El empleo solo se genera con inversión y la doble indemnización la desalienta

El empleo solo se genera con inversión y la doble indemnización la desalienta

El proyecto de ley para suspender los despidos sin causa durante seis meses es una muestra de prepotencia que impone una medida desacertada, y contradictoria con las propuestas de campaña de casi todos los candidatos de la oposición.
El país, por el contrario, necesita conocer con urgencia un plan nacional para la generación de empleo genuino en cada municipio y localidad del país.
Luego de cuatro años consecutivos de recesión de la economía, la destrucción del empleo fue progresiva y, al no encontrar una solución genuina, la administración pública, en todos sus estamentos, fue incorporando personal, en condiciones de precariedad tanto contractual como salarial, para evitar la desocupación masiva.
La consecuencia la viven hoy los intendentes de muchísimos municipios que hoy se encuentran obligados a gastar todo su presupuesto en sueldos. Los salteños somos testigos de este deterioro.
En las elecciones de 2015 hubo consenso en la necesidad de generar puestos de trabajo, reactivar la economía y alentar la inversión; para lograrlo, es imprescindible transmitir confianza a los empresarios privados ofreciéndoles un marco de estabilidad política y seguridad jurídica.
Al imponer la doble indemnización para las empresas que deban reducir su planta de personal se imposibilita cualquier previsión de inversiones y desarrollo. Se cambian las reglas de juego y es sabido que nadie invierte en un escenario inestable.
Los más perjudicados, en caso de que esa ley entrara en vigencia, serían los pequeños y medianos empresarios, que no podrían afrontar el costo, y los trabajadores de menores ingresos y recursos.
El seguro de desempleo, que es el instrumento que aplican las economías desarrolladas para garantizar la calidad de vida de los asalariados, está previsto por ley, para ser administrado sin trampas clientelares. Obligar a un empresario a pagar por encima de sus ingresos, imponiendo una doble indemnización, es transferir la responsabilidad pública al sector privado bajo la apariencia de la contención social.
La Argentina afronta desde hace décadas un altísimo costo productivo. La nuestra no es una economía competitiva porque el Estado, a través de diversos gobiernos, no fue capaz de alentar las actividades en las que el país encuentra ventajas comparativas, de incorporar valor agregado y de garantizar la actualización tecnológica.
Mientras el Estado ejerce sobre las empresas y los consumidores una presión tributaria equiparable a la de los países desarrollados, los servicios de transporte, energía, seguridad y formación profesional son tan caros como deficientes.
La ley de doble indemnización no sería más que una nueva claudicación de parte de la dirigencia política y gremial frente al deber de garantizar el derecho de las personas al empleo digno, la educación, la vivienda y la salud.
Tales objetivos, la historia nos lo enseña, no se lograrán si se privilegian las aspiraciones de poder de pequeños sectores políticos, las componendas, y sobre todo, la tentación demagógica.
La crisis laboral actual es el resultado de medidas tan arbitrarias como esta doble indemnización, tales como el financiamiento del gasto con inflación, la presión del IVA -uno de los porcentajes más altos de América-, la retención sobre las exportaciones como regulador de los precios internos pero, sobre todo, del cambio compulsivo de las reglas de juego.
La dirigencia se ha acostumbrado a vivir en estado de emergencia, que solo beneficia a los pescadores de río revuelto, y por ese camino, ha llevado al país a crisis económicas cíclicas, que se repiten cada década.
Cada una de estas decisiones se ampara, sistemáticamente, en una retórica estatista que intenta confrontar, con lenguaje el siglo XIX, al capital con el trabajo y al empleador con el asalariado.
Ignora la fortaleza de una legislación laboral desarrollada desde los años cuarenta y que se inspiró en el peronismo y en el socialismo, y que brinda garantías al trabajador y al empresario. Esa legislación fue concebida en el marco de una economía que se pretende dinámica y con perspectivas de futuro.
La ley antidespidos es una improvisación que solo aportaría, en este caso, un retroceso dramático del que sus autores, seguramente, intentarán no hacerse cargo.
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