El derecho inalienable... a perder todo

Eduardo Antonelli

El derecho inalienable... a perder todo

El actual gobierno exhibe dos características que resultan inéditas, o cuanto menos, olvidadas, en la Argentina. La primera es su disposición para enfrentar los grandes y graves problemas estructurales que padecemos en forma alarmante y creciente, ante la incapacidad manifiesta de gobiernos anteriores para identificarlos y, menos aún, corregirlos. La segunda es su ingenuidad para resolverlos, manejándose lejos de, en algunos casos, elementales criterios de comunicación y oportunidad para producir las transformaciones.
Por razones que exceden largamente los alcances de esta nota, los argentinos estamos acostumbrados a que nos "regalen" algunos bienes y servicios, a la vez que nuestra educación progresivamente se va desentendiendo de proporcionar información sobre cuestiones básicas del funcionamiento de la naturaleza y las sociedades.
En concreto, la Física ha desaparecido de la enseñanza y la Economía nunca fue objeto de estudio en las escuelas y colegios. Estas omisiones se potencian por la disposición de algunas alternativas ideológicas que suelen alcanzar el poder, que se enorgullecen de contrariar leyes ampliamente asentadas y consideran que no solo es posible violentarlas, sino que es un "derecho inalienable" disfrutar de, al menos algunos, bienes y servicios sin tener que pagar por ellos, o pagando precios irrisorios. Tal el caso de la vivienda que estuvo sometida por largos años al congelamiento de alquileres alguna vez, en tanto los gobiernos hacen la vista gorda con muchos de quienes han logrado su vivienda propia, pero no pagan las cuotas, o se desactualizan por la inflación.
En Economía, hay un adagio que sostiene que "no hay comidas gratis", ya que, aunque a veces se nos invite a comer -más allá de que moralmente esto es un "crédito" que tenemos a favor de quien lo ha hecho para devolverle la atención oportunamente- la comida no nos cuesta a nosotros, pero sí al anfitrión. Análogamente, la energía o el cable que no pagamos porque nos hemos enganchado, la pagan otros con una tarifa más elevada porque, naturalmente, el costo de producción se debe cubrir. Alternativamente, si se cierran todas las opciones para que "alguien pague", porque la justicia o el propio gobierno ordenan congelar tarifas o regalar el servicio, entonces éste se deteriora e incluso desaparece.
Así, Jorge Marziali escribe en una canción: "y la changa cotidiana/de trepar por la ventana/a ese tren que los devuelve a su lugar". Claramente, no los devolvió por mucho tiempo, o al menos, no en las mejores condiciones, porque el servicio se deterioró y provocó consecuentemente las recientes muertes, además de incontables catástrofes. Peor aun, quienes no vivimos en Buenos Aires y su cinturón proveedor de votos populistas, directa y literalmente, perdimos el tren... Adicionalmente, el congelamiento de precios y tarifas, aunque pudiera prolongarse en el tiempo mediante subsidios obligando en consecuencia a otros sectores a mantener ese servicio, se produce otro resultado perverso al modificarse los precios relativos porque se abarata respecto a los demás el bien o servicio subsidiado, lo que lleva a un consumo desproporcionado, trasladando todavía más recursos de otros sectores al que se subsidia.
Sin duda, es claro que el congelamiento de tarifas o el regalo de bienes o servicios es una mentira de patas cortas y en muchos casos, trágica, con lo que no debería estar en discusión que no se pueden mantener indefinidamente en el tiempo las "comidas gratis": o se pagan a su costo, o desaparecen más tarde o más temprano.
Sin embargo, una cosa es que las tarifas deben ser corregidas y otra cosa por completo diferente es la forma en que se deben modificar. Claramente, para quienes consumen en función de un determinado precio, a la vez que son alentados por la cultura populista a hacerlo sin cortapisas en nombre de "derechos inalienables", pasar de un valor irrisorio a los reales costos del servicio puede representar un salto que, más allá de los relatos y discursos, probablemente no estén en condiciones de pagar.
Por lo tanto, del mismo modo que el gobierno no puede pasar de un déficit elevado a un equilibro fiscal en forma instantánea ni pagar toda su deuda externa de una sola vez, las personas tampoco pueden pagar en un solo desembolso sumas que, en algunos casos, desbalancean por completo su presupuesto.
La alternativa razonable entonces es plantear primero el problema y conformar un cronograma de modificaciones en el tiempo hasta alcanzar, en plazos razonables, los valores de las tarifas que cubran el costo del servicio, para lo cual habrá que extender también los subsidios a las empresas proveedoras el tiempo que requiera la adecuación. Por supuesto, todo esto debe ser comunicado ampliamente por parte del gobierno y las proveedoras del servicio, de manera que los usuarios comprendan el problema y se despegue de consideraciones políticas algo que es tan elemental como que se debe trabajar para vivir, porque no existe el "derecho inalienable" de vivir a costa de los demás.
Planteado lo anterior, no está de más reflexionar sobre la necesidad de pensar a futuro en una matriz energética que se base en recursos más adaptables, como la energía eléctrica, en lugar de poner todo el énfasis en otro de tipo no renovable como es el gas, o el petróleo que, antes o después se van a agotar. Concretamente, las cocinas, calefactores, calefones, etc. pueden funcionar con energía eléctrica, como ocurre en muchos países de Europa, y la energía necesaria puede generarse con gas, fuel, diésel oil, con calderas alimentadas por la energía de la fisión nuclear, con fuerza mareomotriz, eólica, o hidráulica. En cambio, las cocinas y otros artefactos domésticos similares alimentados a gas únicamente, resultan inservibles cuando este recurso se torna excesivamente caro o inexistente. Sería bueno entonces, ya que está planteada la cuestión del gas y la energía eléctrica en términos de los costos para los usuarios, ir más allá de la banalidad y la anécdota y discutir en serio el tema, exigiéndole al gobierno su cuota de responsabilidad en la instalación de la discusión y también en las formas de resolver el problema, pero tratando a su vez los sectores formadores de opinión esta cuestión con la misma seriedad y rigor.



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