Por tercera vez consecutiva, nuestro país se ubica en uno de los últimos lugares en materia de transparencia legislativa en América Latina. Así surge de los resultados del "Indice latinoamericano de transparencia legislativa", medido por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa en 13 países de la región, donde Argentina obtuvo tan solo un 39% de apertura, solo por encima de República Dominicana y Venezuela. Y, lamentablemente, esto no es una sorpresa. El Congreso, una de las instituciones más desprestigiadas por la opinión pública (junto a los partidos políticos y las fuerzas de seguridad), es el que más debería estar interesado en abrirse a la ciudadanía, transparentar su administración y el proceso de toma de decisiones pública y buscar, de este modo, elevar su imagen y acercarse a la ciudadanía, que en definitiva es quien vota sus integrantes.
Daniel Scioli, cuando fue presidente del Senado (entre 2003 y 2007), modernizó esa cámara mejorando los sistemas administrativos e implementando el sistema de voto nominal. Alberto Balestrini, quien fuera presidente de la Cámara de Diputados entre 2005 y 2007, también instrumentó la votación nominal, además de ser el primer presidente que dispuso la publicidad de las declaraciones juradas (de acuerdo a la ley 25.188 de ética pública).
Julián Domínguez mejoró la situación edilicia de Diputados, que se encontraba en grave estado, reformando despachos, pasillos y espacios comunes del Palacio y anexo A. Sin embargo, ninguna de las administraciones de ambas cámaras ha tomado la transparencia legislativa como el eje principal de su gestión.
Tal es así que, mientras que las dos primeras dimensiones del índice sobre "normatividad" y "labor del Congreso" son las que mejor ubican a nuestro parlamento (con un 57% y 53% respectivamente), las que peor se encuentran son la de presupuesto y gestión administrativa (27%) y participación y atención ciudadana (32%). En este sentido, cabe destacar a la reciente sanción de la ley de acceso a la información pública en diciembre de 2016, luego de más de 16 años de luchas, campañas, insistencias, reuniones y documentos por parte de activistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil que nunca bajaron los brazos para contar con esta ley. Y es precisamente esta normativa la que se espera que pueda saldar las falencias actuales -o al menos gran parte de ellas-, dado que obliga al Congreso a transparentar su gestión administrativa, mediante un capítulo ejemplar de transparencia activa, así como también al regular los pedidos de acceso a la información pública, que muchas veces quedan sin respuesta y deben terminar luego en la justicia.
El 29 de diciembre se cumplieron 90 días reglamentarios para que el Poder Ejecutivo nacional reglamente la ley. Sin un proceso participativo para la redacción del decreto reglamentario como solicitamos varias organizaciones, esperamos que el texto respete el espíritu de la ley, establezca reglas claras para garantizar el libre acceso a la información pública, y no deje vacíos o lugar a malas interpretaciones. La apertura legislativa, comienza el desafío de su implementación, a través de la homologación y reforma de procesos que garanticen un correcto funcionamiento de esta institución, así como también del camino para acceder a información legislativa. El Congreso es el órgano donde se encuentran los representantes del pueblo, electos directamente por él, por lo que con más razón debiera rendir cuentas y ser lo más transparentes y abiertos posibles en torno a la toma de decisiones y manejo de los recursos. Esperamos que Emilio Monzó y Gabriela Michetti tomen la transparencia como bandera de su gestión y transformen lo discursivo en realidad, para que 2017 sea, finalmente, el año en que el Poder Legislativo dé el gran salto hacia la apertura parlamentaria.

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