió modificar la forma de remover los mismos, utilizando ahora el buscador tecnologías de "bloqueo por ubicación geográfica" (geo-blocking). Es decir, si alguien accede desde una dirección IP (número de identificación de un dispositivo conectado a internet) de España, Google no sólo debe remover los enlaces del dominio del país del usuario afectado (vgr. "Google.es"), sino que también debe bloquear los resultados de todas las versiones de Google en dominios extranjeros (vgr. "Google.de" para Alemania) e inclusive de su dominio internacional "Google.com".

¿Hacia una internet dividida?

El gran interrogante que surge de esta nueva forma de bloqueo es si efectivamente se producirá una suerte de "balcanización", en el sentido de una internet dividida en la cual el contenido disponible dependa del territorio desde el cual se accede. Así, el mayor temor de los que sostienen la bandera de la libertad de expresión en internet tal como lo conocemos hoy en día -global, abierto y descentralizado- es que cada gobierno pueda establecer restricciones que obstaculicen el acceso a determinados contenidos, dando razón así a países censores como China, Corea del Norte, y otros países de Oriente Medio. En contrapartida, podría sostenerse que las restricciones tan temidas deben pasar un altísimo filtro jurídico, cual es la razonabilidad en la reglamentación, la jerarquía de normas, y el debido respeto a las Constituciones nacionales y a los Convenios Internacionales de Derechos Humanos.
En este sentido, al fin y al cabo, el balance entre los derechos individuales -derecho a la intimidad y a los datos personales- y los derechos colectivos -libertad de expresión y acceso a la información- seguirá dependiendo de lo que cada gobierno disponga legislativamente. Ahora bien, la razonabilidad de cada regulación depende de los valores democráticos y del nivel de respeto a los derechos individuales que se tenga en cada país. Por ello, imaginar que en Estados Unidos o en Europa, donde la libertad de expresión se encuentra celosamente protegida, un gobierno de repente censurará contenidos, es ridículo, tanto como la pretensión de que en China, un país con una tradición largamente socialista, el gobierno decida de repente priorizar un derecho individual por sobre uno colectivo.
Es evidente que internet como objeto de regulación ha sido y es harto complejo, y el hecho de que la tecnología avance y permita un mayor control sobre sus contenidos es un arma de doble filo tanto para los legítimos derechos de los usuarios como para las facultades legislativas de los gobiernos nacionales, con la particularidad inédita de que existe un intermediario tan poderoso, Google, que puede influir sustancialmente en el fiel de la balanza, inclinándola hacia un lado o hacia el otro.

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