El corte es total y las filas de vehículos, camiones y las ocho empresas internacionales que cubren el tramo Santa Cruz de la Sierra-Buenos Aires ya son larguísimas en ambos extremos del puente internacional que une Salvador Mazza con la localidad boliviana de San José de Pocitos. Desde las 18.30 del martes, los comerciantes salteños cortaron el paso como forma de reclamo a las disposiciones de la Afip y Aduana, que establecieron límites en las cantidades de cinco productos alimenticios que venden a Bolivia. Ayer por la tarde, desde 18.30, y por una hora, levantaron el corte para descomprimir. En ese tiempo pasaron unos 50 camiones y decenas de colectivos. Luego se volvió a cortar el paso fronterizo y quedaron varado vehículos de un lado y otro.
En la mañana de ayer, la multisectorial entregó un petitorio al titular de la Aduana Pocitos, Rubén Tapia, quien se comprometió a elevarlo a la Jefatura Regional Salta que dirige Javier Bosch. El reclamo no es nuevo, pero la continuidad y vigencia de las normativas de los organismos nacionales generaron la reacción de la ciudad fronteriza, cuyo principal movimiento económico es el comercio.
Mientras tanto, los camioneros apostados en ambas partes ya amenazaron con un contracorte en el acceso a la ciudad, haciendo prever un verdadero caos de fin de año y bajo temperaturas que llegan a los 50§ C.
Como representantes del comercio y tras varias presentaciones sin respuesta, los dirigentes de las 14 cámaras del lugar solicitaron, en el petitorio de ayer, que se les permita adelantar mercadería cupificada de los meses de enero y febrero próximos o ampliar la cantidad de productos asignada, teniendo en cuenta las obligaciones tributarias mensuales y anuales y las cargas sociales de cada contribuyente. Especificaron las cantidades y requieren que se reparta por división simple entre los cuit. También piden que la cantidad de mercadería cupificada, que se basa en la población del penúltimo censo de 2001, se adecue al crecimiento demográfico, como lo reconoce un decreto provincial del año pasado. El tercer punto requiere que "se restituya la autonomía de los presidentes de cámaras en la reunión multisectorial, para decidir y consensuar cuestiones del comercio, considerando que son los que conocen la realidad socio económica de la localidad y la región".
Alberto Yudi, Norma Gareca y Luis Coronel son quienes tomaron la palabra en este conflicto, pusieron el acento en la delicada situación económica de la zona. "Es importante la crisis financiera y patrimonial y por sobre todo el impacto negativo que afecta a nuestros vecinos, que dependen de la actividad comercial que realizamos", señalaron. Consideran que la Aduana impone requerimientos arbitrarios "que perjudican a los sectores más humildes y que, entre ambas localidades fronterizas, suman unas 1.200 familias".

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