El dengue se ha cobrado hasta ahora 864 enfermos y seis muertos en Orán, pero el brote no ha llegado a su techo y la circulación del virus se expandirá hasta fines de mayo. En 2009, en el país, sobre 26.923 casos registrados, hubo cinco personas fallecidas. El balance revela la vulnerabilidad sanitaria del interior salteño.
La salud es un derecho básico de las personas y es obligación del Estado garantizarla a todos. Las imágenes de los pacientes alojados en pasillos del hospital y la utilización de dependencias improvisadas demuestra que aún hay, para el Estado, ciudadanos de primera y de segunda. En Orán, el dengue evidenció que faltó vigilancia previa, estructura y personal idóneo para responder a la emergencia. No se trata de una enfermedad extraña. Al igual que la fiebre amarilla, el zika y la chikungunya, el dengue es transmitido por un mosquito, Aedes aegypti, fácilmente detectable y que prolifera durante los veranos cálidos y lluviosos causados por la corriente de El Niño.
Las autoridades sanitarias provinciales y municipales desoyeron las advertencias de la Organización Mundial de la Salud y de los organismos específicos de la Nación; dejaron pasar el verano enfrascados en una absurda controversia metodológica, en la que no faltaron exabruptos y críticas cruzadas entre el responsable ejecutivo de la salud en Salta, el ministro Oscar Villa Nougués, y el intendente de Orán, Marcelo Lara Gros.
Recién en la última semana, luego de desplazar al director de Epidemiología, Alberto Gentile, ejecutaron un operativo de "descacharrado", que permitió retirar de las viviendas cantidades formidables de chatarra. Este inédito procedimiento demostró la capacidad de respuesta de una comunidad cuando se la convoca para resguardar la salud pública. La convocatoria, por cierto, fue tardía. Es importante que esa movida no quede solo en una anécdota. Resulta llamativo y preocupante que el intendente de otra ciudad -Sergio Leavy, de Tartagal- haya debido ponerse solidariamente al frente de la campaña ante la inacción de los responsables directos.
En Tartagal también hay un centenar de afectados, en este caso de chikungunya, brote que demuestra que la prevención no es infalible, pero disminuye sustancialmente el riesgo. En esa ciudad la campaña de descacharrado se viene desarrollando regularmente desde la crisis de 2009.
De todos modos, se ha dado un paso adelante al haber podido organizar una acción de alcance regional, que incluye un acuerdo con las autoridades de los departamentos bolivianos linderos con Salta.
El Aedes aegypti encuentra su hábitat en viviendas suburbanas donde abundan recipientes abandonados y chatarra, carentes de un sistema sanitario de agua potable y cloacas adecuado, y donde las personas están acostumbradas a la convivencia con mosquitos de distintas especies. La prevención exige una visión certera del escenario urbanístico y habitacional, cooperación regional y nacional y, en base a ese diagnóstico, una planificación de dimensión territorial que incluye las obras públicas adecuadas aunque, como las cloacas, no se vean porque quedan bajo tierra.
El Estado debe tomar la iniciativa. La experiencia de Orán indica que lo primero que debió hacerse era retirar sin contemplaciones toda la chatarra de las calles y baldíos, exigiendo el desmalezado de los lotes y, sobre todo, terminar definitivamente con esa vergenza cotidiana de los basurales a cielo abierto con tratamiento precario de los residuos.
La prevención de las epidemias, cualquiera sea su naturaleza, requiere como condición previa la presencia de agentes sanitarios en los barrios y en cada pueblo. El Estado debe contar, además, con un mapa actualizado de la situación social de cada punto del territorio; no hay mejor forma de acrecentar la pobreza que ocultarla.
En este verano, muchos de los responsables políticos recalcaron sobre las responsabilidades colectivas y las obligaciones de cada ciudadano. Es cierto: sin los dueños de casa es imposible eliminar la chatarra, pero al Estado le corresponde asumir la conducción de esa estrategia sanitaria.
Sin esa condición previa, la salud pública siempre será un derecho consagrado en las leyes e inexistente en la realidad cotidiana de miles de salteños.

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Sección Editorial

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