"Esto es una devaluación. No tiene otro nombre", afirmó el exministro Axel Kicillof, responsable de la caída descomunal del comercio exterior y de los cuatro años de recesión que siguieron a la implantación del cepo, inaugurado al día siguiente de las elecciones de 2011 por Amado Boudou.
Aunque el ministro Alfonso Prat Gay dice no querer polemizar con el pasado, el miércoles estimó que el cepo produjo una devaluación del 230%.
Pero el problema no es solo de la moneda.
La inflación siempre derriba a los gobiernos: combinada con recesión puede terminar en catástrofe.
Kicillof es un ideólogo con teorías de los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Su gestión no terminó en un estallido como el Rodrigazo de 1975, ni en las despedidas traumáticas de Raúl Alfonsín o Fernando de la Rúa. Dejó, sin embargo, una tierra arrasada luego de cuatro años en los que abundaron los muertos en saqueos, ocupaciones de tierras y otras protestas sociales.
La radiografía social actual es una de las más graves desde 1945.
Ningún país puede sostenerse cuando dos de cada cinco habitantes deben subsistir con la asistencia del Estado. Hoy, sobre 42 millones de habitantes, reciben planes más de 18 millones.
En 2013 había 17.200.000 personas en condiciones de trabajar, con 16.016.000 ocupadas, y 1.184.000 desocupadas. De los ocupados, 6,3 millones lo hacían en el sector privado formal, otro tanto, 6,1 millones en el sector privado informal y 3,6 millones (22%) en el sector público. Este escenario, corroborado en fuentes oficiales, muestra la dimensión del desempleo encubierto y el deterioro laboral que deja la "década ganada": 38% de trabajadores informales y el 22%, empleados públicos.
Los prejuicios anticapitalistas son el maquillaje de la falta de gestión productiva.
Eliminar las retenciones y las trabas a la exportación son una de las llaves para la reactivación. Pero no la única.
Con una deuda pública de cerca de 300 mil millones de dólares y un déficit superior al 7 %, Prat Gay está obligado a realizar un ajuste.
Si se frena el despilfarro para financiar un aparato comunicacional faraónico, si se sustituye la importación de combustibles por producción en el país, si se deja de desviar el dinero hacia la política, si se empieza a optimizar el gasto del Estado, si se exige rendición de cuentas a cada aplicación presupuestaria, solo van a quejarse los que pierdan esos beneficios irregulares.
En cambio, sería traumático un plan en que la reducción de gastos limite los planes sociales que cubren necesidades básicas de muchas familias, afecte a los pequeños emprendimientos o destruya los pocos puestos de trabajo que dejó en herencia el ahora irritado Kicillof.

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