La llegada del macrismo al Gobierno en la Nación y en la provincia de Buenos Aires, más su continuidad en la Capital Federal, generó un escenario prácticamente inaudito en la historia política doméstica, con una misma agrupación compartiendo los tres principales espacios de poder en la Argentina gracias al respaldo del voto popular, pero al mismo tiempo plantea un enorme desafío para el frente Cambiemos.
Ahora, la única respuesta posible a los reclamos ciudadanos debería ser la gestión, articulada lógicamente entre Macri, Vidal y Rodríguez Larreta en cuestiones tan sensibles y urgentes como salud, inseguridad, narcotráfico, educación y pobreza, comenzando por la impostergable misión de avanzar con paso firme en la urbanización de villas miseria.
El tironeo político entre el macrismo y el gobierno de Cristina Kirchner del que fueron mudos testigos los vecinos del AMBA en los últimos tiempos provocó, por ejemplo, que demoraran hasta una década las obras para completar los 3,15 kilómetros de la Autopista Arturo Illia y así poder conectar las avenidas 9 de Julio y General Paz, en la zona norte porteña.
"Pobreza cero"
Con el macrismo gobernando la Ciudad, la Provincia y la Nación, la jurisdicción de los terrenos fiscales en donde se levantan barrios de emergencia no debería ser motivo de discordia para desarrollar y poner en funcionamiento un programa eficaz tendiente a urbanizar las villas y ofrecer viviendas dignas a los que se "caen del sistema", como pregona la Iglesia.
El flamante mandatario nacional ratificó que los tres ejes de su gobierno serán el combate del narcotráfico, la unidad nacional y lograr una situación de "pobreza cero" en la Argentina, donde se estima que -en un país que produce y exporta alimentos al mundo- entre 10 y 12 millones de personas son pobres, de acuerdo con mediciones privadas.
En el AMBA, las barriadas de emergencia han proliferado en los últimos años y los desacuerdos políticos entre la Nación y la Ciudad favorecieron el crecimiento, por ejemplo, de las villas 31 y 31 bis en el barrio porteño de Retiro, con construcciones precarias que ocupan terrenos pertenecientes al Estado nacional y que superan los cuatro e incluso los cinco pisos: más de 40.000 personas residen allí.
Urbanizar no solo permitiría acceder a servicios básicos y disponer de soluciones sanitarias e incluso de seguridad ciudadana a las que actualmente esa gente se ve restringida, sino también allanaría el camino para combatir a las mafias que operan en las villas y lucran con los más necesitados, desde bandas que alquilan habitaciones a precios leoninos hasta narcotraficantes.
Necesidades básicas.
Que una misma agrupación política encabece la gestión pública de un lado y del otro de la avenida General Paz, representa un desafío gigantesco. Ya no deberían enredarse en marañas políticas ni malgastar tiempo ni energías en disputas jurisdiccionales: las demandas sociales vinculadas a infraestructura, salud, educación y especialmente seguridad y lucha contra el narcotráfico no resisten más excusas ni postergaciones.
Los programas sanitarios tendientes a ofrecer una atención decente en hospitales públicos ya no tendrían por qué ser considerados como un botín de propaganda partidaria, sino como un servicio integral que contemple e incluya claramente a los vecinos del AMBA en su totalidad.
Conflictos como el que se desató un mes antes de las elecciones presidenciales en el hospital de pediatría Juan Pedro Garrahan, cuya partida presupuestaria se divide entre la Nación y la Ciudad, no deberían encontrar en este nuevo contexto político regional un terreno fértil para desarrollarse.
Se acabaron incluso las coartadas para no avanzar con obras de renovación y actualización en esos establecimientos sanitarios porteños que el Gobierno de la Ciudad venía atendiendo a cuentagotas, a la espera de que la Provincia colabore con las tareas de mantenimiento dado que reciben, supuestamente, oleadas de pacientes bonaerenses a diario.
Tanto salud como educación -históricos pilares de cualquier intento de progreso social- son urgencias impostergables en el territorio provincial.
Allí, por ejemplo, apenas el 3,6 por ciento de los alumnos de escuelas primarias públicas asiste a jornada completa (ocho horas de clases), cuando la Ley de Financiamiento Educativo (número 26.075) prevé como mínimo un 30% del total: un arduo trabajo -y sin pretextos al alcance de la mano- tienen por delante los ahora gobernantes del cambio.
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