Los proyectos de ley para ampliar la figura del arrepentido a los casos de corrupción y establecer la recuperación de bienes obtenidos mediante delitos serán la prioridad del Senado en agosto, pero el PJ-FPV quiere hacerles cambios que obligarían a devolver las iniciativas a la Cámara de Diputados.
Los dos proyectos fueron enviados al Congreso por el Gobierno como parte de su agenda de lucha contra la corrupción y, en medio del escándalo por la detención del exsecretario de Obras Públicas José López, el oficialismo apuró su sanción en la Cámara de Diputados.
En el bloque de senadores del PJ-FPV, el más numeroso de la Cámara Alta, sostienen que ese "apuro" hizo que quedaran zonas grises en los proyectos, particularmente en el que se refiere a la recuperación de bienes obtenidos con dinero provenientes de actividades ilícitas, también llamado "extinción de dominio".
Por esa razón, el PJ-FPV quiere dedicarle "un tiempo razonable" al debate en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior, que comenzará el 2 de agosto y podría ocupar la mayor parte del mes, confirmó un senador.
La introducción de cambios en el proyecto sobre extinción de dominio es compartida incluso por los senadores del oficialismo, quienes reconocen en reserva que en caso de salir la ley tal como está podría ser declarada inconstitucional.
El punto más controvertido es que se utilice una figura típica de los procesos penales, como es el decomiso, en procesos civiles; el segundo es que la medida puede adoptarse sin la existencia de una condena.
Durante el debate en la Cámara de Diputados incluso hubo diputados que, pese a votar a favor del proyecto -Margarita Stolbizer del GEN o los del FPV-, pidieron que la iniciativa fuera modificada por el Senado.
Para poder revisar a fondo las cuestiones técnicas, el Senado ya envió ese proyecto, junto al de la figura del arrepentido, a las principales facultades de Derecho del país y convocó para los debates en comisión a una numerosa cantidad de expertos. Al primer plenario de comisiones, el 2 de agosto, concurrirán los ministros de Justicia, Germán Garavano, y de Seguridad, Patricia Bullrich, y también se prevé la presencia de la directora de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y del secretario de la Procuración General de la Nación, Fernando Córdoba.
Fuentes del Senado confirmaron que a los debates serán invitados especialistas como el exjuez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni, el jurista Julio Maier, el coordinador general del programa para la Reforma Judicial Justicia 2020, Ricardo Gil Lavedra, y el exministro de Justicia y Seguridad bonaerense León Arslanián. También asistirán el vicepresidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Sáenz; el presidente de la Asociación de Fiscales, Carlos Donoso Castex; el presidente del Colegio Público de Abogados, Jorge Rizzo, y el juez de la Cámara de Casación Penal, Pedro David.
En la lista de convocados aparecen además el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, entre otros.

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